La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) vinculó a imputación de cargos al excomandante guerrillero Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, por graves crímenes cometidos en el norte y nororiente del país durante el conflicto armado interno.
En la decisión, de la Sala Reconocimiento de Responsabilidad, se vinculan a Pastor Alape Lascarro, alias Pastor Alape, y otros nueve excomandantes regionales de los bloques que delinquían en el Caribe y el Magdalena Medio.
En la decisión, dada a conocer este martes 3 de noviembre, se señala que estos “once comparecientes son máximos responsables de crímenes de guerra de homicidio, desplazamiento forzado, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil, destruir o apoderarse de bienes del enemigo”.
Además de “dirigir ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) -como hospitales, escuelas o iglesias-”. Así como ”matar o herir a traición, por medio de engaños, tortura, tratos crueles, violación y violencia sexual".
Además, deberán responder por crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos, como violación sexual. Por su gravedad, estos crímenes no pueden recibir perdón judicial.
En la decisión se advierte que estos hechos fueron ejecutados por los mencionados bloques en lugares donde la población se encontraba en constante estado de vulnerabilidad, pues había poca o nula presencia del Estado.
“La investigación concluyó que las acciones de los bloques Caribe y Magdalena Medio causaron daños profundos e irreparables en la vida de las personas y las comunidades. El uso de las armas de efectos indiscriminados en zonas pobladas, la destrucción de viviendas e infraestructura, los desplazamientos forzados y el empleo de minas antipersonal quebrantaron la dignidad humana, destruyeron proyectos de vida y fracturaron los vínculos con el territorio”, indicó la Sala.
“Son consecuencias, lesiones permanentes, afectaciones emocionales y morales y desarraigo, prolongaron el sufrimiento de las víctimas y dejaron huellas que trascendieron generaciones. Por esto, esta decisión es un llamado a evitar que los crímenes se repitan en medio de un conflicto que aún no termina en Colombia”, añade.
En la decisión se citan la toma guerrillera de Chalán, el atentado con un burro bomba en dicho municipio de Sucre. Así como el atentado a la caravana que transportaba a Álvaro Uribe Vélez, en Barranquilla, cuando estaba en campaña presidencial en 2022.
Además de múltiples masacres ejecutadas en zonas rurales, entre estas, la de la finca la Duquesa, en Tibú (Norte de Santander), en el año 2024.