La trinchera de Maduro y sus narrativas

La hoja de ruta para consolidar una democracia en Venezuela se empieza a deteriorar por las prácticas del Gobierno contra quienes mantienen un ojo crítico desde la oposición política y la sociedad civil. Con el Acuerdo de Barbados, se sentaron las bases para la promoción de los derechos políticos y electorales, no obstante, la oposición ha venido incrementando las denuncias de violación a lo acordado. El panorama se oscurece cada vez más.

Mientras el canciller ruso, Serguéi Lavrov, visita Caracas para reforzar sus relaciones, los miembros de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos son expulsados del país por haberse convertido, según Maduro, en una oficina de “espionaje y conspiración interna”. La suspensión de las actividades por parte del régimen se da luego de que la oficina manifestara su “profunda preocupación” por la detención de la activista Rocío San Miguel, acusada por lo mismo: conspiración.

Bajo el supuesto plan para atentar contra la vida de Nicolás Maduro, denominado “Brazalete Blanco”, San Miguel fue acusada de “traición a la patria” y retenida el 9 de febrero. Con el arresto de la activista, se suman 19 detenidos bajo la misma sospecha. En respuesta, diversas ONG se reunieron en Caracas para exigir la liberación de San Miguel, quien, luego de 10 días en los que la defensa denunció su “desaparición forzada”, fue visitada por su hija, quien también fue detenida junto a su madre y posteriormente liberada.

De hecho, cinco familiares de la activista San Miguel también fueron detenidos por “encubrir medios probatorios”. Su exmarido, militar en retiro, es el único que no ha sido liberado. Este método de persecución en el que extienden la pena del acusado a sus familiares se llama Sippenhaft y fue un método del régimen nazi. La ONU ya lo ha denunciado en Venezuela.

La activista se encuentra en El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, también conocido como “los calabozos del régimen”. Varios presos políticos excarcelados han descrito el aparato de tortura que las fuerzas del Estado utilizan en dicho lugar. Lo cierto es que mientras se avanzan acuerdos para tratar de revivir la democracia, el gobierno de Maduro sigue articulando las instituciones para callar a sus contradictores.

La inhabilitación de María Corina Machado ya no es lo único que preocupa a la comunidad internacional frente a las elecciones de este año. El embajador de Uruguay ante Venezuela, Eber Da Rosa, renunció a su cargo después de presentar un informe en el cual se ratifica la preocupación con la que ven la viabilidad del resurgimiento de la democracia.

En ese orden de ideas, el Canciller uruguayo, Omar Paganini, señaló en la red social X que, “con persecución y proscripción de candidatos, con prisión de líderes sociales y expulsión de representantes internacionales, no se llegará a la normalización democrática”.

Las últimas tendencias del Gobierno venezolano muestran un atrincheramiento de Maduro. El único método de protección, y con el cual han decidido silenciar las denuncias ha sido afianzar la narrativa de conspiración contra su vida. El panorama electoral en el que se encuentra Venezuela permite ver una pequeña luz de esperanza, aunque también puede afianzar el régimen unos 6 años más, como lo explica el profesor universitario de La Sabana, Andrés Agudelo.

El seguimiento de esta situación será necesario para la defensa de los derechos humanos. La comunidad internacional no puede permitirle a Maduro continuar con la burla de asegurar que está comprometido con la democracia.