¿La piedra en cuál zapato?

En el año que está por terminar el volumen de los conflictos ambientales nos permite avizorar que estas situaciones podrían aumentar y provocar mayor inestabilidad social en los meses venideros. Quienes se manifestaron contra la minería en Ibagué, contra las exploraciones petroleras cerca de la Macarena y el lago de Tota, contra la alteración del flujo de agua dulce en la Ciénaga Grande, frente a la intervención de la Reserva Forestal van der Hammen, o en oposición a la posible licencia minera en Salento, no se pusieron de acuerdo, no tienen ningún plan preconcebido para detener el desarrollo, ni hacen parte de una conspiración internacional.

La mayoría de quienes salieron a las calles reales o digitales no son los llamados “ambientalistas radicales”, son ciudadanos comunes y corrientes quienes han hecho de la conservación del agua o de un ecosistema una causa común. En esos casos como en tanto otros, simplemente expresan la aspiración ciudadana de participar de una manera informada en decisiones que afectan su territorio.

A pesar de que los derechos a la información y participación tienen un largo recorrido en el país, parecen haberse debilitado de tal forma que se constituyen en sombra de lo que se pretendía con ellos. La celebración de audiencias públicas ha decrecido por cuanto el proceso de licenciamiento también ha disminuido, la posibilidad de intervención es reducida. Cuando las audiencias se realizan adoptan un formato bastante limitado: asistir a una sesión de ocho horas donde científicos, técnicos y funcionarios explican las ventajas o inconveniencias de un determinado proyecto frente a un grupo de personas que carecen de los antecedentes para contraargumentar. Así estas audiencias no pasan de ser una formalidad que desgasta y erosiona el mecanismo de participación y a las autoridades que las implementan.

El cuidado del territorio colectivo o individual debe ceder ante el ordenamiento prioritario que proviene de los sectores económicos productivos: minería, petróleo, energía. Estos sectores son quienes realmente ordenan territorialmente al país antes que cualquier otro instrumento. Frente a un título, la delimitación de un bloque petrolero o la planeación de una hidroeléctrica es poco, por no decir ninguno, el poder de un plan de gestión ambiental regional, el cual en la mayoría de los casos ha sido fruto de un proceso participativo. Es el caso del sector productivo donde no hay participación sino hasta la etapa de licenciamiento y el plan de ordenamiento territorial ambiental participativo no tiene fuerza, de esta forma nos encontramos ante un escenario aún más débil para la participación.

Los efectos de esta situación no son solo debatidos a nivel nacional sino con frecuencia sirven de argumento para que las comunidades se manifiesten ante organismos de rendición de cuentas internacionales tratando de acceder a la justicia ambiental.

En un reciente encuentro entre representantes de estos mecanismos y representantes de la sociedad civil de Colombia, la negativa a escuchar a los ciudadanos fue descrita como una causa de  conflictos ambientales. Por eso nos hemos empeñado con otras organizaciones en impulsar la adopción de un instrumento vinculante que desarrolle el Principio 10 de la Declaración de Río, para que este sirva de parámetro regional.

Esta situación reiterada y sus consecuencias podrían constituir un punto álgido en la construcción de la llamada paz territorial. Pero son muchas las decisiones tomadas fuera del territorio que lo afectan e impactan, y hasta el momento no se han visto correctivos para hacerla viable en ese sentido.

En muchos escenarios las víctimas del conflicto situadas en territorios específicos han encontrado en la negativa del derecho a participar una fuente de un sinnúmero de problemas a enfrentar. Esperemos que más allá de la buena voluntad y el ánimo para implementar la paz esta se inicie con un cambio real de escenario.