En un país donde el delincuente se arma sin permiso y la autoridad muchas veces llega tarde, el porte legal puede darle a una víctima una posibilidad de reacción, pero no desarma a quienes sostienen la violencia. La discusión no es solo quién puede llevar un arma: ¿se fortalece la legitimidad del Estado cuando su respuesta a la inseguridad es ampliar el porte civil?
Colombia no será más segura porque aumente el número de ciudadanos autorizados para portar un arma. Será más segura cuando las bandas pierdan el control de los territorios, la autoridad llegue a tiempo y la justicia deje de ser una promesa.
Esa es la discusión que el Decreto 1368 no resuelve.
La medida levantó la suspensión general y reactivó los permisos de porte vigentes. No autorizó a todos los colombianos a salir armados ni convirtió los permisos de tenencia en permisos de porte. El porte civil ya existía; el decreto amplió una posibilidad que estaba restringida.
El Gobierno sostiene que la suspensión terminó perjudicando al ciudadano que cumple la ley, mientras el delincuente continuó armado sin pedir permiso. Bajo esa lógica, la medida no pretende armar indiscriminadamente al país, sino devolverles capacidad de defensa a personas previamente autorizadas.
El argumento parte de una verdad: las organizaciones criminales no dependen de permisos legales para conseguir armas.
Pero de esa verdad no se desprende la conclusión del Gobierno. Que la restricción haya sido insuficiente para desarmar al delincuente no demuestra que ampliar el porte civil vaya a reducir los homicidios, los secuestros, los atracos o la extorsión.
Una medida puede ser legal y, al mismo tiempo, ser políticamente equivocada.
El Estado tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Un permiso de porte es una autorización excepcional, condicionada y revocable; no le transfiere al ciudadano la responsabilidad de garantizar la seguridad ni lo convierte en sustituto de la autoridad.
La legitimidad del Estado no se mide únicamente por su facultad para autorizar armas. También se mide por su capacidad para evitar que los ciudadanos sientan que necesitan una para sobrevivir.
Durante la suspensión general, las personas sometidas a riesgos extraordinarios podían solicitar autorizaciones especiales. El Gobierno pudo revisar ese sistema, corregir sus demoras y hacerlo más riguroso y efectivo para cualquier ciudadano con una amenaza comprobada. En cambio, decidió levantar la restricción para todo el territorio nacional.
La inseguridad no se vive igual en una finca aislada, una carretera secundaria y el centro de una gran ciudad. Pero esa diferencia no significa que la profesión, el patrimonio o la posición social deban facilitar el acceso al porte. El criterio debe ser el riesgo comprobado, no la capacidad económica de quien pide protección.
Quien ha sufrido una extorsión, un secuestro o un robo conoce la impotencia de pedir ayuda y descubrir que la autoridad está demasiado lejos. Es comprensible que una persona, ante una amenaza de vida o muerte, intente defenderse. Lo que no puede aceptarse es que una reacción extrema de supervivencia termine convertida en la respuesta ordinaria del Estado.
Además, la víctima casi nunca enfrenta al delincuente en igualdad de condiciones.
En las ciudades, el atracador escoge el lugar, el fletero recibe información y la banda estudia el negocio antes de actuar. En el campo, estructuras armadas y redes de delincuencia conocen las rutas, los movimientos y la capacidad económica de sus víctimas.
Cuando llega la llamada extorsiva, aparece el retén o comienza el secuestro, muchas veces el ataque ya fue planeado. El agresor conserva la información, la iniciativa y la posibilidad de escoger cuándo actuar.
Quienes defienden el decreto afirman que un delincuente puede pensarlo dos veces si sospecha que su víctima está armada. Puede ocurrir. Esa posibilidad debe reconocerse.
Pero el efecto contrario también es posible: que el agresor decida disparar primero, actúe con mayor violencia o busque más poder de fuego. La misma incertidumbre que podría disuadirlo también puede volverlo más peligroso.
A esto se suma una sociedad con graves problemas de intolerancia. Una riña, una discusión de tránsito, un conflicto entre vecinos o una noche de alcohol pueden terminar de otra manera cuando hay un arma cerca.
No se trata de acusar al propietario legal de ser violento. Se trata de entender que una mayor circulación de armas aumenta las consecuencias de una reacción equivocada.
Tampoco existe una frontera infranqueable entre las armas legales y las ilegales. Un arma puede perderse, ser robada, revendida o desviada. Algunas comienzan su recorrido bajo control estatal y terminan en manos criminales. La legalidad de su origen no garantiza la legalidad de su destino.
El problema político consiste en confundir defensa con seguridad.
El arma de la víctima solo entra en escena en el último instante del delito. No descubre al informante, no intercepta la orden, no desarticula la banda ni recupera el territorio. Tampoco investiga la extorsión, impide que desde una cárcel se amenace a una familia o rompe la impunidad que permite repetir el crimen.
Eso exige inteligencia, presencia territorial, investigación criminal y justicia.
Una política de seguridad seria empieza mucho antes del enfrentamiento: cuando el Estado identifica la red, protege a la posible víctima, actúa sobre la amenaza y evita que el delito ocurra. Si la única respuesta comienza cuando el ciudadano ya tiene al agresor enfrente, toda la institucionalidad llegó tarde.
El Decreto 1368 cambia la capacidad de reacción de algunos ciudadanos, pero no le devuelve al Estado la iniciativa frente al crimen. Las bandas conservan las armas, las rentas ilegales y el control territorial. Esa es la deuda que el Gobierno todavía no resuelve.
Si dentro de un año hay más personas portando legalmente, pero continúan la extorsión, el secuestro, el sicariato y el control armado de los territorios, el decreto no habrá cambiado quién manda.
Un país no es seguro porque más ciudadanos puedan responder al ataque. Es seguro cuando el Estado evita el ataque y hace que el criminal tema a la justicia, no al arma de su víctima.