En 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la Presidencia de la República, Colombia era un Estado al borde del colapso. Las guerrillas controlaban vastas zonas del territorio nacional, el secuestro se había convertido en una industria criminal y el narcotráfico financiaba la expansión de los grupos armados ilegales. Miles de familias colombianas vivían bajo el miedo permanente y muchas se veían obligadas a pagar por la liberación de sus seres queridos.
24 años después, el nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella recibe nuevamente un país con enormes desafíos en materia de seguridad. Tras cuatro años de una política de “Paz Total”, cuyos resultados son ampliamente debatidos, Colombia enfrenta más de 300.000 hectáreas sembradas con coca, el fortalecimiento de organizaciones criminales con más de 28.000 terroristas en armas y el crecimiento de economías ilegales que financian la violencia.
La minería ilegal es un ejemplo del deterioro institucional. Solo en Antioquia, la explotación ilícita de minerales genera rentas criminales cercanas a los seis millones de dólares diarios, una economía ilegal que alimenta estructuras armadas, destruye el medioambiente y desplaza la actividad minera formal. De acuerdo con la Contraloría General de la República, cerca del 85 % del oro producido en el país tendría origen ilegal.
El Gobierno que hoy inicia tiene un desafío histórico: recuperar la autoridad del Estado y restablecer el orden en todo el territorio nacional. En más de 800 municipios operan organizaciones criminales que han reemplazado al Estado en muchas de sus funciones. Imponen reglas, resuelven conflictos entre particulares, controlan economías locales, cobran extorsiones, reclutan a menores de edad, administran rutas del narcotráfico y someten a comunidades enteras mediante el miedo.
Colombia necesita un presidente que ejerza la autoridad democrática con firmeza, que recupere la seguridad como condición indispensable para atraer inversión, generar empleo y devolver la tranquilidad a los ciudadanos. Se requieren decisiones de fondo para combatir el narcotráfico, fortalecer la erradicación de los cultivos ilícitos, perseguir las finanzas del crimen organizado y enfrentar con toda la capacidad del Estado a quienes destruyen nuestros recursos naturales mediante la minería ilegal.
El presidente Abelardo De La Espriella tiene la oportunidad de liderar un esfuerzo nacional que articule a las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, los organismos de inteligencia y las autoridades territoriales para recuperar el control institucional. En ese propósito, la cooperación con aliados estratégicos como Estados Unidos e Israel puede convertirse en un factor importante para fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad, inteligencia y lucha contra el crimen organizado.
Pero la autoridad también debe ejercerse contra la corrupción. No basta con recuperar el orden público si el Estado continúa siendo capturado por intereses particulares. Deben terminar los llamados cupos indicativos y cualquier práctica que convierta los recursos públicos en instrumentos de negociación política. La relación entre el Gobierno y el Congreso debe fundamentarse en el debate democrático, la agenda legislativa y el control político, siempre con transparencia y de cara a los ciudadanos.
Los congresistas tenemos el deber de gestionar soluciones para nuestras regiones, pero esas gestiones deben realizarse dentro de la ley, con reglas claras y sin intercambiar apoyos políticos por contratos o recursos públicos.
Los colombianos esperan que no se repitan los escándalos que marcaron los últimos años: no más casos como el de la UNGRD, no más funcionarios investigados por corrupción, no más redes de clientelismo enquistadas en el Estado. La lucha contra la corrupción debe ser tan decidida como la lucha contra el crimen organizado.
El comienzo no será fácil. El nuevo Gobierno enfrentará una oposición política fuerte y legítima, como corresponde a cualquier democracia. El control político fortalece las instituciones y hace parte del equilibrio de poderes. Sin embargo, ninguna diferencia política puede justificar la violencia, el vandalismo o los intentos de desestabilizar el orden constitucional.
La protesta pacífica es un derecho que debe ser protegido, pero tiene, como todo derecho, un límite que se debe respetar. Lo que el Estado no puede permitir es que, bajo el amparo de la movilización social, se infiltren quienes buscan destruir bienes públicos, intimidar a la ciudadanía o alterar el orden democrático. La autoridad debe actuar siempre dentro de la Constitución y la ley, pero con toda la firmeza necesaria para proteger a los colombianos.
Después de años de incertidumbre, el país espera que regresen la autoridad, el orden y la confianza. Ese será, quizás, el mayor desafío del nuevo Gobierno y también la condición indispensable para recuperar la seguridad, el crecimiento económico y la esperanza de millones de colombianos.