Han pasado casi 41 años desde el asalto al Palacio de Justicia, un episodio que ha perseguido al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega durante buena parte de su vida. Hoy, a sus 82 años, vuelve a estar sentado ante un tribunal. Esta vez no en Colombia sino en Estados Unidos, donde las hijas del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán buscan responsabilizarlo civilmente por la presunta tortura y ejecución extrajudicial de su padre.
El juicio comenzó esta semana en Miami bajo la Torture Victim Protection Act, TVPA. No es un proceso penal sino una demanda civil presentada en febrero de 2022 ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Plazas llega a este nuevo proceso después de haber enfrentado durante años a la justicia colombiana. Fue detenido, procesado y pasó casi ocho años injustamente privado de la libertad hasta que, el 16 de diciembre de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia lo absolvió y ordenó su libertad inmediata.
Ese antecedente es fundamental para entender lo que ocurre hoy. Plazas no escapó de Colombia ni se refugió en otro país para evadir a sus jueces. Enfrentó el proceso hasta la última instancia.
También es importante entender cuál era su función durante los hechos del Palacio de Justicia. En noviembre de 1985, Plazas era comandante de la Escuela de Caballería. Su misión fue operacional, al frente de tropas y vehículos blindados. Y hay un punto fundamental que no proviene simplemente de su defensa. La propia Corte Suprema de Justicia precisó que Plazas no cumplía labores de inteligencia en la Casa del Florero y que la identificación y clasificación de las personas que salían del Palacio correspondía al B-2 de la Brigada XIII, no a él. Una cosa era comandar tropas durante la recuperación del edificio asaltado por el M-19 y otra muy distinta manejar los organismos de inteligencia.
De acuerdo con mi investigación, Plazas solo vino a conocer la existencia de Carlos Horacio Urán en 2007, más de veinte años después de su muerte, cuando se abrió el proceso relacionado con los llamados desaparecidos del Palacio. Ese dato obliga a mirar con especial cuidado la acusación que hoy se presenta en Miami. Si el coronel sostiene que ni siquiera sabía quién era Urán cuando ocurrieron los hechos, la responsabilidad personal que ahora pretenden atribuirle tendrá que estar respaldada por pruebas contundentes.
Hay además decisiones de la justicia colombiana que prácticamente desaparecen de la narrativa que se ha construido alrededor de este caso. En 2013 fueron condenados integrantes del M-19 por el homicidio agravado de Carlos Horacio Urán. De acuerdo con la documentación que he conocido, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia en 2019, la familia no interpuso recurso de casación y, en 2020, el proceso hizo tránsito a cosa juzgada. El material que sustenta esta investigación recoge expresamente esa condena contra integrantes del M-19.
Más recientemente ocurrió algo igualmente relevante. En 2025 fue confirmada en segunda instancia la decisión de abstenerse de imponer medida de aseguramiento al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales y volvió a quedar sobre la mesa la tesis de que Urán no habría salido con vida del Palacio. Durante años se ha difundido la versión según la cual salió vivo, quedó bajo custodia de agentes del Estado y posteriormente fue ejecutado. Si la propia Fiscalía ha planteado una conclusión diferente, ese antecedente también merece ser conocido.
Pese a estos antecedentes, hoy se intenta responsabilizar civilmente al coronel en Estados Unidos por la presunta tortura y ejecución extrajudicial de Urán. ¿Cómo se llegó entonces a este nuevo juicio y quiénes han trabajado para mantener viva esta acusación?
La misma ley utilizada hoy contra Plazas Vega nació acompañada de una advertencia sorprendente. Cuando George H. W. Bush firmó la Torture Victim Protection Act el 12 de marzo de 1992, alertó sobre el peligro de que las cortes estadounidenses terminaran involucradas en controversias difíciles y sensibles de otros países e incluso en demandas que podían ser infundadas o políticamente motivadas. Bush pidió además que los litigios de extranjeros contra extranjeros fueran tratados con prudencia y moderación. Treinta y cuatro años después, aquella advertencia merece ser leída nuevamente frente al caso Plazas Vega.
Como periodista investigativa veo un riesgo que trasciende la suerte personal del coronel. Una eventual condena civil podría convertirse en un precedente político muy grave para nuestros militares. No significa que cualquier decisión de la justicia colombiana pueda ser desconocida automáticamente en Estados Unidos. La TVPA tiene requisitos específicos. Pero sí podría abrirse un camino preocupante. Sectores de izquierda que pierdan en Colombia procesos contra integrantes de la Fuerza Pública podrían intentar presentar esas decisiones como evidencia de que la justicia colombiana no funciona como ellos quieren y buscar, cuando existan las condiciones jurídicas, trasladar la batalla a tribunales estadounidenses.
Hoy es Plazas Vega. Mañana podrían intentarlo contra otros militares que combatieron durante los años más violentos del conflicto colombiano. Un oficial podría defenderse durante años en su país, atravesar todas las instancias y encontrarse tiempo después enfrentando otro litigio en el exterior. Por eso, lo que ocurra en Miami merece atención mucho más allá de este caso.
Entre tanto, las hijas de Urán están representadas por el Center for Justice and Accountability (CJA), junto con la firma estadounidense Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. El material que llegó a mis manos plantea una ruta que merece ser investigada por sus posibles conexiones con organizaciones y activistas de izquierda en Estados Unidos y Colombia. Entre los financiadores atribuidos al CJA aparece el Benjamin Fund, vinculado en el documento a Medea Benjamin, cofundadora de CODEPINK y Global Exchange. El documento reconstruye esa presunta ruta y señala además la situación administrativa posterior de esa fundación en California.
Una fuente de financiación no demuestra por sí sola una operación política. Pero aquí aplica una vieja regla del periodismo, follow the money. ¿Quién paga estos litigios? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Qué fundaciones aparecen detrás de las organizaciones que los promueven? ¿Qué intereses políticos o ideológicos podrían confluir alrededor de esta estrategia judicial? ¿Estamos ante entidades independientes que coinciden en una causa o podría existir una estrategia más amplia contra Plazas Vega y otros integrantes de la Fuerza Pública?
Seguir esa ruta conduce también a Colombia. Claret Vargas, una de las abogadas del CJA vinculadas al litigio contra Plazas Vega, fue directora de Internacionalización de Dejusticia antes de incorporarse al CJA en 2019. Vargas ya tenía experiencia en litigios ante cortes federales estadounidenses y hoy trabaja precisamente con la Torture Victim Protection Act, la misma ley utilizada contra el coronel. La pregunta entonces es hasta dónde llega esa red de conexiones entre organizaciones de derechos humanos en Colombia y Estados Unidos, quiénes han participado en la internacionalización de este caso y quiénes tendieron los puentes para llevarlo ante la justicia estadounidense.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), lleva décadas interviniendo en procesos relacionados con las víctimas del Palacio de Justicia y el caso Urán. Su propia historia abre otra línea de investigación. En la conmemoración de sus 40 años, el Colectivo recordó sus orígenes entre abogados que se definían como progresistas y su defensa de dirigentes de la cúpula del M-19 como Carlos Pizarro, Carlos Toledo Plata e Iván Marino Ospina. Años después, Cajar pasó a representar a víctimas de los hechos del Palacio de Justicia y ha defendido públicamente la tesis de que Carlos Horacio Urán salió vivo del edificio y posteriormente fue ejecutado por integrantes de la Fuerza Pública. Tras la absolución de Plazas Vega en 2015, el propio Colectivo cuestionó duramente esa decisión. ¿Qué papel ha desempeñado Cajat durante todos estos años en la construcción y sostenimiento de esta estrategia jurídica y hasta dónde llegan sus conexiones con los distintos actores que han impulsado estos procesos?
Son preguntas realmente importantes que exigen respuestas. Pero son preguntas que el periodismo tiene el deber de hacer. Si durante décadas se ha investigado cada actuación de Plazas Vega, también resulta legítimo investigar a quienes han construido, financiado e internacionalizado las acusaciones en su contra. Seguir los nombres, los abogados, las organizaciones y el dinero puede ayudar a establecer qué hay realmente detrás de esta ofensiva judicial.
En esta historia ocupa además un lugar central Ángela María Buitrago, la fiscal que impulsó el proceso contra Plazas. Plazas ha cuestionado la manera como fue construido aquel expediente y ha denunciado actuaciones y testimonios que considera irregulares. El material que he conocido recoge esos señalamientos. ¿Qué ocurrió con esas denuncias? ¿Qué pasó con Edgar Villamizar, Tirso Sáenz y Ricardo Gámez, nombres que aparecen en los cuestionamientos del coronel? ¿Qué determinaron las autoridades frente a esos episodios?
Hay señalamientos todavía más graves que merecen ser examinados. Buitrago ha sido vinculada por sus críticos a lo que presuntamente habría sido un entramado de falsos testigos contra militares investigados por los hechos del Palacio de Justicia. En esos cuestionamientos aparece también René Guarín, exguerrillero del M-19 y hermano de Cristina del Pilar Guarín, a quien durante años señaló como una de las desaparecidas del Palacio. Guarín llegó posteriormente a ocupar un cargo en la Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información del Dapre. ¿Existió realmente ese presunto entramado? ¿Qué relación hubo entre Guarín, Buitrago y los testimonios cuestionados? ¿Hubo supuestos falsos testimonios, engaños o actuaciones presuntamente contrarias a la ley en los procesos contra el general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega? Son interrogantes demasiado graves para ignorarlos y demasiado delicados para convertirlos en conclusiones sin establecer primero qué ocurrió.
Cabe recordar que Buitrago terminó haciendo parte del gobierno de Gustavo Petro. El contexto político tampoco puede ignorarse. El M-19 fue la organización guerrillera que asaltó el Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y décadas después antiguos integrantes de ese movimiento y personas de su entorno político llegaron a ocupar importantes posiciones dentro del Estado y hasta la Presidencia de la República. El material que he revisado reconstruye parte de ese entorno. La demanda contra Plazas fue presentada en febrero de 2022, antes de que Petro llegara al poder. Por eso, si existe una presunta articulación política o ideológica alrededor de este litigio, sus posibles conexiones tendrían que buscarse mucho más atrás.
Nombres, organizaciones, abogados y dinero. Esa es la ruta que estoy siguiendo.
El documento que conocí plantea que detrás del proceso podrían existir objetivos que van mucho más allá de conseguir una indemnización. Habla de daño reputacional, consecuencias migratorias, eventuales nuevas actuaciones judiciales y de una disputa por la interpretación histórica de la responsabilidad del M-19. Son hipótesis que deben investigarse. Precisamente por eso corresponde establecer quiénes participan, quiénes aportan los recursos, qué intereses podrían existir y hasta dónde llega esta estrategia.
Plazas Vega enfrenta hoy esta batalla a los 82 años frente a organizaciones y firmas con capacidad para sostener un litigio federal de esta magnitud. Colombia debería observar con atención lo que ocurra en Miami. No solamente porque está en juego el nombre de uno de los militares más reconocibles de los hechos del Palacio, sino porque este proceso podría señalar el camino para trasladar a tribunales extranjeros nuevas ofensivas judiciales contra miembros de nuestra Fuerza Pública.
He seguido documentos, sentencias, expedientes, organizaciones y protagonistas de un caso que, casi 41 años después, todavía tiene verdades por contar y narrativas por confrontar.
La justicia no puede construirse escogiendo únicamente los hechos que sirven a una narrativa. También tenemos derecho a preguntar quiénes han mantenido viva esta persecución, quiénes la financian, qué presuntos intereses políticos o ideológicos podrían rodearla y hasta dónde pretende llegar una batalla que parece empeñada en no terminar.
Mi compromiso, como periodista, seguirá siendo buscar la verdad, por incómoda que resulte. La infamia contra el coronel Plazas Vega demuestra por qué hay historias que no pueden dejarse en manos de un solo relato. A él, a su esposa, la exsenadora Thania Vega, y a toda su familia, mi gratitud, mi respeto y mi cariño de siempre.