Laura tenía tan solo 15 años cuando inició un tratamiento hormonal para cambiar de sexo. Años después, ha cuestionado las decisiones médicas y la precipitación con la que actuaron. Su historia se ha convertido en un impulso para que Colombia se plantee cómo proteger a sus menores con mucha más responsabilidad de la que se ha tenido hasta ahora. Los niños y adolescentes no deberían ser expuestos a decisiones irreversibles, especialmente cuando estas han sido cuestionadas por abundantes estudios de la comunidad científica.
De esa necesidad nació la llamada Ley Laura, un proyecto recientemente radicado en el Senado de la República que busca prohibir las intervenciones médicas de afirmación de género en niños, niñas y adolescentes. Las técnicas utilizadas, como los bloqueadores de pubertad, los tratamientos hormonales y determinados procedimientos quirúrgicos, plantean serios interrogantes sobre sus efectos a largo plazo y sobre la certeza en su aplicación. Por tal razón, dada la falta de información para tomar decisiones de esta naturaleza en menores de edad, la iniciativa también contempla un régimen sancionatorio para quienes incumplan estas normas.
Ahora bien, no se trata de una regulación dirigida a los adultos, ni de una iniciativa contra la población LGBT, sino de una propuesta que pone en el centro la protección de los menores de edad frente a cualquier manipulación médica o ideológica. De hecho, una investigación finlandesa publicada este año en la revista Acta Paediatria muestra la magnitud de esta preocupación. Entre los 2.083 jóvenes menores de 23 años remitidos a servicios especializados de identidad de género dentro del estudio, el 45,7 % ya requería tratamiento psiquiátrico especializado antes de la consulta, cifra que llegó al 61,7 % dos años o más después. Entre quienes recibieron tratamientos feminizantes, la proporción pasó del 9,8 % al 60,7 %, y entre quienes recibieron tratamientos masculinizantes, del 21,6 % al 54,5 %.
En ese sentido, ante cifras como estas, lo mínimo sería actuar con mayor prudencia frente al alcance de estas intervenciones. A diferencia del discurso de los contradictores de la Ley Laura, los datos del estudio no muestran una disminución de problemas psiquiátricos después de estos tratamientos; al contrario, muestran un aumento en el periodo observado. No obstante, en los últimos días han querido desviar la discusión de lo verdaderamente importante.
Algunos activistas han intentado reducir la conversación al hecho de que en Colombia no se realizan cirugías genitales de afirmación de género en menores de edad. Y es cierto. Pero que hoy no se realicen estas cirugías no significa que prohibirlas carezca de sentido ni que las otras medidas deban ignorarse. Convertir la ausencia actual de cirugías en el argumento central en contra de la Ley Laura es reducir el proyecto a una sola de sus propuestas y dejar de lado la discusión que realmente está planteada.
Si los menores de edad son sujetos de especial protección, el Estado tiene el deber de garantizar que esa protección sea efectiva y de evitar cualquier circunstancia en la que se pueda poner en riesgo su bienestar.
Por tanto, el Congreso tiene ahora la responsabilidad de asumir este proyecto con la seriedad que se merece, sin caricaturizar el debate ni descalificar como fanáticos a quienes plantean estas preocupaciones. Se trata de discutir cuáles han sido los resultados de estos tratamientos en Colombia, en qué condiciones se han realizado y cuáles deberían ser los límites correctos para blindar a la niñez.
Laura merece justicia; merece que su historia sea atendida. Colombia, por su parte, no puede ser indiferente: tiene que pensar primero en los niños.