El municipio de Ataco, en el departamento de Tolima, tiene una población que puede llegar a los 20.000 habitantes y al parecer, de acuerdo con dos contratos que firmó la misma alcaldía en 2022, una necesidad a cubrir de manera urgente en el municipio eran los baños públicos.
Los contratos superaron los 21.500 millones de pesos y de acuerdo con la Fiscalía, estuvieron plagados de irregularidades. Se trata de recursos de regalías que el actual alcalde, su antecesor y un contratista lograron financiar a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD Paz), acceder a recursos del Sistema General de Regalías (SGR).
Por ese escándalo de corrupción fue capturado el actual alcalde del municipio, también su antecesor y el contratista a cargo de desarrollar el proyecto de infraestructura que finalmente quedó inconcluso, de acuerdo con el reporte que entregó la Fiscalía, donde advierten el listado de irregularidades.
“La Fiscalía presentará a los tres capturados ante un juez de control de garantías y, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, les imputará los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público agravada y peculado por apropiación agravado”, señaló el ente acusador.
Los investigadores de la dirección contra la corrupción continuaron con los actos de verificación y lograron establecer la presunta responsabilidad que tendría otra funcionaria de la alcaldía: la entonces secretaria de planeación municipal estaría comprometida en las presuntas irregularidades de este millonario contrato.
“Un proyecto financiado con recursos de regalías para construir 1.170 unidades sanitarias en 47 veredas de Ataco (Tolima) dejó al descubierto un presunto entramado de corrupción que direccionó dos contratos de obra y dos de interventoría por 21.550 millones de pesos. Las obras siguen sin terminar en este municipio, afectado durante décadas por la violencia e incluido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”, explicó el ente acusador.
Según la Fiscalía, Adriyojana Lugo Camacho, entonces secretaria de Planeación e Infraestructura, habría elaborado los estudios previos de las dos interventorías para favorecer a un único proponente y participado en el comité evaluador que recomendó adjudicárselas por 1.061 millones de pesos.
“Adicionalmente, como supervisora, es señalada de permitir la ejecución de obras sin acompañamiento de la interventoría. También avaló un acta de suspensión contractual en agosto de 2024, que aparecía firmada por el representante de la firma interventora, que nunca acudió a la reunión en la que se suscribió el documento”, explicó el ente acusador.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. La exsecretaria no aceptó los cargos y un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia.