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Opinión

  • | 2017/09/02 22:15

    “Cagados y el agua lejos”

    Los herederos de Musa y del Ñoño y todos los clanes regionales aliados de las mafias bajo el amparo del Partido de la U, del Liberal, del Centro Democrático, de Cambio Radical y del Partido Conservador se alzaran con la victoria y determinarán la disputa presidencial.

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La encuesta bimestral de Gallup no deja títere con cabeza: los partidos tienen el 87 por ciento de imagen negativa, la justicia el 83, el Congreso el 80, el presidente Santos el 72 y el líder de la oposición de derechas el 50. Nadie se salva. Todas estas cosas vienen de atrás, pero en los últimos meses los escándalos de corrupción en las cumbres políticas y judiciales han empeorado el ambiente. Es una pavorosa ausencia de liderazgo y legitimidad.

Situaciones de este tipo en sociedades con mayores sensibilidades éticas, con electores más libres, desatarían una enorme crisis nacional  y llevarían a un cambio en las élites políticas  y a una profunda reforma institucional. Aquí no.

Varios analistas alertan sobre la posibilidad de que algún outsider, algún caudillo, aproveche la situación y montado en los hombros de una opinión asqueada por la podredumbre del régimen, se haga al poder y barra con los espacios democráticos que aún persisten. Dicen, cuidado, ahí está Petro o algún lider de la derecha extrema.

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Otros más optimistas piensan que esta crisis de liderazgo es la gran oportunidad para generar un caudaloso movimiento ciudadano y una generosa coalición política que conduzcan el país hacia una democracia vigorosa y hacia una modernización económica y social.

No creo en estos escenarios. No habrá caudillo, ni salto democrático. Por una razón: aquí no hay,  por el momento, indignación moral auténtica ni censura social y política. Aquí no hay ciudadanía para darle un vuelco a la competencia democrática y generar los cambios que para bien o para mal se han dado en toda la región suramericana en los últimos veinte años.

Mi escepticismo viene de experiencias que me han marcado con hierro.  A principios de 2008 estuve en reuniones con grupos de parlamentarios en Londres, Bruselas y Estocolmo. He contado esto varias veces. Fuí a explicarles el fenómeno de la parapolítica. Les decía que, según las investigaciones académicas que habíamos hecho, 83 parlamentarios, 251 alcaldes y 9 gobernadores, en 2002 y en 2003, habían llegado al poder con ayuda de los paramilitares.

Me preguntaron en Londres: Señor Valencia, a qué partidos pertenecen esos parlamentarios y líderes políticos? Les conteste: el 95 por ciento participan de la coalición de gobierno y respaldan al presidente Uribe. Replicaron: ¿Entonces hay un gran crisis política y el gobierno se  puede caer? Les dije que no, que al contrario, Uribe estaba en su segundo mandato con un enorme respaldo y los congresistas cuestionados, muchos de ellos procesados por la justicia, mantenían su caudal electoral a través de familiares o aliados políticos. Similares preguntas me hicieron en Bruselas y Estocolmo. Los miraba y veía en ellos una inocultable cara de desconcierto,  no podían entender que acá no hubiese censura ciudadana para estos actos, que los electores no castigaran semejantes transgresiones a la democracia.

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El trago fue muy amargo. De la comprobada alianza entre las fuerzas políticas que gobernaban el país y las  organizaciones mafiosas no salimos con una reforma institucional y un cambio en las casas y clanes políticos que ostentaban el poder. Los herederos de la parapolítica continuaron ganando las elecciones.

Tanto que en 2014 repetimos el monitoreo electoral y concluimnos que setenta de los elegidos al congreso tenían serios cuestionamientos de financiación indebida o ilegal. Entre ellos estaban los ahora tristemente famosos Musa Besaile y Ñoño Elias que alcanzaron la segunda y la tercera votación al senado.

Los pactos entre clanes políticos y organizaciones mafiosas fueron poco a poco contaminando otras instancias fundamentales de la vida pública. De un momento a otro apareció el escándalo de Jorge Pretelt en la Corte Constitucional y el de Gustavo Moreno en la Fiscalía y ahora, como en un ajedrez perverso, saltan los nombres de Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte en la Corte Suprema de Justicia. Pero si los lectores dedican unas horas a estudiar la trama de esta novela negra verán que las raíces de todo están allá a principios de siglo.

Bajo la influjo de estos escándalos y de los acuerdos de paz se ha hablado en estos dos años con insistencia de profundas reformas a la justicia y a los organismos electorales. Se propuso en su momento, con gran bombo, el Tribunal de Aforados para sustituir a la a Comisión de Acusaciones de la Cámara, el mismo que se vuelve a proponer ahora. Se juró que se cumpliría a cabalidad el pacto de acoger las recomendaciones de la comisión de expertos conformada por los compromisarios del gobierno y de las FARC en la Habana para transformar el Consejo Nacional Electoral, la Registraduría y la Comsión Quinta del Consejo de Estado. Todo quedó en agua de borrajas.

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Ahora se tiene la mira puesta en las elecciones de 2018. La proliferación de candidatos presidenciales independientes, comprometidos en la lucha contra la corrupción y en la búsqueda de reformas está generando la ilusión del cambio. Esa esperanza durará hasta las elecciones parlamentarias.

Allí se verá como los herederos de Musa y del Ñoño y todos los clanes regionales aliados de las mafias bajo el amparo del Partido de la U, del Liberal, del Centro Democrático, de Cambio Radical y del Partido Conservador se alzaran con la victoria y determinarán la disputa presidencial. Entre tanto los candidatos independientes  estarán dispersos y sin mayor fuerza parlamentaria. El cambio está muy lejos.

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