SEMANA revela en exclusiva el expediente que reúne 34 casos de presuntas irregularidades y corrupción en Ecopetrol, recopilado en el marco de la auditoría forense impulsada desde el Comité de Auditoría y Riesgos de la junta directiva, material que hoy está en manos de la Contraloría General de la República.
La investigación, anunciada públicamente en agosto de este año, fue impulsada por Luis Felipe Henao, entonces presidente de la junta, y ejecutada entre agosto y septiembre de este año.
La Contraloría solicitó a la Dirección de Cumplimiento de Ecopetrol los documentos de la investigación. Fuentes del ente de control, que suministraron detalles del expediente a SEMANA, confirmaron que el material quedó en manos de la delegada para el Sector Minas y Energía.
Los documentos, las denuncias y los testimonios empiezan a reconstruir para la Contraloría la ruta de un presunto saqueo a la principal empresa del país, que según muchos podría constituir un robo histórico de recursos públicos.
El expediente también pone rostro a quienes, según las denuncias, habrían intervenido en ese entramado. Ricardo Roa y su pareja, Julián Caicedo, vicepresidentes de la petrolera y personas del círculo cercano de la ex primera dama Verónica Alcocer estarían implicados en varios casos. Sus nombres se cruzan en los capítulos de contratos, nombramientos y negocios que ahora están bajo escrutinio.
La revisión, presentada ante la junta directiva el 14 de septiembre, pasó de cinco casos iniciales a 34 hallazgos de posibles irregularidades y corrupción que hoy investiga la Contraloría.
Los casos abarcan contratos, nombramientos y negocios en Ecopetrol y filiales como Cenit, ODL y ODC, además de proyectos con Internexa. Los señalamientos van desde la contratación de vigilancia, helicópteros y obras hasta la compra y venta de energía y gas, las inversiones en renovables y los negocios tecnológicos.
El círculo de Verónica Alcocer
El primer anillo de Alcocer, quien está en el ojo del huracán por revelaciones de su ex mano derecha Eva Ferrer que la relacionan con presunto lavado de activos, tráfico de drogas y armas, aparece en varios capítulos en torno a presunta intermediación, nombramientos y contratos.
Manel Grau, catalán que sería, según el testimonio de Eva Ferrer, financiador de la vida de la ex primera dama, figura en cuatro capítulos. Los italianos Fabio Mascialino y Enrico Romagnoli aparecen en dos casos, y Danilo Romero, a quien la ex consejera presidencial acusó de ser un testaferro de Alcocer, en tres.
Grau, el italiano Fabio Mascialino y Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, son señalados en un caso sobre presuntas ventas dirigidas de petróleo de Ecopetrol hacia África.
Un documento anónimo que llegó a la junta denunció que detrás de dichas operaciones estaban “el catalán Manel Grau, el italiano Fabio Mascialino, el señor Julián Caicedo y el mismo Julio César Herrera”, haciendo referencia al exvicepresidente comercial de la estatal petrolera.
“Se alega que Felipe Trujillo y Julio César Herrera, ayudados por Julián Caicedo, Enrico Romagnoli y Manel Grau, buscaron formas de hacer esos negocios de manera permanente”, se lee en la documentación en poder de la Contraloría.
La operación habría favorecido a la comercializadora de crudo turca BGN con exclusividad para ese mercado. Según el denunciante, Herrera, quien antes estaba en la filial de Houston, “tenía participación directa en esas negociaciones y recibía un porcentaje de las ventas de petróleo de Ecopetrol a una refinería en África”.
“Este negocio con BGN no continúa más por diferencias entre los socios por las repartijas”, concluyó el documento, que incluso aseguró que Herrera, como vicepresidente comercial, levantó una sanción a la empresa TAC SAS, firma que estaría vinculada a Sebastián Ortega, empresario antioqueño imputado en el caso de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín.
Grau, Romagnoli y Mascialino, que aparecen como “los italianos”, también son protagonistas de un caso sobre Felipe Trujillo, exvicepresidente comercial. El escrito relaciona esos contactos con su ascenso: “Felipe inicia la relación con Manel Grau y los italianos desde 2022. (...) Había hecho muchas promesas y ofertas, que apoyaron su promoción”.
El documento también sitúa a Trujillo cerca de Santiago Vargas, amigo de Roa y dueño de una veterinaria en la que se reunía la cúpula de la empresa, y Sebastián Ortega, y cuestiona la incorporación de nuevas compañías al negocio petroquímico durante su administración. Además, relaciona 16 inmuebles en Estados Unidos, con compras por más de 2,5 millones de dólares, a nombre de Trujillo o de sociedades relacionadas.
En conversación con SEMANA, Trujillo negó haber favorecido negocios, pero reconoció dos encuentros con Grau convocados por Roa. Según su relato, el catalán y uno de los italianos invocaban respaldo de la Casa de Nariño: “No me insinuaron, me lo dijeron de forma directa. ‘Es que usted no sabe de parte de quién nosotros venimos, de su jefe’”.
Otra de las menciones directas de Grau y Alcocer aparece en el capítulo sobre asignación de órdenes de servicio de contratos marco de construcción. Bajo un encabezado con los nombres de Ricardo Roa y Julián Caicedo, el cuadro identifica como enlaces externos a los “catalanes, Manel Grau y Verónica Alcocer”.
El capítulo también examina una presunta fuga de información a favor de Metalpar, empresa huilense de ingeniería y construcción para el sector de hidrocarburos. Según la auditoría, un informe de cumplimiento señala que Julio César Martínez Valbuena, entonces funcionario de Cenit, remitió entre 2020 y 2024 información a externos mediante 153 correos en copia oculta.
Entre los datos filtrados estarían presupuestos, tarifas de otros oferentes y documentos de procesos de contratación antes de su publicación. Por esto, según sospecha la auditoría, un contrato pasó de 54.000 millones de pesos a sobrecostos que lo llevaron a 240.273 millones, un aumento del 345 por ciento sobre su valor inicial.
Grau reaparece junto con Danilo Romero, Julián Caicedo y Ricardo Roa en el capítulo de transporte aéreo en helicópteros para Ecopetrol y sus filiales. Se trata de la contratación que enfrentó a Helicol y a Helistar en una controversia pública por denuncias de presunto favorecimiento a esta última. La presentación describe un proceso de 100 millones de dólares, por cinco años, y recoge sospechas de filtraciones de información y reuniones con la Presidencia de Ecopetrol.
Dentro de la auditoría, se pide “revisar si existieron reuniones o registro de asistencia de la empresa Helistar (...) con la oficina de Presidencia de Ecopetrol” y aseguró que testimonios apuntan a que hubo “influencia” de Grau sobre dicha contratación.
Romero, Caicedo y Edwin Palma, exministro de Minas y Energía de Petro, aparecen en el capítulo sobre una reclamación de Ismocol, empresa santandereana de ingeniería fundada por Álvaro Escobar Saavedra, a Cenit. Un borrador cuantifica en 178.775 millones de pesos los pagos adicionales reclamados por ajustes pendientes, impuestos y otros costos de un contrato de más de 1,4 billones de pesos. El expediente menciona una presunta “comisión del 30 por ciento del valor recuperado o reconocido”.
Otro capítulo examina contratos de Cenit con Ismocol, Termotécnica y Metalpar para mantener su infraestructura de transporte de hidrocarburos. La presentación reseña contrataciones por aproximadamente 2,3 billones de pesos, con plazos de cinco años y dos opciones de prórroga. El señalamiento apunta a presuntos beneficios para tres personas: “Dádivas a Julián Caicedo, Ricardo Roa y Danilo Romero”. El expediente pide revisar cómo se evaluaron las ofertas y si la selección de los contratistas fue objetiva.
Entre los directivos mencionados están Alexander Cadena, entonces presidente de Cenit, y Juan Sebastián Ruiz, vicepresidente de Abastecimiento y Servicios, área que el cuadro identifica como encargada de ejecutar el proceso. También aparece mencionado el fallecido empresario William Vélez, quien presidía Termotécnica, una de las contratistas.
El rastro de Julián Caicedo
Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, aparece en 11 capítulos del expediente. Según fuentes internas, habría participado en reuniones clave, especialmente las extraoficiales, e influido directamente en decisiones de la petrolera. Sus menciones abarcan contratos, negocios comerciales y vinculaciones de personal.
En Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL), una denuncia recoge la contratación de Leandro Hermosa Cano, identificado como familiar de Caicedo. Una denuncia, acogida por la auditoría, expuso: “Su hoja de vida llegó a través de la Presidencia de ODL; la vacante no existía inicialmente”.
También señala que “no cumplía el tiempo de experiencia previsto en la descripción del cargo”. El escrito menciona a otra familiar, Liliana Arias Cano, vinculada a labores de abastecimiento mediante una contratista de ODL.
Las presentaciones también sitúan a Caicedo junto a Victoria Sepúlveda, entonces vicepresidenta de Talento Organizacional, en la revisión de profesionales en misión contratados mediante la empresa Michael Page. El expediente pide “revisar objetividad (cumplimiento de perfiles) en proceso de selección de candidatos de profesionales en misión”. Otro cuadro lo menciona junto a Bayron Triana en medio de un proceso de selección de cinco gerentes de energía.
Caicedo también aparece en la denuncia sobre el contrato de seguridad electrónica adjudicado al consorcio Synergytech Oilguard, encabezado por la multinacional española Indra e integrado con Prosegur. Los anexos reproducen una oferta por 237.960 millones de pesos para servicios de Ecopetrol y Cenit. El denunciante afirma que Roa y Caicedo “habrían manipulado el proceso de evaluación desde la Gerencia de Abastecimiento” y los menciona entre los supuestos participantes en reuniones con directivos de Indra fuera de los canales institucionales.
Una captura de chat adjunta al expediente reveló: “Ricardo subió su cuota para podernos adjudicar el proyecto; dice que su jefe necesita mínimo 10 por ciento para apoyo a la campaña”.
La cúpula y las filiales
Los cuestionamientos también alcanzan los despachos donde se decidían los negocios del grupo. Figuran los entonces vicepresidentes de Ecopetrol Bayron Triana, de Energías para la Transición; Sergio Andrés Moreno, de Ciencia, Tecnología e Innovación, y Victoria Sepúlveda, de Talento Organizacional, entre otros. En Cenit aparecen Alexander Cadena, entonces presidente, y Juan Sebastián Ruiz, vicepresidente de Abastecimiento y Servicios. En Internexa, filial de ISA, uno de los protagonistas es Saúl Kattan, quien estuvo al frente como gerente general encargado.
Uno de los relatos más explícitos proviene de la empresa Tecna, contratista de inspección y diagnóstico de equipos de Ecopetrol. En un informe firmado por su representante legal, Alberto Padilla Navas, la compañía sostiene que Pedro Nel Tabares, quien trabajó en la estatal petrolera, se presentó como exfuncionario de Abastecimiento en el Huila, con contactos activos en la petrolera. “Esa persona le ofreció intervenir en las decisiones de Ecopetrol a cambio de la entrega de un 10 por ciento del valor del contrato”.
El propósito, según denunciaron en el informe, era recuperar dos frentes de trabajo retirados a Tecna e influir en la adjudicación del contrato que reemplazaría al vigente. La empresa afirma que rechazó el ofrecimiento de Tabares.
El documento también reconstruye las decisiones del proceso de selección. Tecna, que participó sin obtener ninguno de los contratos hasta entonces, sostiene que no fue convocada a negociar ni recibió explicación sobre su exclusión.
BioNube, el proyecto para construir dos centros de datos en Magdalena y operar una nube soberana, provocó un choque jurídico dentro del grupo que fue incluido en la auditoría. Saúl Kattan, entonces gerente general encargado de Internexa, filial de ISA, firmó el aval de participación el 14 de noviembre de 2025. El 29 de diciembre, la Vicepresidencia Jurídica de ISA dejó por escrito una advertencia: Internexa asumiría responsabilidades comerciales, técnicas, jurídicas, administrativas y fiscales sobre el conjunto de una inversión estimada en 160 millones de dólares.
La administración había compartido otro concepto cuyo asesor reconocía: “No tuvimos acceso y, por tanto, no evaluamos la oferta presentada por Internexa”. Ese análisis partía del supuesto de que el compromiso de la compañía se limitaba a una comisión inferior a 10 millones de dólares. ISA objetó esa interpretación y advirtió que faltaba información material. Su conclusión fue tajante: “Se requiere autorización expresa de la junta directiva tanto de ISA como de la compañía”.
Dentro de Ecopetrol, el proyecto también aparece entre los cuestionamientos a Sergio Andrés Moreno, entonces vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una presentación señala: “Despido de Jaime Malagón, empleado altamente competente por evidenciar cuestionamientos técnicos sobre la viabilidad del proyecto”. El cuadro sostiene que BioNube no avanzaba a la velocidad que Moreno y Ricardo Roa demandaban.
El frente tecnológico también cuestiona la expansión de los centros de innovación Econova, proyecto del Grupo Ecopetrol, donde aparecen Moreno y Diana Acero, entonces gerente de Innovación y Portafolio. “A pesar de que los cinco primeros Centros Econova no generaban suficiente valor vs. inversión, aun así, se decide crear Econova Guajira, Valle del Cauca y filial en España”, sostiene la presentación. La revisión pide establecer qué soluciones llegaron a utilizarse y qué beneficios produjeron para Ecopetrol.
Otro cuadro examina un servicio de administración de infraestructura tecnológica que, según el documento, fue separado de una estrategia más amplia “con la aparente finalidad de facilitar la contratación”. Allí se menciona también a Yaneth Munévar Cendales, gerente de Infraestructura Digital.
En energía, el expediente retoma los cuestionamientos sobre Bayron Triana, entonces vicepresidente de Energías para la Transición, y sus presuntos vínculos con comercializadoras y consultoras del sector. Una denuncia asegura que existirían intermediarios que venderían energía más costosa a Ecopetrol y devolverían parte del excedente “simulando el pago de servicios ficticios de consultoría”.
El soporte técnico concentra la atención en el contrato con BTG Pactual Comercializadora de Energía. Según el análisis, en agosto de 2026 suministró el 16,3 por ciento de la energía de la cartera examinada, pero concentró el 37,3 por ciento de su valor: 39.729 millones de pesos. Su precio seguía las variaciones de la bolsa. “Lo que el contrato no hace es cubrir el riesgo de precio”, advierte un informe anexado, que calcula que, bajo un escenario alternativo de precios fijos, esa energía habría costado entre 23.000 y 26.000 millones de pesos menos.
La revisión también abarca operaciones con la Empresa de Energía del Putumayo y Gecelca, las inversiones solares de Energuana y Sol de Zawady, el proyecto eólico WindPeshi y la comercialización de gas por campo. En el frente de gas aparece además la Regasificadora del Pacífico, cuyo contrato ya fue denunciado por Ecopetrol ante la Fiscalía.
El capítulo de señalamientos sobre el manejo de personal llega hasta Houston. Una denuncia atribuye a “Victoria”, identificada en la auditoría como Victoria Sepúlveda, exvicepresidenta de Talento Organizacional, y el traslado de Rafael Guzmán a la Presidencia de Ecopetrol USA. “Movido por Victoria allí luego de haber tenido el puesto de vicepresidente ejecutivo en Bogotá”. También le atribuye la promoción de Édgar Rey como gerente encargado de Ecopetrol América.
Otro documento pregunta qué recibía Ecopetrol a cambio de los salarios de sus asesores de Presidencia. “Auditar cuáles fueron sus entregables, mes a mes, durante el paso por Ecopetrol, especialmente en el rol de asesor”, exige la auditoría. El material cuestiona su aporte, pero no adjunta los entregables ni los registros laborales para contrastarlo.
En un reporte a la SEC fechado el 9 de noviembre de este año, Ecopetrol confirmó que su junta directiva, luego de estos hallazgos, solicitó y aprobó contratar una firma internacional para adelantar una investigación forense integral.
Las denuncias reunidas en este expediente, junto con sus documentos y soportes, son ahora objeto de investigación por parte de la Contraloría. Es tarea del ente de control fiscal corroborar los indicios, obtener las pruebas faltantes y reconstruir las decisiones y la ruta de los recursos. Este material constituye un punto de partida para establecer si hubo un desfalco a la principal empresa del país, cuál fue su magnitud y quiénes deben responder.