Lo que en su momento el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, calificó como una feria de acuerdos en el escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se empieza a materializar con las decisiones de la judicatura que, en el caso del contratista Edgar Echeverry Toro, terminó en un contundente llamado de atención a la Fiscalía.
La Fiscalía pactó una negociación con este contratista que estuvo a cargo del manejo de recursos de la Fiduprevisora, supuestamente para llevar agua al departamento de La Guajira; sin embargo, las irregularidades detectadas llevaron a una imputación de cargos junto a Sonia Rocío Romero, los dos vinculados al escándalo con la Corporación Mixta Yapurutú.
Se hicieron desembolsos por más de $ 4.000 millones y, de acuerdo con la judicatura, la negociación pactada entre la Fiscalía y los dos procesados no compensa el daño causado al patrimonio de la Nación. La jueza negó el acuerdo y advirtió que la justicia no puede “cohonestar” con el delito.
“No puede la judicatura cohonestar con que los procesados conserven los dineros ilícitos destinados a atender la emergencia en el departamento de La Guajira, esto es, el incremento patrimonial fruto del desfalco a la UNGRD, y se vean beneficiados con las rebajas mediante un preacuerdo”, dijo la jueza.
En la decisión que tumbó este acuerdo se advierte que “quien obtuvo un provecho económico ilícito no pueda negociar con la Fiscalía a costa del daño patrimonial causado al erario público”, de ahí que el acuerdo con los procesados no pueda incluirse como un acto que se enmarca en la ley; todo lo contrario, está por fuera de los requisitos legales.
“Para esta juzgadora, pese a que los delitos objeto de negociación por parte del señor Echeverri Toro, el bien jurídicamente tutelado es la fe pública, esos delitos de falsedad ideológica en documento público y la falsedad en documento privado sirvieron de medio para lograr una ventaja económica para el representante legal de Yapurutú”, explica la decisión.
El acuerdo entre la Fiscalía y los dos procesados incluía una rebaja sustancial de la pena y, a cambio, una reparación al Estado que, en criterio de la judicatura, no era suficiente para entender que el daño causado al patrimonio de la Nación estaba subsanado; al contrario, la jueza advirtió la ilegalidad de la negociación.