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#LaCorteSeRespeta

La Corte Constitucional no está para arreglarle los problemas de gobernabilidad a un presidente.

José Manuel Acevedo M., José Manuel Acevedo M.
27 de octubre de 2017

Una de las sentencias que le devolvió a la democracia colombiana parte de su esencia está en riesgo de caerse. Se trata de la decisión mediante la cual el alto tribunal le retornó a los congresistas la potestad de votar uno por uno los artículos de un acto legislativo o una ley de la república y modificarlos sin tener que pedirle permiso al gobierno en el marco del famoso fast track.

Algún lector desprevenido podría preguntarse cómo pudo un congreso autocercenarse de la forma en que este lo hizo y la respuesta es que ocurrió en un triste momento de la historia política de nuestro país en el que la relación transaccional entre el Gobierno y el Poder Legislativo superó todos los límites y la mermelada corría a chorros.

A ese soberano despropósito fue al que la Corte Constitucional le puso fin, demostrando además un nivel de independencia que hace rato no se le veía.

Pues bien, las cosas podrían cambiar con una ponencia radicada por el magistrado Antonio José Lizarazo, exasesor del gobierno en La Habana para los temas políticos del acuerdo de paz.

En su escrito el magistrado Lizarazo pide echar para atrás la decisión de la propia corte invocando el código general del proceso que obliga a nombrar un juez ad hoc cuando el titular del despacho se declara impedido. Una tesis que obvia las intensas discusiones del pasado reciente en la corte en las que se estableció que ello solo resultaría obligatorio en casos de empate y cuando fuera imposible establecer una mayoría. La ponencia –hasta donde se conoce– también pone en un segundo plano la ley estatutaria de la administración de justicia que, para no generar demoras innecesarias mientras se escoge a un conjuez que en realidad no se necesita, dice que si existen los votos suficientes para tomar una determinación, ésta debe ser adoptada sin reemplazar al magistrado impedido.

Si la ponencia de Lizarazo se acoge, tendría consecuencias fatales. ¿Se imaginan ustedes que la ley estatutaria de la JEP o la ley que propone un tratamiento penal diferenciado para los cultivadores ilícitos o la reforma política se hubieran ‘pupitreado’ sin permitirle a los congresistas deliberar o sin recoger las propuestas que a buena hora ha hecho el fiscal general de la Nación? ¿Cuántos esperpentos hubieran pasado en razón de que el gobierno con su poder de veto se hubiera negado a las modificaciones?

La verdad es que suena a que desde la Corte Constitucional algunos magistrados le estuvieran haciendo el favor al presidente de ayudarle con métodos artificiosos a solucionar su problema de gobernabilidad.

Por eso conviene hoy más que nunca recordar que la corte se respeta, comenzando por quienes la componen que deberían entender que su función no es hacerle la tarea al mandatario que los ayudó a elegir sino proteger la Constitución de quienes -esos sí- intentan volverla trizas.

Y por favor, señores magistrados tan amigos del gobierno: no le saquen en cara a sus colegas que como ahora ya son 6, pueden hacer lo que quieran. Es con argumentos, no con amenazas, porque #LaCorteSeRespeta.


Twitter @JoseMAcevedo