Este miércoles 11 de noviembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) formalizó la imputación de cargos a un general en retiro, dos coroneles, un teniente, un sargento viceprimero y dos sargentos por el exterminio de la Unión Patriótica (UP).
La JEP citó a imputación de cargos a ocho exintegrantes de Inteligencia Militar por su presunta responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica (UP). https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/FvyqDfrYoX
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2026
Los oficiales y suboficiales, señala la imputación, hacían parte del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, conocido como Coici, entre los años de 1985 y 1993.
“Existieron dos patrones criminales”, señaló el presidente de la JEP, Danilo Rojas Betancourth, al anunciar la decisión en rueda de prensa.
El primer patrón estuvo relacionado con la estigmatización, vigilancia, seguimiento, señalamientos públicos, amenazas y asesinatos de dirigentes y militantes de la UP.
En varios momentos, los militares señalaron directamente a los integrantes de este movimiento de ser el “brazo político” de la guerrilla de las Farc y de tener nexos con el M-19.
Mientras que el segundo plan, consistió en torturas, retenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos selectivos. “El objetivo era impedir un levantamiento insurreccional en Bogotá”.
Los agentes de inteligencia y contrainteligencia recolectaban información tras los seguimientos hechos por diversos agentes a integrantes de esta colectividad política.
“La investigación de la Sala de Reconocimiento expone un aparato criminal clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del Ejército Nacional”, explicó el magistrado.
En varias declaraciones, exintegrantes del Coici y de la Brigada XX del Ejército Nacional entregaron información sobre la forma en que se seleccionaban a los militantes de la UP.
“La investigación muestra una cadena funcional: los informes y las bases de datos ayudaban a construir perfiles; los seguimientos verificaban rutinas, domicilios y contactos, y con frecuencia, incluían el hostigamiento y amenazas en contra de las víctimas; las operaciones concretaban la captura o el ataque”, indicó el magistrado.
Igualmente, en este caso, se presentaron acciones dirigidas a amenazas a testigos y posibles declarantes ante las autoridades judiciales.
Para esto, se generaron amenazas y seguimientos. “El encubrimiento de los crímenes hizo parte del patrón. Incluyó ausencia o alteración de registros, montajes para desviar las investigaciones, amenazas contra sobrevivientes y familiares, hostigamientos a funcionarios de la Procuraduría y defensores de derechos humanos, interferencia en investigaciones penales y traslados o protección institucional de personal comprometido”.
En este expediente fueron vinculados el general (r) Álvaro Hernán Velandia Hurtado; los coroneles en retiro Camilo Pulencio Tovar, Carlos Armando Mejía Lobo y Óscar Diego Sánchez Vélez; los sargentos viceprimeros Julio Roberto Ortega Araque y Bernardo Alfonso Garzón Garzón; y los sargentos mayores Luis Guillermo Hernández González y Mauricio Angarita.