Gustavo Petro e Iván Cepeda presentaron su autodenominado “Gabinete por la Vida”, una suerte de “Temu-gabinete” en la sombra para ejercer oposición, disputar la agenda pública y empezar a ordenar la carrera hacia 2030. 13 sillas. 13 nombres. 13 decisiones sobre quién tiene voz en la nueva mesa del club de Petro.
El resultado es incómodo para quienes durante años predicaron inclusión, diversidad y representación popular.
De los 13 integrantes, nueve son hombres, es decir, el 69,2 %. Solo cuatro son mujeres: el 30,8 %. No hay paridad. Pero la ausencia más reveladora es otra: no hay representación indígena ni negra entre los 13 asientos directivos.
Solo se ven caras de “blanquitos” de izquierda, “codiciosos”, que utilizaron las diferentes razas colombianas para mostrar sensibilidad social con los más desfavorecidos, los nadie, los que iban a vivir sabroso a costa del Estado. Una vez conseguían los votos tras salir en las vallas y los volantes junto a una mujer negra humilde o una indígena luchadora, la izquierda no las volvió a tener en cuenta. Ni Petro ni Cepeda las volvieron a mirar, ni siquiera les contestan el teléfono.
Cuando el petrismo necesitó ganar elecciones, las lideresas étnicas estaban en primera fila. Cuando necesitó repartir el poder real, desaparecieron de la foto. A Francia Márquez y a Aida Quilcué la izquierda las utilizó para conseguir votos: las exhibió en campaña como animales de circo y luego las desechó.
Francia Márquez fue mucho más que una fórmula vicepresidencial en 2022. Representó una promesa política del país: el Pacífico, las mujeres negras, los territorios abandonados y las comunidades que durante décadas solo aparecieron en los informes sobre pobreza, violencia o minería ilegal. La fórmula Petro-Márquez ganó con 11.291.986 votos: el 50,44 % de los sufragios válidos.
Francia ayudó a ponerle rostro popular a una campaña que hablaba de los “nadie”. Pero luego, en el poder, denunció marginación presupuestal, discriminación y uso instrumental de su imagen política. Sus propias palabras dejaron una herida abierta en el corazón del Gobierno que prometía dignificarla. No fue la oposición quien inventó esa fractura: la narró la propia vicepresidenta afrocolombiana del gobierno Petro.
Aida Quilcué tampoco fue una figura decorativa. La lideresa indígena fue elegida fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda en 2026. La dupla alcanzó 12.707.570 votos, el 48,70 %. Más de 12 millones de colombianos respaldaron una fórmula que quiso representar la voz de los pueblos indígenas, la defensa del territorio y una Colombia distinta al centralismo bogotano.
Pero llegó el momento de organizar la oposición. Y Quilcué no tuvo silla. Tampoco Francia. Petro se reservó el derecho de admisión y les negó su ingreso.
El derecho de admisión es la facultad legal que tiene el dueño o encargado de un establecimiento o evento público para permitir o negar el ingreso y la permanencia de personas.
La pregunta no es menor: ¿para qué sirven las lideresas afro e indígenas dentro del proyecto político de Petro y Cepeda? ¿Para hablarles a las regiones cuando hay tarima? ¿Para llenar plazas cuando hay campaña? ¿Para aparecer en afiches cuando se necesitan votos? Porque, cuando se conformó la instancia que concentrará la vocería, el control político y la proyección presidencial hacia 2030, ninguna fue convocada.
El “Gabinete por la Vida” terminó pareciéndose menos a una apertura democrática y más a un club de amigos de Petro. Allí están Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Rojas Medellín, Antonio Sanguino, Felipe Harman, Juan David Correa, Gustavo Bolívar, Jaime Dussán, Andrés Camacho, Germán Ávila, Clara López, Irene Vélez, Rosa Yolanda Villavicencio y Astrid Cáceres. En el “Gabinete por la Vida”, como dice el propio Petro, todos son “blanquitos ricos”. Ya no hay indígenas, afros ni personas de la comunidad LGBTIQ+, mucho menos campesinos.
Es decir: solo exministros, exdirectores de entidades y dirigentes que ya tuvieron ministerios, presupuestos, micrófonos y poder burocrático, pero con muy mal desempeño y sin avances significativos.
No hay nada ilegítimo en tener experiencia pública. Lo contradictorio es venderlo como una nueva arquitectura de inclusión social mientras se cierra la puerta a las bases que hicieron posible el ascenso electoral del petrismo.
Desde las regiones conocemos esa fórmula. Bogotá diseña el relato. Los territorios ponen los votos. Las comunidades prestan sus luchas, sus símbolos y sus dolores. Pero, cuando llega el reparto de las decisiones, el poder regresa al mismo círculo de siempre: ministros, exministros, asesores, congresistas y operadores del centro.
Esta vez esa fórmula de instrumentalizar a una mujer negra o indígena para generar empatía no les funcionó para conseguir votos. La gente ya no cree en eso. La izquierda de Colombia ha sido maltratadora de mujeres: pregúntele a Hollman Morris, a Benedetti, a Álex Flórez, a Diego Cancino, a Julián Flórez o a Carlos Caicedo, el de Santa Marta.
El petrismo no perdió por falta de diversidad en sus vallas. Perdió porque millones de colombianos entendieron que una cosa es prometer representación y otra, muy distinta, compartir la vocería.
La inclusión política y social no consiste en salir solo en la foto de campaña: consiste en estar en la mesa cuando se toman las grandes decisiones del país. Nuevamente, el petrismo le queda mal a la Colombia profunda, a los “nadie” que tanto quisieron representar. Hoy, en el club privado de Petro, no se admiten negros ni indígenas. Esperemos a la próxima campaña para ver si los vuelven a utilizar poniéndolos en la valla y afiches para conseguir votos.