El pasado viernes 28 de agosto el presidente Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia”. Diecisiete campos venezolanos con 65.000 millones de barriles de reservas probadas, cerca de una quinta parte de las reservas de Venezuela, serán entregados en concesión a una nueva empresa con participación de los Estados Unidos. Aunque el acuerdo no se ha publicado, se reporta que Washington recibirá el 55 % de la producción de estos campos, a costo, para su reserva estratégica y sus fuerzas armadas. La duración no es clara. Delcy Rodríguez habla de 25 años, mientras que en EE. UU. se habla de 100.
En mi columna anterior sostuve que a Colombia le corresponde, en el marco de la renovación de la agenda bilateral con Estados Unidos, exigirle a Venezuela reparaciones y garantías de no repetición tras casi tres décadas de actos hostiles contra Colombia. Con el anuncio del acuerdo, dicho reclamo cobra mayor relevancia como prioridad diplomática.
No se trata de oportunismo ni mucho menos de adoptar una postura servil. Por el contrario, se trata de hacer respetar la soberanía nacional, de hacer valer la congruencia histórica entre los intereses de Estados Unidos y Colombia en materia de política exterior, y de hacer valer nuestra alianza estratégica de décadas en materia de seguridad nacional.
Empecemos por la historia. La doctrina Monroe nació en 1823. Aunque se ha presentado como la pretensión de Washington controlar su ‘patio trasero’, esta surgió como una advertencia al absolutismo europeo, en línea con nuestros intereses estratégicos. Bolívar celebró el mensaje de Monroe, que coincidía con su propia iniciativa de construir una alianza regional contra una posible intervención militar europea con fines de reconquista, que culminó en 1826 con la firma del Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua, una alianza de defensa común entre la Gran Colombia, Perú y México.
Por tanto, la defensa de las Américas de la injerencia de potencias extrahemisféricas y antidemocráticas siempre ha sido un interés estratégico de Colombia y de los Estados Unidos. Más de un siglo después, en abril de 1948, adquirió su forma actual tras la firma en Bogotá de la Carta de la OEA, conferencia en la que se declaró que el comunismo internacional y el totalitarismo, por su naturaleza antidemocrática y tendencia intervencionista, son incompatibles con la concepción de la libertad americana.
Ahora pasemos a los hechos. Esa tendencia intervencionista y su incompatibilidad con la libertad es algo que Colombia conoce de primera mano. Las guerrillas que surgieron con apoyo de Rusia y Cuba a mediados del siglo pasado fueron auspiciadas desde Venezuela por el socialismo del siglo XXI, a su vez financiado por potencias extrahemisféricas. Lo cierto es que durante casi tres décadas el régimen chavista ejecutó hostilidades contra nuestro país en materia militar, económica, migratoria y política, y que estas nos causaron enormes daños ante los cuales debemos exigir reparación y garantías de no repetición.
En lo militar, el chavismo protegió y financió a las Farc desde comienzos del siglo. El Cartel de los Soles facilitó la salida por Venezuela de 250 toneladas de cocaína al año, generándole al narcoterrorismo casi 1.500 millones de dólares al año. Desde territorio venezolano se planearon el carro bomba contra la Brigada 30 de Cúcuta y el atentado contra el helicóptero del presidente Duque en 2021. En enero de 2025, desde Venezuela cruzaron unos doscientos terroristas del ELN que dejaron más de cien muertos y cerca de cien mil desplazados en el Catatumbo. Contener esa amenaza obligó a Colombia a sostener el gasto en defensa más alto de América Latina durante cerca de dos décadas.
En lo económico, el chavismo cerró el comercio con Colombia, expropió empresas colombianas y dejó enormes deudas sin pagar. En julio de 2009, como represalia por el acuerdo de defensa entre Colombia y Estados Unidos, Chávez nos excluyó de un mercado que nos compraba más de 6.000 millones de dólares al año. Suponiendo que las exportaciones se hubieran mantenido desde entonces, las pérdidas para Colombia ascienden a más de 100.000 millones de dólares y, suponiendo un crecimiento anual conservador, los daños económicos aumentarían a 150.000 millones de dólares.
En términos migratorios, el régimen chavista promovió un éxodo masivo, al estilo del Mariel, para aliviar la presión interna y desestabilizar a sus vecinos. A Colombia llegaron 2,8 millones de inmigrantes venezolanos, la gran mayoría víctimas del régimen, en menos de una década. Según la tasa estimada por el Banco Mundial, el costo para Colombia de absorber dicha población (equivalente a la de Medellín) podría alcanzar los 20.000 millones de dólares, sin contar el daño causado por la delincuencia y las estructuras de crimen organizado, como el Tren de Aragua, exportadas intencionalmente por el chavismo.
En lo político, el exjefe de la inteligencia chavista, Hugo Carvajal, declaró ante la justicia española que PDVSA financió candidatos en las Américas para exportar el modelo chavista, incluyendo a Gustavo Petro en Colombia. A pesar de negarlo, una vez elegido, Petro renunció a la soberanía energética de Colombia pretendiendo importar desde Venezuela. Esa decisión hoy tiene nuestras reservas energéticas en mínimos históricos, nos convirtió en importadores de gas y suma daños por más de 30.000 millones de dólares entre ingresos fiscales e inversión extranjera perdida y sobrecostos, según cálculos de la Asociación Colombiana del Petróleo, Fedesarrollo y el Banco de la República.
Hagamos cuentas (en dólares). El comercio perdido, entre 100.000 y 150.000 millones. La migración, cerca de 20.000 millones. El corredor del narcotráfico, unos 30.000 millones en dos décadas. La carga militar excedente para contener a un enemigo que se rearmaba del otro lado de la frontera, refugiado por el chavismo, más de 100.000 millones. La reparación para las víctimas atribuible a los grupos que operaron desde Venezuela, entre 25.000 y 75.000 millones (bajo la Ley de Víctimas). El costo de entregar nuestra soberanía energética, más de 30.000 millones, hasta ahora. El total, antes de intereses, estaría entre 305.000 y 405.000 millones de dólares; es decir, cerca del PIB anual de Colombia.
¿Con qué base se presentaría el reclamo? Primero, la ley internacional y los tratados suscritos obligan a los Estados a abstenerse de ayudar o tolerar bandas armadas contra otro Estado y a negar refugio y financiación al terrorismo. Segundo, la equidad. Muchos de estos daños fueron el precio de nuestra alianza con los Estados Unidos. Cada escalada de Caracas coincidió con un paso de coordinación entre Bogotá y Washington. En 2008, Chávez movilizó tropas a la frontera tras la Operación Fénix en la que fue abatido Raúl Reyes con inteligencia estadounidense y luego congeló las relaciones en 2009 como represalia por el acuerdo que abrió siete bases colombianas a la cooperación militar con Estados Unidos. Colombia pagó el costo de ser el aliado y ahora que su aliado llegó a un acuerdo para ser compensado con petróleo venezolano, es justo que Colombia participe.
¿Cómo se cobraría? Existe un mecanismo probado. Tras la invasión de Kuwait por parte de Irak en 1990 se presentaron reclamos por 352.500 millones de dólares, una cifra similar en orden de magnitud a la que Colombia podría exigirle a Venezuela. En ese caso, el Consejo de Seguridad de la ONU ordenó tres cosas: demarcar la frontera entre los dos países, compensar los daños con un fondo alimentado por los ingresos petroleros iraquíes, que terminó pagando 52.400 millones de dólares, y dar garantías de no repetición.
Colombia debe presentar un reclamo formal contra Venezuela, tanto por la vía bilateral con Estados Unidos, como a través de los órganos multilaterales, con esos mismos tres componentes: compensación por los daños aquí descritos con un fondo alimentado por los ingresos del petróleo venezolano (o el derecho a explotar sus reservas), el cierre conforme al derecho del diferendo centenario del golfo de Venezuela y garantías de no repetición, incluyendo la salida verificada del ELN y de las disidencias del territorio venezolano y la verdad sobre la injerencia del chavismo en las elecciones de Colombia.
La historia, el momento y los hechos nos asisten. La justicia y la equidad lo exigen.