La universidad de la miseria

Colombia ha sido pionero en Latinoamérica en posibilitar la intervención del sector privado en los servicios y programas sociales. Esa participación comprende desde la entrega de los subsidios a las familias colombianas, por parte de entidades financieras privadas, hasta la gestión del sistema de pensiones de las administradoras de fondos de pensiones. Pasa por la gestión de los programas de alimentación escolar; la gestión de jardines comunitarios y ancianatos; la educación básica, intermedia, universitaria y, por supuesto, las EPS e IPS en el sistema de salud, entre otros ejemplos.

El gobierno actual puso en la picota pública esa participación, considerándola extractiva, ineficiente y con altos niveles de corrupción. Por supuesto que hay ejemplos de cada una de esas situaciones que pueden ser invocados para justificar los argumentos de los diferentes funcionarios que acompañan dichas visiones.

No obstante, vamos a completar 19 meses de una discusión que no parece terminar -o mejor, no se quiere acabar- porque la carga ideológica no lo permite. Llevamos meses sin llegar a un mínimo acuerdo y, que, en el fondo, es lo que alimenta tanto la tozudez del Gobierno en empujar las reformas, como la resistencia de amplios segmentos de la población y los técnicos sectoriales a avanzar en la estatización que se pretende de los programas sociales del Estado.

¿Por qué los colombianos nos resistimos a entregar al Gobierno un cheque en blanco para manejar los fondos de protección de la sociedad? A diferencia de países como México y Brasil que han mantenido una fuerte presencia pública en los programas sociales, Colombia empujó al Estado a tener un papel de financiador y regulador, mientras que la operación se dejó en manos privadas de manera preponderante.

Considero que, como colombianos, tenemos una desconfianza muy marcada del Gobierno como gestor de los sectores sociales. Esa desconfianza ha sido fuertemente determinada por el fracaso de nuestro sistema de educación pública básica y media. Tenemos un modelo educativo en que el Estado es únicamente financiador y tiene nula injerencia en las condiciones intrínsecas de la calidad que reciben nuestros niños y esto ha sido un fracaso inmenso para nuestra sociedad. No hay mayor fuente de inequidad en el mundo que las diferencias en el acceso y calidad de la educación. Pero es tal el control que tiene Fecode (el sindicato de maestros sobre la educación básica e intermedia), que es el único sector sobre el cual no se planteó una reforma radical. De eso, como en la película Encanto, no se habla.

Por su parte, la preponderancia de la participación privada en el aseguramiento y la prestación de servicios de salud evitó ineficiencias y costos elevados del sector controlados por los sindicatos como sucedió en Argentina con las obras que manejan el aseguramiento ‘social’ en ese país y que mayoritariamente son controladas por fuerzas sindicales. Esas instituciones han sido muy costosas, ineficientes y con altos niveles de corrupción producto de los gobiernos ‘progresistas’ peronistas en los que se entregaron partes del Estado a los sindicatos, como forma de forzar acuerdos de lealtad partidista que terminaron por transformarse en –esas sí– reales intermediarias en la prestación de servicios a los ciudadanos, especialmente a los más pobres porque los de mayores recursos estaban cubiertos por seguros privados.

Pero en Colombia los hospitales públicos también han sido manejados como botines de los políticos de turno. Estos terminaron entregando a sus amigos –obviamente privados– los servicios más rentables, tales como el cuidado intensivo, las unidades de nefrología, hemodinamia y en contratos que terminan afectando el balance de las instituciones. Convirtieron a las gerencias de los hospitales públicos en cobradores y gestores de esos intereses privados.

Sin embargo, los hospitales públicos son esenciales en nuestro sistema de salud. La pandemia demostró que especialmente en los lugares más lejanos del país fueron fundamentales para proteger a la población. Eso no quiere decir que cada uno de los 1.103 municipios del país deba tener un hospital, como equivocadamente se argumenta para defender la reforma. No existen médicos suficientes ni se justifica mantener servicios especializados donde las densidades poblacionales no lo sustentan. Para eso hoy existen la telemedicina y otros medios que corren la frontera electromagnética.

La participación privada tiende a ser más eficiente en cuanto haya mayores incentivos para la generación de utilidades y donde sea posible involucrar contratos de largo plazo, como en el sector salud, donde los incentivos a la extracción inmediata de rentas sean muy limitados. Siempre habrá mayor vulnerabilidad a la ineficiencia y la corrupción, donde contratos y licitaciones de corto plazo permitan a los políticos de turno ejercer alta discrecionalidad sobre las decisiones de conceder recursos. Es necesario distinguir estas dos situaciones para intervenir y ajustar los controles.

Un ejemplo está en el otro lado de la educación: la educación superior. Actualmente, Colombia cuenta con una gran capacidad que ha mejorado el acceso de nuestros jóvenes a la educación superior. Es notable cómo las universidades avanzaron en los pasados 30 años de manera notable en calidad y producción intelectual. Las universidades públicas y privadas crearon un ecosistema virtuoso que permitió el intercambio de conocimiento y generó más opciones a los egresados de bachillerato.

Luchar contra ese proceso y la capacidad generada parecen un absurdo. Sin embargo, es incomprensible que para un joven perteneciente a una comunidad pobre y marginada, la posibilidad de enfrentarse al intercambio con otros es lo que más permite avanzar a una sociedad para eliminar la discriminación y la inequidad. No obstante, tercamente queremos llevarles universidades a los entornos de exclusión en los que se encuentran. Este es un modelo inédito de universidades de la miseria: todo en gracia al paradigma ideologizado contra el sector privado.