El estatutico anticorrupción

El estatuto anticorrupción propuesto por el gobierno que se discute actualmente en el Congreso es un paño de agua tibia que no soluciona nada. Se centra en el tema sancionatorio eliminando subrogados pecuniarios y aumentando los años de cárcel para los delitos, mientras descuida el ámbito preventivo, es decir, el ataque de las causas y no los efectos de la corrupción, cayendo de este modo en el “populismo penal” (doctrina que asume que con el endurecimiento del componente punitivo del Código Penal se obtienen cambios sustanciales en el comportamiento de los agentes delincuenciales).
 
De la manera más esquemática, la corrupción puede definirse como la utilización indebida del poder que ostentan quienes desempeñan la función pública para la persecución de intereses de naturaleza particular. En esta medida, la corrupción es un problema complejo que adopta múltiples formas, se sitúa en el corazón del ejercicio del poder político y por ende de la democracia misma, propagándose a todos sus niveles como uno de sus principales enemigos.

La complejidad del fenómeno de corrupción exige para afrontarlo una política pública integral (no estatutdeicos aislados e inocuos) que despliegue diversas estrategias que ataquen todas las dimensiones del problema en forma diferenciada: no es la misma la corrupción departamental que la nacional, la del ejecutivo que la del legislativo, la de ciudades donde prima la institucionalidad (Bogotá) que la de ciudades donde el Estado está capturado por el narcoparamilitarismo (Valledupar, Montería, Riohacha) o la de departamentos donde sencillamente no hay Estado (Meta, Guaviare).

El aspecto más siniestro y peligroso de la corrupción consiste en que muchas veces se da al amparo de la legalidad, con respeto de todas las normas vigentes cuando éstas se prestan para favorecer intereses particulares. Los cambios amañados en el uso del suelo (terrenos que de un día a otro multiplican exponencialmente su valor porque se vuelven parte de una “zona franca”) y la merma en el recaudo nacional resultado de los “pactos de estabilidad tributaria” celebrados con 40 empresas “amigas” durante 20 años (eufemismo con el que se conoce este tipo de desfalco que le cuesta al país el 1.5% del PIB anual y fue componente esencial de esa burla a los colombianos conocida como “confianza inversionista”) son dos buenos ejemplos de este tipo de “corrupción legal” que heredamos del pasado gobierno.

El grueso de las ideas hasta aquí expuestas es sólo un resumen del debate anticorrupción al que asistí el martes pasado en la sede del Partido Verde en Bogotá, un ejercicio de participación ciudadana 'de entrada libre' estimulante que contó con la participación de Claudia López, Elisabeth Ungar y Juan Carlos Flórez.

El resto de esta columna quisiera dedicarlo a plantear una inquietud que por los límites de tiempo no alcancé a formular al final del foro. Todos los indicadores muestran que los más altos índices de corrupción en Colombia se presentan, territorialmente, en el nivel local y, por ramas, en la legislativa, que es con razón la más desprestigiada del poder público colombiano.

Esta situación abre un espacio privilegiado de discusión para la propuesta de reforma electoral del senador John Sudarsky, que se ofrece como una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción porque embiste al mismo tiempo sus dos focos más mórbidos: el Congreso, la más desacreditada de todas las instituciones del país, y el nivel local, pues los distritos uninominales propuestos para elegir la mayor parte de los parlamentarios en últimas buscan "localizar" la relación de representación entre elector y elegido, con miras a darle mayor visibilidad y transparencia a la gestión legislativa para facilitar su control y la rendición de cuentas. No es gratuito que el principal objetivo enunciado en la exposición de motivos de la reforma sea combatir el clientelismo, que no es otra cosa que la forma institucionalizada más grave de corrupción.

Éste es apenas un ejemplo de cómo podrían integrarse diversas estrategias, por sectores críticos, para perseguir un fin común. Sin embargo, en medio del calamitoso escenario de descomposición institucional que hoy aflige la capital del país, el Partido Verde, la segunda fuerza electoral en las pasadas elecciones presidenciales gracias a su bandera en favor de la legalidad que supo canalizar el sentimiento de insatisfacción de buena parte de la ciudadanía, aún no ha sido capaz de estructurar con miras a las próximas elecciones locales una propuesta seria (y con peso en la agenda política y mediática) de lucha contra el flagelo de la corrupción que es, de lejos, el principal problema que hoy enfrenta el país.

En el debate se denunció con razón la ausencia de políticas públicas innovadoras en la materia pero, al mismo tiempo, resulta increíble que ni siquiera se haya mencionado la reforma electoral de Sudarsky, que justamente eso es, la propuesta más innovadora que se haya formulado en la historia del país para combatir el clientelismo, toda vez que lo ataca desde la raíz del problema en lo que al legislativo concierne: la falta de una verdadera relación de representación, transparente y con posibilidad de control ciudadano.

Contextualizar y articular las distintas propuestas de sus líderes (que por el momento aparecen como heroicas iniciativas dispersas) en una política pública integral de lucha contra la corrupción es una de las tareas prioritarias del Partido Verde en este momento. Aún está a tiempo de hacerlo, pero hay que hundir el acelerador. 

¿Se anima a formular y a contestar preguntas sobre el tema de corrupción? Haga clic aquí.

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*Candidato a Doctor (PhD) en Ciencia Política por la Universidad París II Panthéon-Assas
http://iuspoliticum.blogspot.com
Twitter: florezjose