Gracias al Plan Cazador y la operación Ópalo, unidades del Gaula del Departamento de Policía Cundinamarca capturaron en flagrancia a Arnold Mauricio Poloche Zapata, señalado de sembrar el terror mediante extorsiones en el municipio de Yacopí.

El operativo de registro y allanamiento se ejecutó en la vereda Vinche en articulación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), la Seccional de Inteligencia y la Fiscalía 44 de Bogotá, poniendo fin a las intimidaciones económicas contra habitantes y comerciantes de la zona.

Suplantación del Ejército Gaitanista y exigencias de hasta $12 millones
De acuerdo con la investigación adelantada durante un mes por las autoridades, Poloche Zapata asumía falsamente el rol de comandante dentro del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) para doblegar a sus víctimas.
Para darle credibilidad a sus amenazas y generar zozobra en la población rural, el hoy capturado pintaba grafitis alusivos a dicha estructura armada ilegal y posteriormente exigía pagos extorsivos que oscilaban entre los 8 y los 12 millones de pesos.

Las labores de inteligencia permitieron identificar cinco víctimas potenciales y establecer que el sujeto obtenía un recaudo ilícito cercano a los 10 millones de pesos mensuales. Al verificar su historial judicial, los investigadores confirmaron que el detenido ya registraba antecedentes penales por el delito de receptación.
Hallazgo de un fusil M4 enterrado y material incautado
Durante la diligencia judicial en la vereda Vinche, los uniformados materializaron su captura por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
En el inmueble fueron incautados un revólver calibre .22, nueve cartuchos calibre 22, 17 cartuchos calibre 5.56 mm, dos teléfonos celulares y 4.500.000 pesos en efectivo.
Posteriormente, el capturado suministró información clave que condujo a las autoridades hasta una caleta subterránea donde mantenía enterrado un fusil M4 AR-15 junto con cuatro proveedores y munición calibre 5.56 mm. Todo el arsenal y el dinero recuperado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación como material probatorio dentro del proceso penal.
