Difícil comienzo del nuevo Gobierno. Se había preparado para afrontar el desastre que hereda del precedente y he aquí que le cae encima un terremoto devastador. Merece el margen de indulgencia que suele concederse a los gobernantes que recién comienzan. Hay, sin embargo, excepciones. De La Espriella prometió un estricto cumplimiento de la Constitución; por ese motivo muchos votaron por él, el padre de mis hijos incluido. Es bueno recordarle el alcance de su compromiso cuando sea necesario. Hoy lo es.
La sociedad, en su sentido más general, está integrada por el conjunto de las personas que habitan el planeta o algún territorio específico. En cualquiera de esos ámbitos, la sociedad se desdobla en dos categorías: la sociedad civil y la política. La primera está integrada por las instituciones que velan por intereses colectivos, tales como la religión, el medioambiente, la solidaridad social, el deporte, el trabajo, etc. Es tan vasto este conjunto que, para abarcarlo en una sola categoría, acudimos a una expresión negativa: organizaciones sin ánimo de lucro, ONG.
Por otro lado, tenemos a la sociedad política, constituida por el Estado en todas sus manifestaciones, los partidos y movimientos políticos.
Los actores de la actividad económica no hacen parte de ninguna de estas categorías: integran el “sector privado”.
En una sociedad democrática, la precedencia entre aquellas dos categorías corresponde a la sociedad civil y al conjunto de los ciudadanos, al que denominamos “pueblo”. Dice la Carta de 1991 que “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo lo ejerce en forma directa o por medio de sus representantes…”.
Los pilares de ese poder público se plasman en la Constitución y se desarrollan en las leyes que el Congreso expide. Una y otras son de obligatorio cumplimiento. Cuando esa ordenación jerárquica se rompe, la supremacía del sistema jurídico se restablece por el poder judicial, sancionando al infractor o anulando la norma infractora. Estas son vicisitudes más o menos normales en una democracia. Cuando se vuelven recurrentes y quedan sin sanción, es porque la jerarquía se ha invertido. En tal caso, impera la dictadura, no importa si se conservan las apariencias democráticas.
La literatura contemporánea del género distópico es abundante. En 1984, George Orwell nos aterró con la figura del “Gran Hermano”, a cuyo cargo está la “policía del pensamiento”. La ejerce mediante la manipulación del lenguaje, a partir de una constatación profunda y elemental: lo que no puede ser verbalizado no puede ser pensado. Por eso la izquierda insiste en nombrar “las y los niños y niñas”, mientras la derecha quiere que solo se hable, en ese contexto, de la “niñez”, una batalla, entre muchas, de la guerra cultural.
Ray Bradbury es el autor de Fahrenheit 451, que es la temperatura a la cual arde el papel. La novela versa justamente sobre ese volver cenizas los libros que “no convienen”. Esa estrategia fue usada por Savonarola en el siglo XV; lo mismo hicieron los nazis en el siglo pasado. Expulsar a “Marx de las aulas”, sería un buen piloto que por estos días se ha mencionado.
Margaret Atwood, en El cuento de la criada, nos narra los extremos a los que puede llegar la represión de las mujeres, que tanto se asemeja a la situación que padecen muchas de ellas bajo la ortodoxia de los talibanes. Quede este tema como referencia para los debates que podrían venir sobre la concepción de la familia.
Estos ejercicios literarios son maximalistas; no describen necesariamente lo que sucede, sino lo que podría ocurrir. Su función preventiva es la misma que cumplen las tragedias de la Grecia clásica. Esquilo, Sófocles y Eurípides nos horrorizan poniendo en escena las viles acciones que los humanos podemos cometer.
Nuestra Constitución postula, como cualquier otra de origen liberal, que la libertad individual es elemento central de la condición humana, pero tiene claro que en muchas instancias no actuamos solos, sino en conjunto con otros. Por eso reconoce el derecho de asociación en cualquiera de sus modalidades. Sin embargo, quiso dar realce a dos manifestaciones concretas de ese derecho: la Constitución Política de Colombia de 1991 contiene dos normas centrales sobre sindicatos y gremios, una manera de resaltar el papel que tienen en la construcción de la política económica y social, por ejemplo, en la definición del salario mínimo: “Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado”. La Corte Constitucional ha dicho que este artículo protege la creación, la afiliación, la actividad, la autonomía interna y la representación.
Así las cosas, el reciente veto impuesto a una persona de méritos incuestionables para presidir un gremio es contrario a la Constitución y configura un mal precedente: que se pretenda subordinar al Estado a unas organizaciones muy importantes de la sociedad civil. Juan Domingo Perón en la Argentina lo hizo con notable éxito. Es sutil la transición de los ciudadanos en súbditos; cuando nos damos cuenta, quizás ya no haya remedio. Tengamos cuidado.
Briznas poéticas. Me deslumbra, de nuevo, Horacio Benavides:
“Desea devorarla toda
Tragársela
Ser ella y él por deglutición
Y quedar cumplido para siempre
Pero solo logra apropiarse
De una mínima parte
De una brizna
Que se deshace en su boca”.