El 23 de junio de 2024, un retén del Ejército Nacional ubicado en las carreteras de Anorí, Antioquia, detuvo a dos camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
En los vehículos blindados se transportaban varios integrantes del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, entre ellos su principal jefe, Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.
Pese a que fue detenido y se realizó la respectiva reseña, Calarcá fue dejado en libertad puesto que había sido designado como “gestor de paz” del gobierno de Gustavo Petro.
Alejandro Ordóñez, ministro del Interior, advirtió que el Gobierno de Abelardo De La Espriella pondrá fin a la “feria de los esquemas” de seguridad. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ujWdwthRjl
— Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2026
Este episodio generó un fuerte debate sobre el uso de estos vehículos por parte de integrantes de grupos armados ilegales.
La situación la revivió este jueves 12 de noviembre el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado en una audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El recién posesionado jefe de la cartera política, además de poner sobre la mesa las consecuencias de la política de la Paz Total, advirtió que en el Gobierno de Abelardo De La Espriella no se iba a permitir que delincuentes o criminales utilicen a sus anchas los vehículos destinados a la protección de personas en situación de riesgo.
“La ley establece que la Unidad Nacional de Protección puede asumir la seguridad de los desmovilizados que lo requieran, eso sujetándose estrictamente a los estándares señalados por la Corte Constitucional. Los carros blindados y los hombres de protección son para quienes realmente lo requieran y no son a perpetuidad”, precisó Ordóñez.
“La UNP deberá hacer un estudio de seguridad que establezca quiénes sí lo requieren y se les proporcionará, pero que quede claro, en este gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad. No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas para que con ellos se delinca, se trafique droga, se carguen armas o se movilicen terroristas. La protección es para quienes actúen en la legalidad y cumplan con la Constitución”, añadió.
Por esto, desde el Ministerio se entrará a revisar el tema de los esquemas de seguridad y protección.
“Desde el Ministerio es en nuestra función de articulación y en el marco de las políticas que son de nuestra competencia, vamos señores magistrados a dar prioridad a las medidas de seguridad que se requieran para los perpetradores de las más graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional o humanitario, paguen por sus delitos, así sea con sanciones como las consagradas en el ordenamiento jurídico que resultan sin protección alguna frente a la gravedad de sus atrocidades y más de carácter simbólico”, enfatizó.
Por esto, señaló que también se analizará la situación de los comparecientes ante la JEP para verificar su situación de riesgo y si cuentan o no con los esquemas de seguridad apropiados.