La senadora María Clara Posada puso bajo la lupa los gastos de publicidad y divulgación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según reveló, entre 2018 y 2025 la entidad suscribió 10 contratos relacionados con publicidad y planes de medios por un valor total de $5.257 millones, recursos cuya destinación y oportunidad de contratación cuestionó.
De acuerdo con el cuadro de contratos divulgado por la congresista, los acuerdos fueron firmados entre septiembre y diciembre de cada año.
El primero corresponde a 2018, con Canal Capital, por $824 millones, mientras que en 2019 la JEP contrató a Fénix Media Group por $584,5 millones. En 2020 volvió a contratar a Canal Capital por $399,4 millones y en 2021 suscribió un acuerdo con Century Media por $187,3 millones.
La legisladora también llamó la atención sobre los contratos celebrados durante el Gobierno de Gustavo Petro. Aseguró que entre 2023 y 2025 la JEP suscribió dos contratos paralelos con RTVC, en fechas coincidentes y con objetos prácticamente iguales, orientados a producir y divulgar contenidos audiovisuales en redes sociales y medios de comunicación.
La denuncia adquiere mayor relevancia al contrastar esos desembolsos con las obligaciones pendientes de las antiguas Farc frente a la reparación de las víctimas. Posada aseguró que la extinta guerrilla incumplió la entrega del 82,8 % de los inmuebles y del 96,5 % de los bienes muebles que había comprometido en el marco del Acuerdo de Paz.
La congresista cuestionó que, mientras persistían esas obligaciones, varios integrantes del antiguo Secretariado de las Farc ocupaban curules en el Congreso y la JEP destinaba recursos a campañas de comunicación para divulgar su gestión.
A su juicio, existe un contraste entre los recursos invertidos en promoción institucional y los resultados pendientes en materia de reparación.
Sobre los contratos con RTVC, las críticas por el uso de recursos públicos para divulgar la labor del tribunal ya habían generado cuestionamientos. En 2025 se conocieron acuerdos de comunicación suscritos entre ambas entidades en 2023 y 2024, por un valor conjunto superior a $1.465 millones.
Posada anunció que continuará revelando los gastos de la jurisdicción y cuestionó las reacciones que han generado sus denuncias.
La senadora insistió en que el propósito de sus señalamientos es poner bajo escrutinio el manejo de los recursos públicos de la JEP y exigir explicaciones sobre las prioridades de gasto de la entidad.