El presidente del Senado y la fiebre aftosa

La reaparición de la fiebre aftosa en diferentes regiones dejó al descubierto irregularidades que eran vox populi pero que avanzaban -como tantas otras en Colombia- en total impunidad.

Ni el gobierno ni la Policía atendieron durante los últimos años las alarmas de individuos y gremios sobre el contrabando intensivo de ganado venezolano.   Solo el estallido de la enfermedad, que vino de allá, los obligó a confirmar hace pocas semanas, que ganaderos y personas “decentes” vinculadas a la cadena alimenticia de la carne, hacen extraordinarias ganancias con ese negocio. Según Fedegán se trata de una mafia que introduce 250 mil bovinos al año por valor superior a $400 mil millones de pesos.

Sumidas en la crisis, las autoridades pregonan ahora los resultados de “intensos operativos”, pero omiten explicar por qué no los hicieron antes. Ni ellos, ni Fedegán, revelan detalles del funcionamiento de las bandas, ni de quienes las integran y menos aún de cuáles son los ganaderos “respetables y conocidos” que prestan sus fincas para acopiar y organizar la distribución y venta en nuestro territorio del ganado y la carne de Venezuela. Sería tan constructivo como ejemplarizante que fueran sancionados por sus crímenes, pero en Colombia los grandes delincuentes suelen contar con garantías de impunidad.    

A la hora de las cuentas y responsabilidades nadie ha logrado camuflar con mayor efectividad su parte en esta crisis, como uno de sus principales protagonistas: el actual presidente del Senado, el senador del Atlántico Efraín Cepeda. Desoyendo los reclamos de diferentes gremios y voces de alerta de medios de comunicación, el gobierno entregó en el año 2013 el manejo del ICA, la principal entidad técnica del sector agrícola, al senador Cepeda, uno de los cocodrilos grandes de la contratación y la burocracia en Colombia. La aftosa ha venido a confirmar a gritos lo que se venía diciendo desde distintas tribunas: bajo la égida de Cepeda y de sus protegidos se precipitó la destrucción técnica y moral del ICA. La politización y el estallido de la corrupción en una de las entidades más importantes para los intereses del país.

Cepeda puso en la dirección del ICA a uno de sus hombres de confianza, Luis Humberto Martínez Lacouture, un veterinario y administrador agropecuario de Barranquilla, que no demoró en poner la entidad al servicio de su causa política. En 2014 enfrentaron el primer escándalo cuando el sindicato y varios medios denunciaron una maniobra para remover subgerentes y otros funcionarios técnicos, con años en la entidad, conocimiento y experiencia en los temas a su cargo, y reemplazarlos por cuotas políticas del Senador.  Una investigación de la emisora La W, de Julio Sánchez Cristo, ilustró también que tan solo en sus inicios, Martínez firmó 1.592 contratos en todas las seccionales del país, la mayoría “a abogados con sueldos altísimos”, que habrían sido ordenados por el senador Cepeda y repartidos entre varios congresistas “que formaban parte de la Unidad Nacional de cada una de las regiones del país para sus familiares o allegados”.

 El “efecto Cepeda” en el ICA se resume en que la entidad pasó en el Índice de la Corporación Transparencia por Colombia, de ser la cuarta entidad más transparente del país en 2009, a la 44 en 2014 -con riesgo medio de corrupción- y a la 68 en 2016, una de las ocho con mayor riesgo de corrupción.

El funcionamiento técnico y pulcro del ICA es vital para la agricultura y para el comercio exterior porque la entidad es la máxima autoridad sanitaria, encargada de garantizar que el país esté libre de plagas animales o vegetales.  Maneja un presupuesto de $96.000 millones anuales, 1.300 puestos fijos, una nómina paralela que supera los dos mil contratos y $180.000 millones anuales para gastos de inversión. Algunos cargos son muy apetecidos, en particular los de los funcionarios encargados de firmar resoluciones que autorizan entradas o movimiento de animales y vegetales.

En el contrabando de ganado desde Venezuela ha sido constante la aparición de guías de movilización del ICA, que certifican que el ganado es colombiano y que va de un predio a otro, cuando realmente son de contrabando.

La aftosa puso también en evidencia el grave desmedro que ha sufrido el ICA en las tareas de prevención y control sanitario a su cargo. Es una expresión, entre muchas otras, de cleptocracia, captura del Estado, la cadena de dádivas, complicidades y contraprestaciones que caracteriza y ensucia la relación del Congreso y el Gobierno. Instituciones fundamentales para el país al servicio de intereses particulares de políticos inescrupulosos y de sus compinches.  

Como resultado de un esfuerzo de muchos años de ganaderos e instituciones, en el año 2016 nuestro país logró exportaciones de carne a 17 países, por un valor de 50,5 millones de dólares. Por la aftosa perdimos temporalmente muchos de esos mercados, pero sobre todo por la insensatez de demoler con politiquería y clientelismo la solvencia técnica y científica de la principal autoridad sanitaria del país, algo que ameritaría causas civiles y penales en otros países del mundo. Aquí es un común denominador porque la “ñoñomanía” afecta a muchas otras entidades. Por eso mismo será que un gran protagonista del desastre del ICA no está ante los estrados judiciales sino en la presidencia del Senado.

@germanmanga