La seguridad vial en Colombia ha sido uno de los temas más discutidos durante los últimos días por parte de entidades de movilidad, funcionarios del Senado, representantes a la Cámara y hasta del mismo presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien ordenó al Ministerio de Transporte realizar una nueva reforma para el Código Nacional de Tránsito.
Dentro de los asuntos más comentados, uno de ellos ha sido acerca del rol de las cámaras de fotomultas en Colombia, las cuales hoy en día se encuentran bajo revisión del Gobierno nacional para verificar si estos dispositivos cumplen con los estándares necesarios para reducir los casos de siniestralidad vial en el país.
Para muchos funcionarios, estas cámaras no solamente no han solucionado esta problemática, sino que se han encargado más de recaudar fondos por parte de los bolsillos de ciudadanos.
Es ante ello que varias figuras de la política han propuesto llevar a cabo un proyecto de ley con el objetivo de acabar con lo que consideran es un abuso de las cámaras fotomultas en el país.
Los 6 puntos clave que se proponen para acabar el tema de las fotomultas
El senador del Partido de la U, Antonio Correa, compartió aquellos puntos que considera son importantes para parar la tendencia que hoy en día está siendo denominada en redes sociales como #ElCartelDeLasFotomultas.
Estos son los 6 puntos clave de nuestro proyecto de ley para acabar con el abuso de las #FotoMultas. Ayúdenme a compartir. Esta vez lo lograremos, no nos vamos a rendir.
— AntonioCorreaSenador (@AntonioJCorreaJ) August 30, 2026
Vamos a parar #ElCartelDeLasFotomultas
✅ No más multas automáticas al propietario. La autoridad deberá… pic.twitter.com/iEVE3LY6Lx
- No imponer más multas automáticas al propietario del vehículo, ya que las autoridades de tránsito tienen que ser las encargadas de establecer la persona que cometió la infracción y de esta forma garantizar el derecho a la defensa.
- Todas aquellas pruebas en manos del ciudadano, ya sean fotos, videos, ubicación y certificados de autorización, calibración y vigencia de la cámara, tendrán que ser entregadas de forma gratuita.
- Acabar el negocio por comparendo, prohibiendo contratos en donde las entidades privadas reciban un porcentaje tras cada multa impuesta. Las cámaras de fotomultas tienen que responder a los criterios técnicos de seguridad vial.
- Más participación por parte de la ciudadanía, en donde, previo a la instalación de una nueva cámara, exista la presencia de la audiencia pública. Asimismo, que las entidades y alcaldías locales expliquen cuánto recaudo se registró tras las infracciones y a qué fueron destinadas.
- Consecuencias tras incumplimientos de los requisitos, entre ellas devolver los recursos cobrados por medio de multas que desconozcan los estándares establecidos por la Corte Constitucional.
- El 90 % de los recaudos serán utilizados para prevenir accidentes y ayudar en temas de infraestructura, señalización, iluminación y obras de seguridad vial.
“Si las cámaras son para salvar vidas, que salven vidas. No más ciudadanos convertidos en cajeros automáticos de alcaldías, concesionarios y operadores privados”, comenta el senador Correa.