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Opinión

  • | 2018/11/08 00:48

    Fernando Balda: otro perseguido entregado ilegalmente por el gobierno Santos

    Rafael Correa, expresidente de Ecuador, fue llamado a juicio en su país por el frustrado secuestro de este congresista disidente, en 2012 en el barrio Cedritos de Bogotá. Poco después fue deportado ilegalmente a Quito, por nuestro gobierno

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La Corte Nacional de Ecuador llamó a juicio esta semana al expresidente de ese país Rafael Correa, a su exjefe de inteligencia, Pablo Romero y a dos policías, Raúl Chicaiza y Jessica Falcón, acusados de organizar e intentar, en 2012, el secuestro del congresista disidente ecuatoriano Fernando Balda, en el barrio Cedritos de Bogotá. 

Balda se inició en política en el partido Alianza País de Rafael Correa, pero en 2009 pasó a la oposición y adhirió al expresidente Lucio Gutiérrez, el mayor crítico de Correa. Publicó decenas de denuncias contra el mandatario, entre otras que tenía una central secreta para espiar políticos y periodistas opositores.  Para evadir la persecución que desató el gobierno en su contra, el congresista se refugió en 2010 en Bogotá, con su esposa Vanessa Castelo y con sus cuatro hijos. 

El 13 de agosto de 2012, cuando caminaba por una calle del barrio Cedritos, hombres armados apresaron a Fernando Balda y lo obligaron a subir a una camioneta. Personas que fueron testigos del hecho llamaron a la Policía que inició una agresiva persecución que obligó a los secuestradores a abandonar el vehículo y a la víctima, a la altura de la calle 200 y a huir a través de potreros aledaños. Sin embargo, con base en las huellas digitales que encontraron en el carro, investigadores de la Policía identificaron y apresaron pocas horas después en Puerto Tejada, Cauca, a un hombre que participó en el secuestro y quien confesó lo sucedido. Se estableció así que había sido contratado con otros dos delincuentes para secuestrar a Balda y llevarlo hasta Ipiales. También establecieron que los contrataron dos agentes de la inteligencia de Ecuador quienes por orden de su gobierno venían siguiendo las actividades del disidente en Colombia y tenían la misión de raptarlo y llevarlo de regreso a su país. 

Balda se salvó del secuestro y del largo brazo de su enemigo, el presidente de Ecuador, pero sorpresivamente, pocos días después, el 11 de octubre fue detenido en Bogotá  por una patrulla de Migración Colombia, con base de una orden de captura de Ecuador por “injuria calumniosa grave”. 

El artículo 22.8 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice que en ningún caso un extranjero perseguido “puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”. 

En una clara y grave violación del derecho internacional de refugiados y del principio de no devolución, el entonces presidente Juan Manuel Santos, premio Nobel de paz, y su Canciller María Angela Holguín, autorizaron la entrega de Balda a sus enemigos. Salió extraditado esa misma noche desde el aeropuerto militar de Catam -en un avión de la FAC- con rumbo a Quito, donde fue entregado a Rommy Vallejo, jefe de la Unidad de Gestión de la Seguridad Interna de la Presidencia ecuatoriana. 

Balda fue apresado y recluido en la penitenciaría El Litoral de Guayaquil de donde lo trasladaron a un pabellón de alta seguridad del penal García Moreno, en Quito, condenado por “atentar contra la seguridad del Estado”. Por fortuna, ni Santos ni la canciller Holguín hicieron extensiva la deportación a Vanessa, su esposa, ni a sus cuatro hijos. 

Desde agosto de 2014, cuando salió de la cárcel, Balda se consagró a reunir la documentación y los testimonios necesarios para denunciar a Correa y a los oficiales de inteligencia que participaron en el secuestro. Logró establecer que el caso, denominado por sus autores “operación Guayacán”, se manejó desde la presidencia de Ecuador. La Fiscalía tuvo la investigación engavetada mientras gobernó Correa y decidió darle impulso tras la llegada a la presidencia de Lenin Moreno. Ese es el caso por el cual la Corte Nacional acaba de llamar a juicio a Correa, a su exjefe de inteligencia y a los dos policías que participaron en el intento de secuestro. Daniella Camacho juez de la causa dictaminó que las acciones de los agentes Chicaiza y Falcón “no constituyeron hechos aislados realizados por su voluntad individual, sino que provienen de la ejecución de órdenes directas dentro de una cadena de mando estructurada, con varios niveles de estructuración y planificación”.   

Una de las razones por las que Balda escogió Colombia para refugiarse es que conocía bien al presidente Juan Manuel Santos a quien había ayudado en su defensa en la demanda del Estado ecuatoriano contra él, como Ministro de Defensa, por el bombardeo de Angostura, tras la irrupción irregular en el año 2008 de fuerzas colombianas al territorio de ese país, para dar de baja al miembro del secretariado de las Farc, ‘Raúl Reyes’.   

Hoy dice que lo traicionó y anuncia que ya con las acciones contra Correa por buen camino, lo siguiente será demandar al gobierno de Colombia por esa deportación ilegal, que se produjo “pese a que mi vida corría grave peligro".  Afirma que tras su captura, entregó a la Cancillería todos los documentos que sustentaban su calidad de perseguido, pese a lo cual decidieron expulsarlo. Podría hacer causa común con los opositores venezolanos Lorent Enrique Gómez Saleh y Gabriel Valles quienes también se asilaron en Colombia y fueron entregados por Santos y Holguín al régimen de Maduro y fueron apresados y objeto de torturas, durante varios años. Tres episodios que cubren de vergüenza la tradición de respeto de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y de nuestro gobierno por la ley, por los derechos humanos  así como la tradición democrática y de asilo político de nuestro país.

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