Recientemente, y como parte de una estrategia previsible, han surgido comentarios de sectores cercanos a quienes utilizan la duda generalizada como estrategia de comunicación. Dichos comentarios cuestionan la supuesta posición guerrerista del Gobierno en su interacción con los grupos al margen de la ley. Sostienen que la exposición de los cuerpos de los abatidos constituye una estrategia del presidente de la Espriella, quien —según ellos— no respeta la vida humana y se vanagloria de la violencia como rasgo de su personalidad.
Esta estrategia comunicativa resulta poderosa en un país como Colombia, donde la violencia ha destrozado tantos hogares y, durante décadas, ha dejado familias enteras destruidas. Sin embargo, dicha postura no es más que el reflejo de la confusión de valores que aqueja a quienes, desde una posición sectaria, dejan de considerar el bien común como guía de las decisiones del Estado.
Lo más evidente es que quienes actúan al margen de la ley causan un daño inconmensurable a quienes viven dentro de ella. Los criminales en Colombia se caracterizan por el secuestro, las masacres, el reclutamiento de menores, los asesinatos, la coerción, el boleteo y actividades ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. En otras palabras, los cadáveres expuestos corresponden a personas que, desde la maldad y el irrespeto por la vida, convierten la existencia de sus compatriotas en un camino de injusticia, incertidumbre y dolor.
El Estado, en su función de defender la vida, la propiedad y la honra de los ciudadanos, tiene la obligación de proteger a los colombianos víctimas de estos rufianes. No se trata aquí de un enemigo fácil de controlar ni de ‘mansas palomas’. Se trata de estructuras armadas y organizadas, preparadas para la guerra, que no respetan ni la Convención de Ginebra ni las normas que regulan los conflictos armados. Son grupos que instalan carros bomba en los pueblos, atacan sin piedad a la Fuerza Pública con ayuda de drones y no respetan siquiera a los niños en brazos de sus madres.
A pesar de ello, cuando el Estado golpea legítimamente a estas estructuras criminales con el poder que le confieren la Constitución y las leyes, ciertos comunicadores se rasgan las vestiduras porque las Fuerzas Armadas defienden a la población indefensa de estos camajanes. Salen, entonces, a gritar ‘asesinos’, ‘violentos’ y toda clase de apelativos contra quienes exponen su vida para proteger a los habitantes pacíficos que quedan atrapados entre dos fuegos.
Puede ser que, en su mente desadaptada, todavía piensen que el Estado y los criminales se encuentran en la misma orilla de la violencia. Pero se equivocan de manera radical. Una cosa son quienes tienen como función defender las instituciones y al pueblo colombiano, y otra muy distinta son los grupos que, como el denominado Bendito Menor, arman ejércitos de cientos de hombres para delinquir de manera coordinada. Nunca serán equiparables, a pesar de los gritos de quienes, desde una posición complaciente con los bandidos, pretenden presentarlos como equivalentes.
Por eso, al escuchar a quienes denigran del Estado y de sus representantes por combatir la criminalidad que hace de Colombia un país en el que resulta difícil vivir, no queda otra opción que dejar de considerar al ser humano que yace a los pies de las instituciones como un colombiano más y reconocerlo como el victimario de cientos de compatriotas que han sufrido la violencia y la ausencia de instituciones en distintos territorios.
A la estrategia de simplificar el significado de la exhibición de los cadáveres de criminales abatidos se sumarán, con el tiempo, nuevas narrativas. Afortunadamente, el pueblo colombiano ha aprendido a ignorar semejantes manipulaciones y a desearles tanto al presidente como a las Fuerzas Armadas y a las instituciones el mayor de los éxitos en su lucha contra estas mafias, que algunos, escondidos detrás de los teclados de sus computadores, defienden desde posturas ideológicas insostenibles.