Cuatro meses después de posesionada, la nueva Comisión de Acusación de la Cámara empezó a trabajar en las investigaciones contra expresidentes, fiscales, magistrados, entre otros aforados. Con el presupuesto para el funcionamiento en sus manos, algunos de los procesos más escandalosos terminaron en manos de sus respectivos ponentes, que decidirán si terminan engavetados o, al contrario, hacen historia y generan los resultados que el país espera.
SEMANA conoció que de las 370 investigaciones contra el expresidente Gustavo Petro, al menos 350 quedaron en manos de representantes del Pacto Histórico, la corriente política del exmandatario. Las otras 20 –quizás donde será más fácil comprobar una eventual responsabilidad por parte del exmandatario– terminaron en poder de representantes de oposición e independientes a Petro.
Uno de los procesos más escandalosos adelantados contra Petro es el de presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022. Lo investigó hasta el final un triunvirato integrado por los exrepresentantes Gloria Arizabaleta y Alirio Uribe, del Pacto Histórico, y Wilmer Carrillo, exrepresentante del Partido de La U. Arizabaleta y Carrillo, tras examinar con lupa las más de 500 páginas del expediente, consideraron que Petro debía ser investigado formalmente, pero Uribe, del petrismo, pidió inhibir y salvar de responsabilidad al expresidente.
Hoy la suerte de Petro frente a este caso quedó en manos del representante de Cambio Radical, Carlos Cuenca, independiente del exmandatario y hoy presidente de la Comisión de Acusación.
Cuenca tendrá que leer con lupa el expediente para decidir si se va por la ruta de la absolución o, al contrario, toma el camino de abrir investigación formal contra Petro, como lo pidieron Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo.
SEMANA buscó a Cuenca, pero no habla de los procesos que adelanta la Comisión porque todos tienen “reserva del sumario”. Quienes lo conocen dicen que, a juzgar por su independencia, podría valerse de la decisión del Consejo Nacional Electoral que sancionó a los directivos de la campaña, entre ellos Ricardo Roa, por más de 5.300 millones de pesos porque estimó que sí hubo violación de topes electorales.
La decisión administrativa del CNE tiene pruebas contables, documentales y testimoniales que coinciden en cómo Petro se hizo elegir por encima de los presupuestos autorizados por la ley. Varias de las pruebas las tomaron la Comisión, la Fiscalía y hasta la Corte Suprema. En esta oportunidad, la decisión dependerá exclusivamente de Cuenca y no de un triunvirato, y sea cual sea, será votada por la sala plena de la Comisión.
Carlos Cuenca también tiene en su despacho otra explosiva investigación contra Petro y es la del Pacto de Valledupar, la polémica reunión adelantada el 25 de octubre de 2025 donde, según la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, por orden de Petro les pidió a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que declararan contra el entonces candidato Abelardo De La Espriella –quien iba en alza en las encuestas–, el expresidente Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. SEMANA habló con Rodríguez y varios excomandantes de las AUC, quienes ratificaron el pedido por parte del Gobierno, mientras que Petro lo negó.
Cuenca también definirá qué pasará con las denuncias del exministro de Justicia Wilson Ruiz contra el expresidente tras las explosivas cartas que escribió el excanciller Álvaro Leyva, donde puso al descubierto las supuestas andanzas del exjefe de Estado en un viaje diplomático a París entre el 21 y el 25 de junio de 2023 con motivo de la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial.
Petro se perdió 48 horas, relató Leyva. Y el regreso del presidente a Bogotá estaba estipulado para el 24 de junio, pero el entonces mandatario firmó un decreto (1009 de 2023) donde argumentó “que, por un cambio de agenda y por razones de orden técnico-aeroportuarias, se hizo necesario posponer el vuelo presidencial, de tal manera que Gustavo Petro regresará a Colombia el domingo 25 de junio”.
SEMANA rastreó en ese momento el sistema meteorológico en París durante el fin de semana del 21 al 25 de junio de 2023 y no se encontraron registros de un posible cierre del aeropuerto para esa fecha. Por esto, Leyva no descarta una falsedad en documento público.
Por esta investigación, Carlos Cuenca –quien también tuvo este proceso en la pasada legislatura– impulsó la solicitud de un examen toxicológico a Gustavo Petro, pero no lo logró porque no contó con el respaldo de los representantes Wadith Manzur, hoy preso por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y Olga Lucía Velásquez, también investigadores en este caso y cercanos al pasado Gobierno.
Cuenca investiga hoy exclusivamente a Petro por estos hechos y, tras la solicitud de Leyva, como testigo, puede solicitar la prueba toxicológica al expresidente de una vez por todas. Eso sí, tendría que ponerla en consideración de la sala plena de la Comisión. Leyva declaró cuatro horas en ese órgano legislativo contra el exprimer mandatario. No se descarta pedir pruebas sobre este caso a la Inteligencia francesa.
Otro de los poderosos de la Comisión es el representante del Centro Democrático, Daniel Briceño. SEMANA confirmó que el joven abogado tiene uno de los procesos más sencillos de decidir contra Petro: la investigación porque reveló en su cuenta oficial de X la historia clínica de Kevin Acosta, el niño que falleció en febrero de 2026 esperando un medicamento de la Nueva EPS para enfrentar su patología de hemofilia. El expresidente buscó justificar que el niño había fallecido tras un golpe en su bicicleta. La investigación –a juicio de varios juristas– es fácil de decidir porque Petro, en sus redes sociales, divulgó la prueba reina en su contra, ya que en Colombia una historia clínica es considerada un documento privado, obligatorio y sometido a reserva.
Como si fuera poco, Briceño también tiene en su despacho la investigación contra Petro por el tarimazo ocurrido el 21 de junio de 2021 durante un acto denominado Paz Urbana, en el parque La Alpujarra, en Medellín. Allí participaron varios cabecillas de estructuras criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza; según la denuncia, se habrían utilizado recursos públicos para trasladar a los presos desde los penales al evento donde se habló de la Constituyente.
Entre las investigaciones que también tiene Briceño están las que llegaron a la Comisión por los sexocontratos en el Gobierno Petro, cuyo escándalo conoció el país tras la entrevista que Deicy Jiménez concedió a SEMANA, donde denunció cómo prestó servicios sexuales al presidente a cambio de contratos con el Estado.
Las declaraciones de Jiménez, el chat revelado por la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, donde Petro le habló de un contrato para la joven en el Ministerio del Interior, además de otro chat entre Deicy y la exdirectora del Dapre, Nohora Mondragón, donde la entonces funcionaria le dice a Jiménez que “el señor presidente me pidió vincularte. ¿Tienes experiencia en qué?”, se constituyen en pruebas contra el político del Pacto Histórico.
De otro lado, el expresidente Álvaro Uribe tiene 49 investigaciones en la Comisión de Acusación y cayeron en manos de investigadores y congresistas del Partido Liberal, Centro Democrático, el Partido Conservador, entre otros. La fiscal Luz Adriana Camargo cuenta con 74 investigaciones en su contra, mientras que el exfiscal Néstor Humberto Martínez tiene cinco procesos y algunos de ellos los investigará la representante del Partido Liberal Kelyn González.
Entre tanto, la exmagistrada de la Corte Constitucional Cristina Lombana deberá responder por 31 procesos y el magistrado Vladimir Fernández por otros dos, entre ellos por los señalamientos de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, quien lo relacionó con el expresidente del Senado, Iván Name, el escándalo de la UNGRD y su elección como togado en el alto tribunal; el magistrado Carlos Camargo enfrenta cinco procesos.
Abelardo De La Espriella, en sus primeros tres meses de mandato, tiene 44 investigaciones y ya fueron asignadas a ponentes de diferentes partidos políticos.