La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció el pasado viernes 28 de agosto de 2026 la suspensión de la entrada en vigencia de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), instituciones diseñadas para llevar a cabo los nuevos exámenes teóricos y prácticos a los que los ciudadanos tenían que aplicar para conseguir las licencias de conducción en Colombia.
Se tenía previsto que los CALE iban a operar a partir del próximo lunes 14 de septiembre. No obstante, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, comentó en sus redes sociales que la medida será pausada mientras se llevan a cabo unas revisiones para verificar si los centros registrados realmente ayudan a contribuir a una mejor seguridad vial en el país.
El Ministerio de Transporte suspende la entrada en operación de los CALE para revisar su estructura, legalidad y costos.
— MinTransporte (@MinTransporteCo) August 28, 2026
La licencia podría pasar de $1,4 millones a $2,2 millones.
La ley se cumple, pero también protegemos el bolsillo de los colombianos. pic.twitter.com/w4G8AcwK2t
El objetivo de la entidad es proteger el bolsillo de los conductores del país. Hoy en día, el obtener la licencia de conducción llega a costar un valor de $1,4 millones. Si se llegaba a operar los CALE, este precio subiría a un precio de $2,2 millones, o sea, una adición de $800.000.
“Queremos mejores conductores y menos siniestros, pero cobrando lo justo y protegiendo el bolsillo de la gente”, concluyó la jefa de la cartera de Transporte.
Pronunciamiento del gremio de taxistas
Tras conocerse la decisión por parte del Ministerio del Transporte ante la suspensión del CALE, la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (ASOPROCTAX) emitió un comunicado comentando al respecto.
Por medio del líder del gremio, Hugo Ospina, celebraron la acción tomada por la ministra Noguera al considerar que este hecho representa un triunfo para las entidades transportadoras y para aquellas personas que han advertido sobre los riesgos jurídicos y económicos de este modelo.
Asimismo, Ospina comenta que no considera el momento adecuado para imponer nuevos costos para los ciudadanos del país, teniendo en cuenta los hechos ocurridos el pasado 10 de agosto de 2026, donde un fuerte terremoto impactó en varias zonas del país.
“Rechazamos que, bajo el argumento de mejorar la seguridad vial, se impongan requisitos o costos adicionales a los ciudadanos sin una justificación suficiente, sin el debido sustento jurídico y sin demostrar que realmente producirán mejores resultados en materia de seguridad vial”, afirmó.
Es ante ello que apoyan la decisión del Ministerio de Transporte de escuchar las preocupaciones que tenía el gremio, esperando por las decisiones que se van a aplicar en un futuro.
“Esperamos que la revisión anunciada sea integral, transparente y jurídicamente rigurosa, y que cualquier decisión respete plenamente la Constitución, la ley y los derechos de los ciudadanos. El transporte público merece reglas claras. Los ciudadanos merecen pagar lo justo y Colombia merece que las decisiones públicas se tomen con transparencia, legalidad y pensando primero en el interés general”, concluyó Ospina.