Entre la contundente derrota republicana en las elecciones de mitad del mandato en Estados Unidos y el llamativo escándalo por los presuntos contratos a cambio de favores sexuales en la Presidencia de Gustavo Petro, pasó inadvertido el conflicto entre el ministro de Agricultura y el presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos. Esta semana se revelaron audios en los que ambos protagonizan un fuerte cruce de palabras durante una reunión institucional. Dos hombres que se conocen hace décadas hoy discuten parte del futuro de un sector que sostiene a más de 650.000 familias.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, señaló en varios medios de comunicación que el choque obedece a diferencias personales del pasado. Por su parte, el ministro Indalecio Dangond anunció una auditoría al Fondo Nacional del Ganado, que ha manejado cerca de un billón de pesos en sus últimos ocho años de operación, para investigar posibles irregularidades y si los recursos se usaron para los fines que fija la ley.
Tal vez Lafaurie tenga razón al alegar una arbitrariedad, pero la carga de la prueba recae en él y puede que carezca de elementos para sostenerla. No obstante, es innegable que parte de la opinión pública ha atribuido al Gobierno actual la salida de algunos dirigentes gremiales, y que un ministro le grite a uno de ellos no solo profundiza esa percepción y perjudica a todo el gabinete, sino que permite que la discusión de fondo pierda relevancia.
Incluso con el error de forma, el ministro no solo tiene la facultad de promover la auditoría, sino que acierta al revisar el recaudo y el gasto encomendados a Fedegán. Después de recibir recursos públicos de tal cuantía desde 2019, lo mínimo prudente es evaluar su desempeño.
Vale la pena preguntarse por la vacuna de la aftosa. En 1997, la Ley 395 aumentó la cuota de fomento que pagan los ganaderos por cada res sacrificada y por cada litro de leche vendido, y destinó la mitad de ese aumento al programa de erradicación de la fiebre aftosa mientras se cumplieran los objetivos de la norma. Colombia obtuvo en 2009 la certificación internacional como país libre de aftosa con vacunación, y casi tres décadas después de su creación el recargo sigue vigente.
Fedegán sostiene que conservar ese estatus exige vacunar de forma permanente, y es cierto que las coberturas rondan el 99 %. Sin embargo, el ganadero financia la operación con la cuota y además compra el biológico con su propio dinero. Un recargo creado para cumplir una meta específica se justifica mientras esta no se haya alcanzado, pero cuando el objetivo ya no tiene fecha de cumplimiento, deja de ser una contribución transitoria y empieza a parecerse a un impuesto permanente. Dado que la prioridad pasó de erradicar la enfermedad a mantener el estatus sanitario, prolongar el cobro debería ser una decisión expresa del Congreso y no la consecuencia de un contrato que se renueva por inercia.
Ahora bien, el aumento destinado a la aftosa es solo una parte de lo que administra el Fondo Nacional del Ganado. La Ley 89 de 1993, que creó la cuota de fomento y encargó a Fedegán su administración, define en su artículo 4 en qué deben invertirse esos recursos. Entre otros fines, menciona la investigación científica, la asistencia técnica y la transferencia de tecnología para aumentar la productividad, el apoyo a las exportaciones y la cofinanciación de infraestructura en las zonas productoras, y obliga a reservar al menos el 10 % de lo recaudado para promover el consumo de carne y leche en los hogares de bajos ingresos. Con esa lista como referencia, la auditoría debería establecer si el dinero ha servido para mejorar la genética del ganado colombiano, extender la ganadería regenerativa y tecnificar a los pequeños productores.
Esa revisión no debería quedarse en lo que ocurre dentro de las fincas, porque al Fondo también le corresponde apoyar las exportaciones. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos está vigente desde mayo de 2012 y le concede a la carne colombiana una cuota libre de aranceles, pero en catorce años el país no ha podido vender un solo kilo allí porque no ha obtenido la admisibilidad sanitaria. El principal obstáculo es la falta de un sistema de trazabilidad que certifique el origen de los animales en la zona desde donde se exportaría, una tarea en la que han fallado tanto el gremio como el Estado.
Más allá de la auditoría, en términos estratégicos, el ministro podría apostar a que la junta directiva de Fedegán elija a otro presidente en diciembre, cuando termina el periodo actual de Lafaurie. No parece fácil, porque acaba de respaldarlo públicamente y él lleva 22 años al frente del gremio. A fin de cuentas, al margen de las diferencias personales o políticas, un sector que ocupa la mayor parte del suelo agropecuario con una baja productividad por hectárea necesita avanzar con cifras y no con gritos. Si la auditoría se hace con rigor, terminará siendo un servicio a los propios ganaderos, que son quienes pagan la cuota.