opinión

Aurelio Suárez Montoya. Columna Semana
Aurelio Suárez Montoya. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Las herencias de Pipe

¿Pasará la herencia de Pipe por encima del “cambio” o será parte del variopinto Acuerdo Nacional, recargado por “los mismos con las mismas”? Veremos.


Por: Aurelio Suárez Montoya

Al iniciar su periodo conversé con Felipe Córdoba y le dije que esa posición podría ser plataforma para sentar un precedente contra tanto ladrón tradicional del erario y el despilfarro de recursos públicos. La era de Córdoba se rigió por el Acto Legislativo 04 de 2019, que adicionó el control preventivo y concomitante, y concretó un sistema de advertencias que aumentó el número de funcionarios a 6.829 y el presupuesto a 1,33 billones, triplica el de 2019 (SEMANA 15/1/2022, “Control descontrolado”).

Terminó en chasco. Según denuncias de Valeria Santos y Sebastián Nohra en Blu Radio, a dos contralores delegados que visaban proyectos del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), luego de ser aprobados, les valió para cobrar coimas. Eran parte de un carrusel con alcaldes, congresistas conservadores como Merheg, Ape Cuello y Manzur, señalados en la investigación, y el director de regalías de Planeación Nacional (DNP), Álvaro Ávila, “coterráneo y copartidario” del director, Luis Alberto Rodríguez. Se estima el desfalco en centenares de miles de millones de pesos, y los contralores Quiroz y Gualdrón, de acuerdo con la acusación, pedían 2 por ciento de la contratación tramitada.

Córdoba deshonró asimismo la gestión de la Contraloría en el proceso de Hidroituango contra Sergio Fajardo. Con el escándalo en plena campaña electoral, fue evidente la dañina motivación cuando, como se había advertido, el seguro cubrió los costos del detrimento patrimonial. En la firma del pago de la póliza entre Mapfre y EPM, tras haber puesto en la horca a Fajardo y a 25 personas más, dijo con solemnidad: “En el momento en que se salden los 4,3 billones de pesos no habrá inhabilidades ni sanciones para ninguno de los 26 (sancionados)” (El Tiempo, 10/12/2021). Sentó el funesto precedente del control fiscal amañado como arma política.

A los desatinos institucionales, del control preventivo vuelto previo o del abuso para afectar carreras electorales, se añaden espinosos asuntos que envuelven a Felipe Córdoba. El primero es el deliberado ocultamiento del valor real de una mansión de 1.083 metros cuadrados en un lote de 4.158 en la zona de mayor valorización en Pereira, Malabar, a medio millón de pesos por unidad de terreno, que construye la “sociedad conyugal vigente” con Marcela Yepes (El Espectador, julio 3 de 2022).

En la crónica sobre esta edificación se relatan asimismo los vínculos que ha tenido con empleados y recursos técnicos de la firma constructora Grupo Rivera, la misma que le vendiera a la Contraloría un edificio en obra negra para la sede en Pereira, por 5.184 millones de pesos, después de adquirirla, tres meses antes, a un banco por 3.200. Al mismo contratista se le adjudicó la obra de adecuación por otros 6.973 millones. ¿Cómo fueron los concursos para el terreno y para los acabados que ambos beneficiaron al mencionado grupo? (El Espectador, idem).

El segundo es el doctorado exprés, que le permite a Pipe cargos futuros en las cortes o la Fiscalía. La documentación exhaustiva, de disímiles fuentes, da cuenta de que, en ejercicio de funciones de tiempo completo, en “dos años y medio se graduó de abogado de la Universidad Politécnico Grancolombiano y obtuvo, además, el título de un doctorado en la Universidad de Jaén en España”, con reconocimiento cum laude. Una revisión académica y periodística, que encontró inconsistencias, plagios y manipulaciones ideológicas en el trabajo de grado, dio para el sonoro titular: “Summa cum fraude” (Caracol Radio, 2/6/2022).

Antes de que el Tribunal de Cundinamarca resolviera “rehacer la lista de elegibles” por razones de mérito y género (14/2/2022), Córdoba había formado un elenco de diez personas para la sucesión. Ocho de su cuerda: seis burócratas de la Contraloría, incluidos Quiroz y Gualdrón, más el excontralor de Bogotá, Andrés Castro, y Luis A. Rodríguez, exdirector del DNP, enredado en la manchada tramitación de proyectos PDET.

Toma fuerza María Fernanda Rangel, directora de una división de la Contraloría, la Diari, que recibía las hojas de vida recomendadas por los politiqueros y colocaba la clientela, como la del corrupto Mario Castaño. Tiene trayectoria, de empleada o contratista, en la Presidencia, el Ministerio del Interior, el Senado, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Previsora, siempre apadrinada, y es de oídas su cercanía con Roy Barreras, el eficaz lobby a su favor del “gordo” Bautista, paisano cucuteño, y el segundo grado de consanguinidad con los dueños de la emproblemada empresa operadora del relleno Doña Juana de Bogotá. La campaña a la Contraloría, con base en el directorio cordobista, está en marcha. ¿Pasará la herencia de Pipe por encima del “cambio” o será parte del variopinto Acuerdo Nacional, recargado por “los mismos con las mismas”? Veremos.