La salud agoniza en el Cesar

La salud en el Cesar no está en crisis, está en colapso total. Y ese colapso tiene responsable. El Gobierno tomó la Nueva EPS, la intervino desde abril de 2024, asumió el control del 51 % y desde entonces no ha hecho otra cosa que asfixiar financieramente a las IPS que sostienen la atención de más de un millón de usuarios en el departamento.

Las cifras que hoy muestran los medios son demoledoras. La Clínica Valledupar, una de las instituciones más importantes del departamento, confirmó que la Nueva EPS no ha pagado cerca del 80 % de la cartera corriente. A causa de esa deuda quedaron suspendidos varios servicios esenciales. Se cerraron urgencias generales, 30 camas de hospitalización y dos quirófanos, además de enfrentar retrasos en la nómina de más de 3.500 empleados. La clínica también reportó embargos, falta de insumos, especialistas que han renunciado y riesgo inminente de cierre total. Ese es el nivel de abandono al que sometieron al Cesar.

De acuerdo con la información de la fuente que me contactó, las denuncias se repiten en hospitales y clínicas de todo el departamento. Pacientes con tratamientos suspendidos, terapias interrumpidas y cirugías aplazadas sin explicación. Personas en cuidado paliativo completamente abandonadas, sin una visita médica en semanas, muriendo solas. Pacientes graves que han sido obligados a abandonar las clínicas porque ya no tienen insumos para sostenerlos un día más. Todo sucede en medio de un escenario que ya fue declarado como colapso técnico por varias instituciones prestadoras. Esto es una emergencia sanitaria.

La indignación ya no cabe en los pasillos. Pasó a las calles. Una de las confirmaciones de todo este desastre que está sucediendo en este departamento es que ya hubo movilizaciones en el Cesar. La vía La Paz fue bloqueada por usuarios, familiares de pacientes y comunidades indígenas wayuu que, desesperados, protestaron porque ya no tienen a dónde llevar a sus enfermos. No bloquean por política. Bloquean porque sus familias se están quedando sin atención.

Y la imagen más dolorosa del desastre ya quedó registrada. En Valledupar, familiares de pacientes de la Nueva EPS se encadenaron a las rejas de la clínica Alta Complejidad del Caribe, en Valledupar, para impedir que les trasladaran a sus enfermos. Tomaron una acción desesperada ante el temor real de que el traslado significara la muerte. Esa escena dice más sobre el estado de la salud en Colombia que cualquier rueda de prensa del Gobierno.

Mientras todo esto ocurre, la administración central sigue hundida en decisiones políticas que profundizan el derrumbe. La fuente también me informa que, presuntamente, el ministro de Salud destinó recursos de la atención para crear equipos politiqueros, estructuras burocráticas sin funciones claras ni resultados verificables, mientras los pacientes quedaban sin medicamentos, sin citas, sin especialistas y sin camas disponibles. De comprobarse esta denuncia, ¿estaríamos ante un caso de corrupción y de uso indebido de recursos públicos para comprar conciencias en plena época electoral?

Pero hay algo aún más grave: la intervención de la Nueva EPS está en manos de un funcionario que, lejos de ordenar, ha empeorado todo. Luis Óscar Gálvez Mateus, nombrado el 14 de noviembre de 2025, llegó como supuesto salvador. En el Cesar aseguran lo contrario. Se niega a conciliar con las IPS, se burla de los gerentes durante las reuniones; según las denuncias, distribuye pagos con sesgo político y dejó sin recursos a los centros de alta complejidad que atienden cáncer, enfermedades cardíacas y patologías crónicas. Es la intervención convertida en arma, no en solución.

A todo esto se suma el caso del Hospital Rosario Pumarejo de López, donde fue nombrado como interventor el médico cirujano José Octaviano Liñán Murgas, señalado de ser ficha del petrismo y de estar allí para favorecer intereses políticos. Desde su llegada comenzaron despidos, renuncias forzadas y decisiones arbitrarias que hunden aún más la institución. El nuevo interventor del HRPL llega en medio de una crisis estructural y, lejos de estabilizar la situación, su gestión ha acelerado la descomposición del hospital. Si esta tendencia continúa, Valledupar y el Cesar podrían enfrentar un colapso sanitario todavía más profundo.

La estructura interna de la Nueva EPS está cada vez más desordenada: rotación constante de interventores, decisiones improvisadas, una burocracia que crece mientras los servicios se reducen, procesos paralizados y una incapacidad total para responder a la crisis que ellos mismos generaron.

Que miles de usuarios estén en riesgo de perder servicios hospitalarios no es una advertencia de futuro. Es lo que ya está pasando. La Defensoría del Pueblo lo registró en Valledupar. Ya algunos medios lo han reportado. Las familias lo viven. El Cesar no puede esperar más.

Lo que venden como reforma no es reforma. Es desmonte. Es abandono. Es negligencia. Es un ataque directo al sistema de salud de un departamento entero. Las vidas que ya se están perdiendo no son “efectos colaterales”. Son consecuencia directa de las decisiones del Gobierno.

El Cesar está gritando y el país tiene que escucharlo ya. Esta vez no estamos hablando de un riesgo hipotético. Estamos hablando de muertes evitables, de hospitales sin oxígeno, de clínicas con deudas exorbitantes, de trabajadores sin pagos, de quirófanos cerrados, de familias encadenándose para evitar que les arrebaten a sus enfermos. El panorama es crítico en el Cesar, donde más de 400.000 usuarios dependen de estas clínicas para recibir atención.

Seguiré denunciando. Porque el silencio ante esta atrocidad también es complicidad.