La inconducente política del subsidio

El trabajo siempre ha sido la fuente histórica del crecimiento de las sociedades. Una sociedad que crece, lo hace en torno a sus modelos de producción, a su fuerza laboral, a la innovación, la capacitación y el aprendizaje en nuevos saberes y disciplinas. La pujanza, emprendimiento y ganas de salir adelante son los elementos que marcan la diferencia entre quienes integran los distintos núcleos sociales. Siendo por consecuencia estos últimos los llamados por dirigir y presidir los destinos de una sociedad.

En la orilla contraria de estos tipos o modelos, están quienes intencional o desprevenidamente prefieren dejarse llevar y permiten que otros impongan aquello que corresponde en el que hacer de sus vidas. Admiten la idea de mantenerse en un ambiente controlado, les resulta familiar la idea que les proporcionen soluciones ocasionales y superficiales a problemas permanentes y estructurales y, con la dependencia aún insuficiente, cortan toda posibilidad de aspiración a un mejor porvenir. En otras palabras, los gobiernos enfocados en la idea de aumentar y promover los subsidios como mecanismo de “reivindicación social” son conscientes de que, contrario a la idea de generar oportunidades de crecimiento y desarrollo, los subsidios son una forma de castrar la mente, los sueños y anhelos de nuestras presentes y futuras generaciones.

Ahora bien, resulta pretensioso afirmar que, por definición, quienes reciben subsidios o se encuentren en la pobreza -valga mencionar, algunos reciben subsidios sin estar en la pobreza- quieran encontrarse necesariamente en ese estado, sin embargo, la política de subsidios ciertamente promueve en quien los titulariza una “zona de confort” que, a su vez, propone dos retos complicados de superar.

Por un lado, el hecho que los titulares de alguna ayuda o asistencia social a cargo del Estado de inmediato se les convierte, en su consideración, como un “derecho” permanente y seguro. Lo segundo, y más complejo aún, es el daño que se les proporciona a las generaciones que se vuelven adictas al subsidio, limitando su capacidad de emprender o superarse, precisamente por el miedo de perder el subsidio.

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) es el encargado de entregar ayudas económicas a las poblaciones más vulnerables de Colombia. En la página oficial del DPS registran diez programas de ayudas (subsidios), así: Colombia Mayor, Mi Casa Ya, Jóvenes en Acción hoy se conoce como (Renta Joven), Transición a Renta Ciudadana, Devolución del IVA, Red de Seguridad Alimentaria ReSA, Familias en su Tierra, Atención Integral con Enfoque Diferencial (IRACA), Acompañamiento Familiar y Comunitario (Misión Colombia), Gestión y Articulación de la Oferta Social, Infraestructura Social y Hábitat. El presupuesto de Prosperidad Social de 2024 es de 10,7 billones de pesos, 60 % más que en 2023.

Ahora bien, por loable que se estime esta asistencia social a sectores poblacionales vulnerables en nuestro país, estos no son un remedio definitivo, bien ya lo afirmó el mismo director del DPS cuando dijo: “Está demostrado que los subsidios no sacan a la gente de la pobreza”. Es así que los colombianos se encuentran sometidos a un estado de esclavitud mental, siendo este de los flagelos actuales de mayor impacto en el ámbito de social.

De allí que los populismos gubernamentales no dirigen sus esfuerzos a la generación de riqueza, por el contrario, se encargan primero de definir y distinguir claramente los ricos de los pobres; una vez realizado el anterior ejercicio, proceden a acrecentar una brecha entre lo que ya son dos bandos identificados y sectorizados con base a la narrativa del odio de clases, como tercero, se dirige una estrategia demagógica y discursiva en torno a la idea que, por alguna inexplicable razón, los ricos son ricos porque le han quitado lo que le corresponde al pobre, sembrando en este último la idea de una “deuda histórica” que parece impagable, precisamente por la ambigüedad que la define.

El asunto es más complicado si quien no ha generado riqueza y ha pasado su vida desde la orilla del activismo le corresponde promover soluciones a algo que nunca en su propia vida ha hecho. La pobreza mental no tiene partido o color político, pero tiene rasgos distintivos. Por ejemplo, el sector político que dirige aumentará, a fuerza de Presupuesto General de la Nación, la dependencia de los ciudadanos al Estado y, como no puede solucionar de fondo las problemáticas, opta por hacer lo contrario a la máxima de Confucio, en vez de enseñar a pescar, les da el pez.

Es así que resulta más rentable políticamente generar adeptos dependientes del subsidio que una generación y una sociedad productiva. Ahora bien, en cierto punto es entendible, Marcus Tullius Cicero expresó: “Nadie puede dar lo que no tiene”, de allí que el reto a 2026 es generar el despertar de una nación que no quiere y no debe estar condenada a la esclavitud.

Los colombianos merecen ser libres, esa libertad mental necesaria para promover el desarrollo de nuestra propia individualidad y el despliegue de nuestras competencias y habilidades en una sociedad que demanda fortalecer el capital humano y sus liderazgos.

Por supuesto, lo anterior no debe entenderse como el fin inmediato y absoluto de la ayuda y asistencia social. El compromiso constitucional es social y de derecho, por ello debe buscarse un equilibrio que permita estimular y propender por la generación de riqueza, que honre el valor del trabajo, la creación de oportunidades, la gestión del conocimiento y la capacitación del componente humano.