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Opinión

  • | 2019/07/22 18:55

    La factura del Plan Colombia

    Por estos días se cumplen 20 años desde que los Gobiernos de Andrés Pastrana y Bill Clinton dieran inicio al Plan Colombia, este programa binacional buscaba reducir la producción de cocaína a la mitad, que se logró, evitar que el conflicto armado nos dejara como un Estado fallido, que también se logró, y aunque casi nadie lo recuerda, dar condiciones de seguridad a la operación de las compañías mineras (especialmente petroleras) que estaban en números rojos por las extorsiones y voladuras.

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El mejor análisis sobre el lobby corporativo que aceitó el Plan Colombia en Capitol Hill, lo hizo Adam Isacson (Yale, Journal of International Affairs, 2005). 

El Plan Colombia no tuvo una fecha de expiración definida, se fue diluyendo en la medida que los interés estratégicos de los Estados Unidos se concentraban cada vez más en Oriente Medio como respuesta a los ataques de Al Quaeda. Para estas latitudes los objetivos cambiaron durante las administraciones de G.W. Bush y Álvaro Uribe, migrando de un plan netamente antinarcóticos hacia una estrategia antiterrorista, la prioridad principal de los últimos años del Plan Colombia era recuperar con vida a los contratistas norteamericanos secuestrados por las Farc. Por eso, si quisiéramos poner una fecha histórica al fin del Plan Colombia esta sería el 2 de julio de 2008, cuando los dos helicópteros MI rusos de la Operación Jaque, aterrizaron en San José del Guaviare, dándole la libertad a doce colombianos y tres norteamericanos. 

A partir del 2008 (con una producción a la baja de cocaína y sin secuestrados norteamericanos), vinieron los recortes desde Washington a la cooperación, lejos quedaron los dorados años fiscales que traían mil millones de dólares en cooperación binacional (año 2000). La tendencia de la década post-Plan Colombia fue una reducción sistemática, hasta llegar a un mínimo de US $299 millones, con una moderada excepción en 2017 tras la firma del acuerdo de paz. (Ver gráfica).   

 

Llevamos un año del presidente Duque, del canciller Trujillo y del embajador en Washington Pacho Santos, y hasta ahora nada indica que lograran sumar las voluntades de demócratas y republicanos para un nuevo paquete de ayudas con envergaduras similares al que lograron Andrés Pastrana, Luis Alberto Moreno y Guillermo Fernández de Soto, para el primer cuatrienio del Plan Colombia (US $2800 Millones de Dólares). Como van las gestiones diplomáticas lo más probable es que este Gobierno opere bajo un marco de cooperación con menos de la mitad del presupuesto y con el fantasma de la descertificación rondando por ahí.   

No solo el Gobierno Duque debe combatir una producción de cocaína mayor a la que había antes del Plan Colombia (casi las mismas hectáreas pero mucho más productivas) con menos dólares,  sino también con menos pesos. No logro (ni intento obtener) en su primer año un respaldo parlamentario y empresarial para otro impuesto al patrimonio como él tuvo Uribe, que recaudo para su plan de seguridad democrática más de 2 billones de pesos con destinación exclusiva a inversiones en el sector defensa. Sumando cooperación internacional e impuestos locales en los primeros seis años del Plan Colombia, se invirtieron en seguridad y desarrollo rural US$4.800 millones de dólares adicionales (DNP, 2016), una cifra con la Duque no va a contar. 

Para sumarle trabas al objetivo de reducir la coca en un 70 % (según lo anunció el presidente en su primera visita a Trump), debe además destinar una porción cada vez mayor del presupuesto de Defensa y Seguridad a pagar más pensionados y menos personal activo, veinte años después le llega a Duque la mayor parte de la factura pensional del Plan Colombia. Los 65.000 soldados profesionales que se incorporaron para la arremetida contra las Farc y el narcotráfico llegaron a su edad de retiro, y esto le resta otro par de billones cada año al flujo de caja de la guerra contra las drogas.

Por el lado de los equipos tácticos más plata se irá para mantenimiento y menos recursos para inversiones en nuevos equipos. De los 165 helicópteros que se adquirieron y se nacionalizaron con el Plan Colombia, la gran mayoría suman más de 15 años de intenso servicio, lo mismo pasa con radares, aeronaves de ala fija, patrulleras fluviales, vehículos blindados terrestres y todo aquello que necesite un motor en la fuerza pública. 

Ante las limitaciones presupuestales y la urgencia de una solución sostenible al “boom cocalero”, el Gobierno deberá recurrir a la creatividad estratégica, el rigor operacional, la fortaleza de medidas anticorrupción y el planeamiento territorial detallado, porque plata no va a tener tanta. 

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