La hojita olvidada

El papel lleva más de un año a la vista de todos y contiene –aparentemente– el paso a paso de un soborno millonario para comprar una decisión de magistrados de la Corte Constitucional. Es una hoja de libreta, de esas que ponen en los hoteles para que los huéspedes tomen notas. El hotel ya no existe con ese nombre. Para la época de los apuntes se llamaba Trump Ocean Club y funcionaba en Punta Pacífica en la ciudad de Panamá. El autor de las notas es un ejecutivo español llamado Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa, la filial latinoamericana de Canal de Isabel II, multinacional española involucrada en varias tramas de corrupción.

La primera anotación es la fecha: 12/09/15. Me llama la atención porque seis meses antes, el 14 de marzo de 2015 para ser exacto, publiqué una columna llamada ‘Escobar & Pretelt’.

Allí mostraba que los nombres de los exmagistrados de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar Gil y Jorge Pretelt Chaljub –hoy condenados por el escándalo de Fidupetrol– habían aparecido juntos en otro proceso. Un caso que empobreció a la ciudad de Santa Marta y en cambio le dejó más de 50.000 millones de pesos a Recaudos y Tributos (R&T S.A.) una empresa del cuestionado grupo Inassa. La columna y los documentos anexos se pueden encontrar en semana.com. (Ver vínculo)

Lo curioso es que la hojita de hotel, escrita por el presidente de Inassa y redescubierta por el lector y tuitero César Marulanda (@cesarusa5), muestra hechos prodigiosamente coincidentes. Empieza diciendo:

“2012. Inicio de esta alcaldía”. En ese año Carlos Caicedo, hoy gobernador del Magdalena se posesionó como alcalde de Santa Marta y encontró que había heredado un contrato para que un particular R&T S.A. recaudara los impuestos de la ciudad en contra de lo establecido por la Constitución y la ley.

El negocio para los españoles y sus socios era fabuloso porque se quedaban con el 7 por ciento de lo que los contribuyentes pagaban en la vigencia corriente y el 13 por ciento de lo recaudado en la vigencia expirada. La concesión le había costado hasta ese momento casi 32.000 millones de pesos a una ciudad ahogada en deudas. Por esa razón el alcalde Caicedo inició un procedimiento administrativo para establecer la legalidad del contrato leonino, y tratar de revocarlo.

El manuscrito del presidente de Inassa sigue contando:

—“Contratamos Rodrigo Escobar como abogado para una tutela.

—Tutela la ganamos en Sta Marta en 1ª y 2ª.

—Le pagamos 250 M

—La tutela va en 3ª súplica en la Corte Constitucional (el alcalde se mueve para que la revisen) ante PRETEL”.

Evidentemente el 18 de octubre de 2012 la Corte Constitucional notificó que el caso había sido seleccionado y debía ser decidido en una sala de tres magistrados. El ponente fue Jorge Pretelt, quien con notable celeridad, en apenas dos meses, presentó su proyecto de decisión favoreciendo los intereses de la multinacional española.

Pretelt logró hacer mayoría con el magistrado Alexei Julio. El tercer magistrado, Luis Ernesto Vargas, salvó su voto porque consideró que la administración de la ciudad tenía razón en revocar el contrato.

Y aquí viene lo más interesante de la hojita, Edmundo Rodríguez Sobrino escribió:

—“GS y JN se reúnen con R. Escobar→ 600 M.

—(La sala tenía 3 Magistrados)

— Pretel →  Escobar →   600

—Alexei→ Julio →   Pacheco →   150”.

El Confidencial, de España, que fue el primer medio que publicó el documento hace 14 meses, junto con las cifras resalta que hay dos directivos de Inassa cuyos nombres coinciden con las iniciales GS y JN: Germán Sarabia, gerente de Inassa en Barranquilla y Jacobo Noguera, gerente de R&T S.A. El mismo artículo indentifica a “Pacheco” como Víctor Pacheco, el abogado condenado por el caso del soborno de Fidupetrol y principal testigo contra Jorge Pretelt.

Frente al fallo antijurídico de los magistrados Jorge Pretelt y Alexei Julio, la ciudad de Santa Marta interpuso un incidente de nulidad. La decisión fue anulada por la Corte Constitucional en sala plena, incluso con el voto del magistrado Jorge Pretelt. Así como votó en contra de la tutela de Fidupetrol por la cual ya fue condenado en primera instancia por concusión, es decir por pedir plata.

Y aquí surge otra curiosidad. El acucioso magistrado Pretelt que había presentado en dos meses su ponencia a favor de los españoles, se tomó casi 22 meses para redactar la decisión que la anulaba.

La demora de Pretelt le costó a Santa Marta 19.715 millones de pesos adicionales que entraron directo a los bolsillos de la empresa manejada por el autor de la reveladora hojita.