La salud bajo un gobierno impredecible

Si tuviéramos un gobierno normal, nuestras preocupaciones en el sector salud serían otras. Los maestros y la ciudadanía no estarían preocupados por poder acceder a la salud, por la emigración masiva de médicos al extranjero y porque las EPS y las prestadoras de servicios médicos y sus aseguradoras sean quebradas como consecuencia de la falta de pago por parte del Estado, pagos a los que está obligado legalmente.

El problema de nuestro programa de salud es completamente distinto al planteado por el Gobierno en sus reformas y sus acciones de hecho. Hoy falta, y ayer faltaba, dinero para cumplir con el concepto de cobertura universal planteado en la Constitución del 91; el problema no es ni era la necesidad de un cambio de modelo de prestación de servicio ni de agentes prestadores. Si bien el modelo anterior tenía oportunidades de mejora, sobre todo en la atención de comunidades rurales en que el costo unitario de prestación de la salud es más alto y los ingresos de la población menores, el problema seguía siendo de dinero. Y el dinero necesario para garantizar la prestación de servicios con esa calidad solo puede provenir de los bolsillos de los colombianos, directamente o por medio del Estado.

Un gobierno que tuviera como objetivo preservar la salud de los colombianos tenía entonces tres caminos posibles. El primero hubiese sido aumentar las cotizaciones de salud de los afiliados. Por ese camino impopular, a pesar de que se hubiese mejorado la realidad financiera del sector, se hubiera golpeado la cobertura, ya que menos personas tendrían la posibilidad de pagar por su salud. Esa es seguramente la razón por la cual el Gobierno no adoptó esta opción.

La segunda hubiese sido la de renunciar a una mayor cobertura y mejores servicios de salud para los colombianos porque el país, y en especial el gobierno, no están dispuestos a pagar por ellos. Una renuncia difícil, pero necesaria si no hay con qué pagar una mejor atención y cobertura en salud. Esta opción, aunque parece indolente, tiene sentido, dado que el gasto médico por habitante que implica atender comunidades alejadas –cuánto vale hacerle una ecografía a un colombiano que vive en un municipio alejado en Guainía– hace que se deban adoptar medidas como restringir que la población alejada de los centros de concentración de habitantes reciba servicio en su domicilio.

Para ilustrar el dilema, asuman que este columnista decide radicarse en un cayo en el Pacífico colombiano, donde es el único poblador. ¿Tendría derecho a recibir los servicios de salud en su lugar de residencia? La atención universal debe ser un objetivo del Gobierno, pero dentro de las restricciones que impone el sentido común.

La tercera era trabajar en volver el sistema más eficiente. En este sentido, es necesario implementar controles más cercanos a los gastos del sistema de salud por medio de una auditoría permanente del Estado que impida los frecuentes ataques de corrupción que este recibe. Esto desafortunadamente requiere de rigor, de captura y análisis de datos y de una despolitización del sistema presente en las EPS públicas, además de una justicia y entidades de control que funcionen.

Tomando este camino le correspondería al Gobierno garantizar que las EPS, aquellas que escogen los proveedores de salud, manejen adecuadamente la selección de sus prestadores, evitando conflictos de interés, bajo un modelo similar al del sistema eléctrico colombiano en el cual las empresas públicas y privadas deben decidir si quieren ser aseguradoras del sistema (EPS) o prestadoras del servicio de salud (IPS). Es más, el Estado, de querer participar en el sistema, debería ser obligado a hacer la misma elección, para minimizar los riesgos de corrupción. Este último camino tiene el problema que requiere de un Estado que actúe eficientemente, lo cual implica solucionar deficiencias fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico.

En oposición a estas tres opciones sensatas, el Gobierno se decidió por el camino que más les conviene a sus funcionarios, el de la estatización. Claramente, este camino no hace el sistema más eficiente, ni define los límites del gasto en salud que los colombianos están dispuestos a asumir, ni aumenta sus ingresos. Lo único que hace es aumentar su exposición a la corrupción, la misma que enloda una gran proporción de los cercanos al poder del presidente Petro. Ya los gremios de profesores como Fecode, fervientes seguidores del presidente, se quejan de la implantación del sistema de salud favorecido por el Gobierno.