La serie documental El 8.000, estrenada por HBO Max, no revive simplemente uno de los episodios más vergonzosos de la historia política colombiana. Nos obliga, treinta años después, a mirar el presente con menos ingenuidad. El Proceso 8.000 no es una página amarillenta de los noventa, es un espejo incómodo de la forma cómo una parte del país aprendió a convivir con la corrupción, a relativizarla, a explicarla y, en demasiados casos, a premiarla.
La fuerza del documental está en recordarnos que la memoria política no sirve para la nostalgia, sino para reconocer patrones. El escándalo que investigó la entrada de dineros del Cartel de Cali a la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994 dejó, al menos, tres advertencias que Colombia no puede seguir ignorando: el cinismo del poder debe desenmascararse, la valentía del periodismo debe defenderse y el valor de una justicia independiente debe preservarse.
El cinismo: Ernesto Samper Pizano quedó instalado en la historia como una de las representaciones más concretas del cinismo político colombiano. Su defensa pública, sus frases célebres y su manera de plantarse ante el país mientras se acumulaban evidencias sobre la financiación irregular de su campaña, dejaron una marca profunda. “Todo fue a mis espaldas” y “aquí estoy y aquí me quedo” no fueron simples salidas retóricas: fueron la expresión de una ética torcida, capaz de convertir la responsabilidad política en una teatral defensa personal.
Lo más grave del Proceso 8.000 no fue solo que el narcotráfico hubiera tocado las puertas del poder. Lo más grave fue comprobar hasta dónde podía estirarse el lenguaje para justificar lo injustificable. Desde entonces, Colombia ha visto repetirse esa fórmula: negar, victimizarse, atacar a quienes investigan y esperar a que el tiempo desgaste la indignación. En ese sentido, el 8.000 no terminó; cambió de escenario, de protagonistas y de discurso.
La comparación con las infiltraciones a la campaña de Gustavo Petro en 2022 parece inevitable. Primero minimiza, luego denuncia persecución, después convierte a los investigadores en enemigos políticos y, finalmente, apuesta a que la fatiga ciudadana haga su trabajo. En el caso Petro, las investigaciones sobre la campaña y el debate sobre los topes no pueden ser despachados, sin más, como una conspiración. Esperemos que el resultado de las investigaciones arrojen la verdad.
La valentía: Mauricio Vargas, Edgar Téllez y Jorge Lesmes demostraron que el periodismo puede incomodar al poder hasta hacerlo tambalear. En una época sin redes sociales, sin filtraciones virales y sin la protección aparente de lo digital, estos periodistas asumieron riesgos reales para contar una historia que muchos preferían enterrar. Lo hicieron desde una redacción, con fuentes, documentos, método y carácter.
Esa es una lección urgente. Hoy, cuando abunda la información pero escasea la verificación, el periodismo investigativo no debería retroceder: tiene que fortalecerse cada vez más. Las nuevas herramientas de comunicación no reemplazan el oficio; lo desafían. Investigar, contrastar y sostener una verdad impopular sigue siendo una de las formas más necesarias de servir al país desde un medio de comunicación.
El valor de la justicia: una democracia solo puede sostenerse si la justicia conserva la fuerza suficiente para investigar a quien tenga que investigar. Durante los años del Proceso 8.000, la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Alfonso Valdivieso, mostró independencia, determinación y compromiso con la verdad. No era una tarea menor: investigar la campaña de un presidente en ejercicio suponía enfrentarse a presiones políticas, institucionales y personales de enorme calibre.
Por eso resulta tan preocupante que hoy buena parte de los colombianos perciba la justicia como lenta, ineficiente o incapaz de perseguir la corrupción. La justicia no puede limitarse a producir titulares tardíos ni decisiones que llegan cuando el daño ya está hecho. Su legitimidad depende de actuar a tiempo, con independencia y sin calcular el costo político de sus decisiones. También depende de que ningún presidente, sea del partido que sea, pretenda convertir cada investigación en un plebiscito sobre su popularidad o en una supuesta embestida contra el mandato popular.
En conclusión, la importancia de volver sobre el Proceso 8.000 no está en recrear un escándalo del pasado, sino en entender cómo se abrió una grieta ética que todavía atraviesa la política colombiana. Hace treinta años, un hombre inteligente, preparado y con ambición de poder decidió mover la línea moral de su campaña. El país discutió, se dividió, se indignó y, al final, siguió adelante. Ese fue quizá el daño más profundo: descubrir que la corrupción podía sobrevivir al escándalo.
Por eso El 8.000 no debería verse como una serie sobre lo que fuimos, sino como una advertencia sobre lo que seguimos tolerando. Ayer fue Samper quien convirtió la responsabilidad política en resistencia personal. Cambian los nombres, cambian los discursos y cambian las trincheras ideológicas. Pero cuando una sociedad deja de escandalizarse frente al cinismo, el problema ya no está solo en sus políticos: está también en su memoria.