Rodrigo Londoño aseguró en una audiencia que los secuestrados de las Farc recibían buen trato, y nadie en la sala lo contradijo. Los videos de esa diligencia ante la JEP, grabados en 2019 y revelados esta semana por la senadora María Clara Posada, reavivaron un debate conocido sobre la verdad, el costo de la jurisdicción y los bienes que nunca llegaron a las víctimas, aunque deja por fuera tres asuntos de fondo. El acuerdo fue diseñado para incumplirse, el modelo de justicia transicional fracasó en sus propios términos y la burocracia del tribunal creció a su antojo.
Hace diez años ganó el No por unos 54.000 votos. Santos respondió con un texto renegociado que firmó en el Teatro Colón y refrendó en el Congreso, sin volver a consultar a los ciudadanos. La Corte Constitucional avaló ese camino, pero lo legal no siempre es democrático. Luego vino el Acto Legislativo 02 de 2017, que obliga a tres gobiernos sucesivos a cumplir lo pactado. Así, un presidente al que las urnas le negaron ese pacto comprometió los presupuestos de administraciones que aún no existían. Su capricho fue política de Estado.
Lo hizo sin un costeo serio. La Contraloría acaba de confirmarlo. Entre 2017 y 2026 se ejecutaron $ 138 billones, apenas el 65 % de lo proyectado, porque las necesidades se subestimaron desde el inicio y nunca se actualizaron. Hoy se acusa a Duque y a Petro de incumplir, la verdad es que el acuerdo era imposible de financiar tal como se escribió, y quienes lo firmaron lo sabían o debieron saberlo.
Segundo, la gran promesa de la JEP era la eficiencia. Como los responsables confesarían, no habría que probarles nada en largos juicios, y la justicia llegaría pronto y a menor costo. Las Farc reconocieron sus crímenes. Aun así, tras ocho años y casi 4 billones de pesos, apenas hay dos sentencias restaurativas en firme, y solo una contra la antigua guerrilla, ratificada en julio pasado. Las sanciones al Secretariado ni siquiera han comenzado.
El presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, alega que la JEP no puede compararse con las altas cortes porque cumple seis funciones. Ese argumento confirma el problema. Un sistema construido sobre la confesión debía necesitar menos estructura, no más. Si con la verdad sobre la mesa resulta más lento y costoso que la justicia ordinaria, el modelo falló en sus propios términos.
La confesión tampoco fue completa, la propia JEP respondió esta semana que las torturas a los cautivos están más que probadas. Los beneficios dependían de aportar verdad plena, pero aquella mentira no tuvo consecuencia alguna. Igual pasó con el inventario de casi un billón de pesos que las Farc se comprometió a entregar para reparar las víctimas. Según la SAE, se monetizó menos del 5 %. Incumplieron de frente y nadie perdió privilegios.
Por último, la JEP se ha embriagado de burocracia. La ley le permitió fijar su estructura, y lo hizo con generosidad. Sumando sus acuerdos internos, el personal de planta pasó de 894 cargos iniciales a cerca de 1.466, un crecimiento de al menos 64 %. El salto mayor llegó en 2023, con aval presupuestal del gobierno Petro. A eso se suman 1.218 contratistas. Néstor Raúl Correa, su primer secretario ejecutivo, renunció en 2018 denunciando que los magistrados imponían su criterio en el reparto de puestos.
Ramelli responde que la justicia ordinaria tiene 35.000 funcionarios y la Fiscalía 28.000. La comparación correcta no es de tamaño sino de productividad. Ahora enfrenta una reducción de $ 170.000 millones para 2027 y advierte que recortar equivale a cerrar. No es así. Con el ajuste conservaría unos $ 650.000 millones, y el mismo tribunal reconoce ahorros por $ 21.575 millones, prueba de que había margen de maniobra pero poca voluntad de ahorro. La Corte Penal Internacional, a la que acudió, interviene ante la impunidad, no frente a un tijeretazo fiscal.
El acuerdo le dio un Nobel a Santos y lavó la cara de las Farc, pero no trajo una paz estable ni devolvió la dignidad a las víctimas. Dos periodos de curules sin votos, beneficios sin verdad, atrocidades sin reparación y un tribunal que escucha entre sonrisas. Una década después, el paquete chileno quedó al descubierto.