El plan B

Con la caída la reforma a la salud, el Gobierno puso el acelerador para poner en marcha su plan B. Años de discursos retóricos, cuyo común denominador había sido que el sistema necesitaba una “reforma estructural”, quedaron ahora reducidos a cambios de tipo administrativo que ya están haciendo por vía regulatoria. Más allá de que legalmente es viable hacerlo por la vía de decretos y resoluciones, es importante analizar las implicaciones de los cambios planteados en los últimos días.

Claramente, el Ejecutivo tiene otro instrumento silencioso, pero efectivo: dejar de hacer. El sistema de salud es profundamente vulnerable al flujo de recursos. Cualquier demora genera una reacción en cadena dentro de todo el sistema: las EPS dilatan sus pagos a las IPS y proveedores de medicamentos e insumos; las IPS cuya estructura es sustentada en costosos equipos de diagnóstico y tratamiento –costos hundidos, ya que no pueden dedicarse a otra actividad–, solo podrán sobrevivir reduciendo la contratación de personal, las compras y pagos a proveedores. Al final, se impacta la producción y la entrega de servicios, y todo el sistema se ralentiza con la perjudicial acción sobre los pacientes, quienes dejan de recibir servicios y terminan pagando la factura final.

Paradójicamente, las EPS serán transformadas, ahora sí, en intermediarias. En el modelo de gestoras de salud, se elimina la gestión financiera y se les pagará por una función netamente administrativa: el 5 % –según la defenestrada reforma– más el 3 % por incentivo. Estarán en el mejor de los mundos porque dejarán de asumir, desde su patrimonio, los riesgos de salud de los pacientes y el riesgo de impago desde el Gobierno. Buen arreglo de divorcio, facturarán por auditar y el Estado será quien asuma el riesgo.

Sin embargo, el gran perdedor de esa cuenta serán nuevamente los pacientes. Pasaremos de un sistema garantista a uno irresponsable, donde el sujeto de garantía del derecho –a través de la tutela– se pierde. Ahora vaya a saber a quiénes se demandará cuando los servicios no les sean reconocidos por redes desintegradas de prestadores, sin responsabilidad integral frente al afiliado. Entre tanto, Gobierno nacional y regional mirando hacia el cielo.

Se argumenta que, girando directamente los pagos a IPS desde la ADRES, se evitará la intermediación de las EPS y se agilizarían los pagos. Eso puede que sí suceda en los primeros meses, pero, inmediatamente después, se presentará el gran trancón de facturas que deberán ser doblemente auditadas por las EPS y una ADRES, con muy restringidas capacidades. Los anticipos previstos serán entregados, pero quedaremos con una bola de nieve de cuentas no liquidadas, como ya sucedió cuando los departamentos quedaron a cargo de las cuentas No POS del régimen subsidiado.

Los hospitales públicos y muchos privados son facturadores lentos. Cuando esta situación impacte su equilibrio financiero, veremos una mayor presión para transformar todo el sistema a subsidios a la oferta. Este es el panorama que nos espera, solo en el principio, porque, en el mediano plazo, la cuenta la pagaremos todos, empezando por las mismas IPS.

Se perderán años de conocimiento sobre el mercado de servicios acumulados por EPS, serán botados a la caneca con las capacidades e información acumulada. También se perderán años de experiencia en desarrollo de mecanismos de pago eficientes entre aseguradores y prestadores, al imponer un tarifario único que, ineludiblemente, terminará nivelando los precios por lo bajo. No hay dinero suficiente para nivelarlos de otra forma. ¿Cuál será el resultado? La depredadora competencia entre IPS por los servicios con mejores precios en el tarifario y el deterioro en la calidad de los servicios. Nuevamente, pierden los pacientes y veremos la quiebra de varias IPS privadas.

No obstante, la mayor crisis será de salud pública. Las abuelitas decían que prevenir es curar, pero esa sabiduría nunca decía en cuánto tiempo ni qué tan efectiva sería esa capacidad de prevención en un tema como la salud, donde, desde que nacemos, iniciamos el conteo, hasta ahora, hacia la ineludible fatalidad de la muerte. Mientras el sistema recorra los caminos de Colombia con equipos no resolutivos de salud, estaremos acumulando la mayor carga de enfermedad en millones de personas desatendidas o deficientemente cubiertas en servicios y medicamentos. Allí sí veremos incrementarse la tan difamada mortalidad evitable.

¿Cuánto le podrá durar el paraíso prometido a las EPS que se transformen en gestoras? Mucho me temo que muy poco, tan pronto como se haga evidente su inutilidad como sujeto público de las fallas del sistema dentro del “nuevo modelo de salud”. En ese momento, el Estado finalmente le verá a cara a la gente.

Adenda. Tan mal vamos que nuestro sistema ya descendió 46 puestos, según la revista especializada Ceoworld: de estar entre los mejores 31 sistemas, caímos al puesto 81.