La impunidad presidencial

Si hacer dinero es el “sueño americano”, ser Presidente es el latinoamericano. Tanto, que en Colombia hasta el actor Manolo Cardona ha expresado su deseo de llegar a la primera magistratura (lo dijo en una entrevista con José Gabriel). La aspiración no resulta estrambótica si se considera que históricamente acceder al máximo cargo en el país ha exigido -antes que preparación y talento de gobierno-, un alto sentido de la irresponsabilidad y enormes dotes histriónicas para posar de digno en medio de los peores escándalos.

¿Acaso es concebible puesto mejor? Se llega al poder, incluso financiado por los narcos, y después se hace lo posible por mantenerse en él a pesar de tener un elefante en Palacio mientras se espera a que el Congreso exonere diciendo que “todo se hizo a sus espaldas”. O, si de reelegirse se trata, se puede hacer recurriendo al Congreso para reformar la Constitución, así sea repartiendo notarías a cambio de votos parlamentarios mediante la comisión de hechos punibles. Y no pasa nada. Si hay que encontrar chivos expiatorios y revolucionar el derecho penal para fundar el imposible delito de “cohecho unilateral” (uno donde sólo hay quien recibe pero no quien ofrece dádivas a un funcionario por favores políticos), pues es muy fácil: para eso están los procuradores de bolsillo.

El Watergate, el escándalo político más famoso de la historia de Estados Unidos, dio al traste con el gobierno de Nixon y lo forzó a dimitir cuando se demostró que había participado en actos ilegales. Y sin embargo, es una torta de cumpleaños comparado con lo que está ocurriendo en Colombia con el DAS: un affaire de espionaje ilegal masivo a la oposición a través de la institución de inteligencia estatal donde, como lo reveló SEMANA, están involucrados funcionarios del círculo más íntimo del Presidente y ya hay de por medio asesinatos de detectives. ¿Es razonable esperar que pase algo con quien podría ser el principal responsable si se llegare a demostrar su participación?

El impeachment o juicio político y penal al Presidente es el mecanismo jurídico contemplado en prácticamente todas las Constituciones modernas para impedir que los actos ilícitos del jefe de Estado queden en la impunidad. Si bien este mecanismo en sus orígenes fue letra muerta, ha ganado eficacia en Latinoamérica en los últimos años. Entre 1992 y 2004 seis presidentes afrontaron juicios en la región: Fernando Collor De Mello, en Brasil (1992); Carlos Andrés Pérez, en Venezuela (1993); Ernesto Samper, en Colombia (1996); Abdalá Bucaram, en Ecuador (1997); Raúl Cubas Grau (1999) y Luis González Macchi (2003), en Paraguay. Sólo Samper y González fueron absueltos, mientras los cuatro restantes debieron renunciar.

La tendencia general es advertir en este fenómeno un nuevo patrón de “inestabilidad”, pero resulta más afortunado apreciarlo como un renovado proceso de responsabilización democrática (democratic accountability, en inglés) de los jefes de Estado por la comisión de actos delictivos. Todo indica que los regímenes políticos latinoamericanos han avanzado a un estadio donde pueden sortear las crisis de gobierno sin recurrir al antiguo método antidemocrático del golpe de Estado, y sustituirlo por el uso regular de las herramientas que ofrece el ordenamiento constitucional.

Sin embargo, Colombia se mantiene como una excepción. Con un récord de escándalos durante los últimos tres lustros inigualable en la región, los presidentes colombianos continúan siendo seres etéreos, intocables, rodeados de una aureola que impide cualquier cuestionamiento jurídico. Funcionarios todopoderosos que no se pueden controvertir porque inmediatamente reaccionan airados, o simplemente hacen caso omiso de las acusaciones aunque estén sustentadas en sólidas pruebas periodísticas porque saben que políticamente su juicio no resulta viable. Reaccionan así en lugar de apresurarse a desmentir los cargos y probar su inocencia cuando por su poder exorbitante deben ser los primeros sujetos de responsabilidad política y penal en una democracia.

Tres factores definen la suerte del impeachment después de que estalla un escándalo de corrupción que salpica el poder presidencial: la viabilidad para la formación de mayorías hostiles al Presidente en el Congreso, que suele ser quien acusa y juzga; la capacidad del periodismo de investigación para alimentar con pruebas idóneas el proceso, y el poder de los medios para canalizar en la opinión pública una oleada de insatisfacción.

¿Qué ha pasado en Colombia? A pesar de la calidad y la valentía del periodismo investigativo que ha destapado la mayoría de escándalos, la escasez de congresistas insobornables y la falta de independencia de algunos medios masivos de comunicación son las causas principales de que la dignidad presidencial se haya convertido en una patente de corso.