Al inicio del Gobierno De La Espriella, una de las promesas fue retirar los esquemas de seguridad a las personas que no los requerían. Entre ellos estaba Jorge Lemus, el director de Inteligencia del gobierno de Gustavo Petro, quien se anticipó con una acción de tutela para exigir que le regresaran la camioneta blindada y los escoltas.
Como medida cautelar, el Juzgado le dio la razón a Lemus y le ordenó al Gobierno regresarle ese esquema de seguridad. Sin embargo, el pasado fin de semana se conocieron unas imágenes en las que se observa a Jorge Lemus utilizando la camioneta blindada y su escolta para acarreos en el sur de Bogotá.
La tutela fue fallada de fondo este martes. Allí se advierte lo que reveló SEMANA a través de las imágenes: no existen, aparentemente, riesgos de seguridad para el exfuncionario del gobierno Petro, pues se observa en la calle mirando su celular mientras su escolta acomoda una carga en el interior de la camioneta.
Las imágenes fueron contundentes a la hora de resolver la tutela en la que Jorge Lemus exigía que le mantuvieran el esquema de seguridad, advirtiendo un grave riesgo para su vida. Estas imágenes presentan una contradicción entre lo que expuso en la acción de tutela y para lo que utiliza el esquema de seguridad.
En el resuelve de la tutela, el juez aseguró que es necesario mantener el esquema como se encuentra mientras cumplen o responden un instrumento de reposición, pero fuentes aseguraron que ya se resolvió y la orden es retirar el esquema de seguridad a Jorge Lemus.
Los líos de Lemus y la DNI
El paso de Lemus por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha estado rodeado de escándalos por seguimientos ilegales, irregularidades y hasta la contratación de un hacker para afectar las pasadas elecciones presidenciales.
Una auditoría forense, que examinó 147 terabytes de información, 40 computadores y cinco celulares, encontró indicios de una estructura paralela de contrainteligencia que habría operado al margen de los controles habituales y tenido acceso a información reservada sobre la oposición política y la campaña presidencial.
El informe también puso bajo la lupa presuntos seguimientos a dirigentes políticos, fiscales, periodistas y altos funcionarios, posibles infiltraciones de agentes extranjeros y falta de trazabilidad en el manejo de los gastos reservados. Entre los hallazgos se advierte que la entidad habría perdido capacidades operativas y que información sensible terminó fuera de los canales institucionales.
El escándalo más reciente tiene nombre propio: Carlos Andrés Oyola, un ingeniero de sistemas que trabajó en la DNI y fue capturado en Neiva.
Según documentos reservados conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, Oyola habría estado involucrado en dos operaciones: el acceso a bases de datos de diferentes entidades del Estado y la coordinación de una supuesta red que buscaría alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, mediante ataques informáticos contra la Registraduría.