Millones de colombianos podrían tener derecho a recuperar el dinero que pagaron por fotomultas que habrían sido impuestas sin cumplir los requisitos legales. Detrás de las sanciones que durante años representaron una fuente de recaudo para las autoridades de tránsito, hoy existe una investigación que pone bajo la lupa no solamente la legalidad de los comparendos, sino también el destino de los recursos que ingresaron al sistema.
La dimensión del caso es considerable. El 19 de mayo de 2026, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron una investigación contra 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades en la operación de cámaras de fotodetección. Más de 7,5 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 quedaron bajo revisión.
De ese universo, 5.832.906 multas que todavía no habían sido pagadas debían ser revocadas de oficio, mientras que 1.582.398 más habían sido canceladas por los ciudadanos a los que ahora deberán retornar su dinero. El recaudo de estas últimas supera los 1,05 billones de pesos, suma cuyo paradero se desconoce hasta la fecha.
La situación también podría tener consecuencias económicas para los organismos involucrados. De acuerdo con las cifras divulgadas por las autoridades, las sanciones anunciadas podrían superar los 2,1 billones de pesos, equivalentes al doble de los recursos recaudados.
Según los datos de las autoridades, Cali concentra cerca de 2,7 millones de comparendos bajo revisión; Medellín, 717.000; Bogotá, 294.000, y Barranquilla, 131.000. Son algunas de las ciudades que aparecen en este proceso.
El abogado Ricardo Ruge, quien representa a más de 400 ciudadanos afectados y lleva cerca de una década documentando presuntas irregularidades en el sistema de movilidad, aseguró en entrevista con SEMANA que existen cámaras que seguirían funcionando sin las autorizaciones correspondientes.
“Encontramos que el 35 por ciento de las cámaras de fotodetección no están autorizadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, afirmó.
Como ejemplo, relató lo encontrado en Barranquilla. Según su investigación, en la calle 46 con carrera 100 opera una cámara que no tendría autorización desde 2024. “Quiere decir que todos los comparendos que se hayan impuesto de 2024 a la fecha son irregulares”, sostuvo Ruge, quien insistió en que los conductores deben verificar la habilitación del dispositivo que les impuso la sanción.
El abogado también señaló que Bogotá, Cali y Barranquilla han presentado controversias por la señalización de los dispositivos. Recordó que las cámaras deben contar con avisos previos que informen a los conductores sobre la presencia de sistemas de fotodetección y advirtió sobre la necesidad de garantizar su calibración periódica.
¿Dónde está la plata?
La discusión no termina con la revocatoria de los comparendos. La pregunta que ahora preocupa a los afectados es qué pasó con el dinero que pagaron y quién debe responder por esos recursos.
Precisamente, esa fue la pregunta que dio origen a la investigación del abogado Ricardo Ruge: “¿Quién lo recauda?, ¿quién lo administra y a dónde va?”, explicó sobre el dinero de las multas de tránsito.
La respuesta conduce al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), cuya administración está a cargo de la Federación Colombiana de Municipios que, dicho sea de paso, recibe el 10 por ciento de cada multa pagada para financiar el funcionamiento del sistema.
Pero el manejo de esos recursos también está bajo cuestionamiento. Ruge presentó ante la Fiscalía una denuncia de 49 hechos, acompañada de aproximadamente 1.200 folios y soportes documentales, en la que advierte presuntas irregularidades en la contratación y destinación de los dineros del Simit.
“Más del 50 por ciento de los recursos del Simit los ejecuta una empresa que se llama Dicitec”, afirmó el abogado, quien sostiene que se habría configurado un esquema de contratación directa y subcontratación que habría permitido concentrar recursos públicos en un mismo círculo de particulares.
Uno de los episodios señalados corresponde a un contrato por 25.290 millones de pesos, de los cuales Dicitec habría trasladado 17.432 millones a otra compañía mediante una subcontratación. Según la denuncia, la diferencia de 7.858 millones habría quedado como margen de intermediación.
Ruge cuestionó el valor agregado de esa operación y planteó varios interrogantes sobre el destino de los recursos. “¿Cuál fue el aporte que hizo Dicitec? ¿Cuál fue la función que cumplió con esa transacción?”, preguntó.
La denuncia relaciona negocios por más de 167.000 millones de pesos entre recursos comprometidos y estimaciones de contratación. Los señalamientos incluyen posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado. Sin embargo, los señalamientos de Ruge se tratan de hipótesis que deberán ser verificadas por la Fiscalía y no de responsabilidades penales establecidas.
A este panorama se suma una decisión judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 4 de septiembre de 2026, que ordenó restituir a municipios y distritos 84.752 millones de pesos correspondientes a excedentes financieros y rendimientos por conceptos de multas que el Simit, según el fallo, se habría apropiado de manera, al parecer, irregular. Ahora bien, aunque estos recursos no corresponden al mismo paquete del billón de pesos recaudado por las fotomultas cuestionadas, sí son dos asuntos que ponen sobre la mesa interrogantes sobre el manejo del dinero que ingresa al sistema de tránsito.
Freno en seco
La controversia llegó al Gobierno nacional. El presidente Abelardo De La Espriella pidió revisar el funcionamiento de los sistemas de fotodetección y frenar los posibles abusos contra los conductores.
En los primeros resultados de esa revisión, el mandatario informó sobre hallazgos relacionados con dispositivos que no cumplirían las condiciones requeridas para operar. En Cartago, por ejemplo, se impidió el funcionamiento de un sistema que presentaba problemas en sus requisitos técnicos, mientras se revisaban miles de comparendos que podrían estar comprometidos.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, también explicó que las cámaras deben contar con las autorizaciones correspondientes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cumplir las condiciones para su instalación y funcionamiento. La ausencia de esos requisitos puede comprometer la validez de las sanciones.
El Gobierno tendrá que avanzar en la revisión de los dispositivos y definir las medidas administrativas correspondientes. Para los ciudadanos, el resultado de ese proceso será determinante: no solamente podría significar la eliminación de multas pendientes, sino también la posibilidad de reclamar el dinero que ya pagaron.
¿Qué hacer?
Aunque las cifras son millonarias, no significa que todas las fotomultas impuestas en Colombia sean ilegales ni que cualquier conductor pueda exigir automáticamente una devolución.
Ruge explicó que uno de los primeros pasos consiste en verificar la fecha en que fue impuesto el comparendo, la autoridad de tránsito que lo expidió y el dispositivo que detectó la supuesta infracción.
El abogado señaló que el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y abril de 2020 concentra parte de las sanciones identificadas por la Superintendencia. También recomendó consultar la habilitación de las cámaras ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial para establecer si contaban con autorización cuando impusieron la multa.
Si se confirma que millones de colombianos pagaron multas impuestas sin cumplir los requisitos legales, el Estado tendrá que responder por esos recursos. Y si las investigaciones encuentran irregularidades en la administración del recaudo, también habrá que establecer quiénes intervinieron y cuál fue el destino final de los 1,05 billones de pesos que se cobraron en multas irregulares.