La investigación por el asesinato del concejal José Elirio Pirabán Cataño, ocurrido en octubre de 2024 en el municipio de Paya, Boyacá, permitió a la Fiscalía General de la Nación identificar a cuatro personas que presuntamente estarían involucradas en una red de extorsión contra comerciantes, políticos y habitantes de esta población.
Según informó la entidad, antes del crimen se habrían presentado llamadas extorsivas e intimidatorias en las que un grupo de personas exigía grandes sumas de dinero a nombre del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre las víctimas de estas amenazas se encontraba otro concejal de la región, a quien le habrían solicitado 15 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, las exigencias económicas habrían sido realizadas por José Fredy Cataño Largo, José Rubián Cachay Largo, Nelson Yesid Continchara Cataño y Villamil Montaña Lombana. Los cuatro fueron vinculados al proceso por su presunta participación en los hechos.
La Fiscalía estableció que la entrega del dinero se había programado para el 17 de octubre de 2024. Sin embargo, esta no se concretó debido a que los presuntos extorsionistas habrían advertido la presencia de las autoridades en el lugar.
En la mañana del 18 de octubre de ese año, el concejal que había recibido las amenazas se movilizaba junto a José Elirio Pirabán Cataño en un vehículo por un sector conocido como Alto del Lunero, en el corregimiento de Morcote. Durante el recorrido, ambos fueron interceptados por hombres armados que los intimidaron con armas de fuego.
Según el relato de la Fiscalía, Pirabán Cataño fue retenido contra su voluntad y trasladado hacia un destino desconocido. Mientras tanto, el otro ocupante del vehículo fue obligado a abandonar el lugar y esperar nuevas indicaciones.
Un día después, el 19 de octubre, familiares y habitantes del municipio iniciaron la búsqueda del cabildante. Durante las labores encontraron su cuerpo a pocos metros del sitio donde había sido interceptado, con ocho impactos de bala.
La Fiscalía estableció los presuntos roles de los cuatro procesados, Cataño Largo habría realizado las exigencias económicas; Cachay Largo se habría encargado de vigilar a la víctima; Continchara Cataño habría participado en la retención del concejal, y Montaña Lombana presuntamente lo habría transportado.
La investigación, liderada por una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), permitió imputarles los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y extorsión agravada en grado de tentativa.
Durante las audiencias, los cuatro procesados no aceptaron los cargos. Sin embargo, un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
La Fiscalía también señaló que las evidencias recopiladas apuntan a que los investigados estarían intimidando a comerciantes, políticos y otros habitantes de Paya mediante exigencias económicas y amenazas contra sus vidas.