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Contrato para revisar el subsidio de vivienda en la era Petro terminó en millonario hallazgo fiscal

La Contraloría detectó un impacto fiscal y presuntas faltas disciplinarias y penales por $9.000 millones.

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17 de noviembre de 2026 a las 9:27 a. m.
El Ministerio de Agricultura del gobierno Petro suscribió el contrato el contrato de consultoría en 2025 con el Consorcio AUDIVIV.
El Ministerio de Agricultura del gobierno Petro suscribió el contrato el contrato de consultoría en 2025 con el Consorcio AUDIVIV. Foto: Suministro

El Ministerio de Agricultura, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, firmó en 2025 un contrato de consultoría con el consorcio AUDIVIV con el objetivo de verificar el estado del programa de subsidio de vivienda rural que otorgó y operó el Banco Agrario de Colombia entre los años 2000 y 2017.

Sin embargo, un año después de la firma de ese contrato la Contraloría General de la República, a través de su delegada para el Sector Agropecuario, validó un hallazgo con incidencia fiscal y presuntas incidencias disciplinarias y penales por 9.000 millones de pesos.

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Esa situación habría quedado en evidencia luego de que el consorcio reportó más de 12.000 visitas para la verificación del subsidio de vivienda, de las cuales, casi 6.500 se habría hecho solo en noviembre de 2025, un promedio de 217 inspecciones diarias a zonas rurales dispersas.

Esa cifra en particular para la Contraloría ha generado “dudas razonables sobre si las visitas se realizaron en las condiciones reportadas”. Para eso se revisaron más de 9.600 actas en las que se encontró cerca de 1.100 fotos idénticas en casi el 20% de los documentos verificados.

El ente de control fiscal también detalló que hay una fotografía de un baño que aparece en 21 actas de 10 departamentos, también detectaron más de 4.500 actas que tienen coordenadas exactamente similares y un mismo punto que se repite en varias actas en Huila, Tolima y el Amazonas.

La investigación también dejó al descubierto que de casi 100 personas reportadas como personal técnico y de apoyo a cerca del 60% de esos colaboradores no se les encontró soportes individuales de aportes a la seguridad social. Por eso el Ministerio de Agricultura deberá determinar si esos aportes se pagaron.

Así mismo, esa cartera también deberá ajustar su plan de mejoramiento institucional en ese tipo de contratos, mientras que la Contraloría podría trasladar el expediente a la Fiscalía y a la Procuraduría para que avancen las investigaciones penales y disciplinarias correspondientes.

La ministra que estuvo al frente de esa cartera durante la firma del contrato fue Martha Carvajalino, quien dejó su cargo con el fin del gobierno del expresidente Petro y volvió a su cargo como procuradora Judicial Ambiental y Agraria en la Procuraduría General de la Nación.

Ese ente de control podría terminar investigando la administración de Carvajalino al frente de la cartera, por las presuntas “incidencias disciplinarias” que alertó la Contraloría en el hallazgo fiscal por 9.000 millones de pesos en el contrato para verificar la entrega del subsidio de vivienda en áreas rurales.