Para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el reclutamiento de menores de edad por parte de la guerrilla de las Farc no puede catalogarse como un “hecho aislado” y mucho menos una “respuesta individual descontextualizada”.
Niños de comunidades indígenas y afrodescendientes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y denigrantes por parte de las Farc, según los relatos de las víctimas. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/IS88nX65LW
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 4, 2026
De esta forma, la magistrada Lily Rueda Guzmán, relatora del Caso 07, se refirió al patrón de macrocriminalidad que pusieron en marcha absolutamente todos los comandantes de los bloques guerrilleros para integrar a niños y niñas en sus filas.
Los menores, relató la magistrada, fueron vinculados al conflicto armado. Para esto, tuvieron una “preparación” en la que fueron víctimas de todo tipo de tratos degradantes e inhumanos.

“En este contexto de coacción permanente, la amenaza, el miedo, la vigilancia constante y la imposición de la obediencia operaron como mecanismos para anular la autonomía individual de las víctimas acreditadas en el caso y asegurar el cumplimiento de las tareas impuestas, sin distinción de edad”, explicó la magistrada.
Con nula inducción en el manejo de armas, y con una evidente desventaja, los menores eran enviados al campo de batalla. Muy pocos lograron sobrevivir al drama y la crueldad de la guerra.
“Niños y niñas fueron enviados a enfrentamientos sin preparación adecuada, obligados a transportar armamento, explosivos y material de combate, y expuestos al fuego enemigo sin contar con experiencia suficiente. También debieron, en sus palabras, remolcar compañeros heridos o fallecidos y, en algunos casos, fueron utilizados como escudos de combate”, indicó.
Niños de comunidades indígenas y afrodescendientes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y denigrantes por parte de las Farc, según los relatos de las víctimas. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/IS88nX65LW
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La Sala de Reconocimiento de Verdad recolectó varias declaraciones de niños y niñas que fueron asignadas a participar en operativos de secuestros y a prestar guardia a los secuestrados.
“En otras ocasiones debieron presenciar las torturas infligidas a las personas privadas de la libertad cuando les hacían cavar huecos para su tumba y apuntar con fusiles para obtener información, e incluso, algunas víctimas, manifestaron que debieron asesinarlos y enterrarlos ellos mismos”, resaltó la magistrada.
Fusilamientos y amenazas
Tal era la crueldad que tuvieron que vivir niños y niñas, reclutados por los bloques guerrilleros, que eran víctimas de constantes amenazas e intimidaciones por parte de los comandantes.
Estas acciones de coacción buscaban guardar la disciplina dentro de las filas. Los comandantes guerrilleros dieron muestras de su poca razón y corazón al ordenar tratos crueles e inhumanos contra los niños reclutados a la fuerza.

Los castigos físicos y psicológicos llegaron al extremo con la amenaza de fusilamiento a quienes incumplieran las normas o mostraran actos que se consideraban como de insubordinación.
“La Sala documentó que se impusieron sanciones arbitrarias a niños y niñas reclutados, incluso, por conductas leves, por ejemplo, por comerse una panela sin permiso, quedarse dormido en la guardia, por intentar comunicarse con la familia o fumar un cigarrillo o de estar desmoralizados, por quedar embarazadas, por expresar querer retornar a sus hogares, por negarse a cometer actos de violencia extrema, como torturar secuestrados, negarse a cargar alimentos, comer chocolates sin permiso, romper una camisa de un comandante, por denunciar abusos sexuales de comandantes o ponerle sal al café”, detalló la magistrada.
La vida de los menores de edad no tenía ninguna importancia dentro de los bloques guerrilleros.
Las cifras de la JEP indican que entre los años de 1971 y 2016, 18.677 niños y niñas fueron reclutados por la guerrilla de las Farc.
