Liberación de 6.342 presos: un infierno para la seguridad de Bogotá

El trámite de la llamada Ley de humanización de cárceles es quizás uno de los golpes más letales que el gobierno de Petro le ha propinado a Bogotá. Y además de letal, el golpe es insólito, pues hablamos de una Presidencia que ha sido inesperadamente inconveniente para una ciudad que ayudó a elegir a Petro como presidente.

Fue en esta columna de revista SEMANA en que revelamos por primera vez el cálculo de presos que quedarían en libertad en Bogotá de aprobarse los subrogados penales con los que Petro planea privilegiar a condenados en un nicho de más de 30 delitos: la cifra es 6.342 delincuentes, condenados actualmente por crímenes varios que el sentido común dicta que deben ser castigados con privación de la libertad, no con beneficios.

Pero lo todavía más increíble es que tres de los delitos beneficiados con esta reforma son precisamente los que causan mayores quebraderos de cabeza, lamentos y frustraciones en una ciudad como Bogotá: hurto, extorsión y microtráfico.

Son 3.944 condenados por hurto calificado, 400 por extorsión y 1.998 por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, los que quedarán en libertad en Bogotá, en aplicación del principio de favorabilidad.

Yendo más allá de la natural indignación que esto despierta, y de la que ciertos sectores alineados con el Ministerio de Justicia al parecer son inmunes, todavía quedan cuestiones sobre esta reforma que suman más desidia: por ejemplo, los recursos con los que se debe financiar el monitoreo de los criminales en libertad no son menores, y pueden ser dinero totalmente desperdiciado si no hay una resocialización real.

Este gobierno ha manifestado en varias oportunidades que no destinará recursos para la construcción de nuevas cárceles. Allí está el corazón del debate, pues el Gobierno también cree que la Ley de humanización es urgente para combatir el hacinamiento que se presenta en estos centros de reclusión. En lugar de construir nuevas cárceles, el Gobierno decide pasar de ellas y soltar a los presos. Es como combatir el hacinamiento hospitalario enviando a los pacientes a casa.

La resocialización de los criminales debe ser una meta superior a la que aspire la sociedad. Por ello, asumirla con candidez o romanticismo solo atenta contra la resocialización misma, y no contra ese coco llamado “populismo punitivo” frente al que ciertos sectores, encabezados por el mismo ministro de Justicia, enfilan todas sus baterías: a ellos les parece de lo más insólito que haya personas en la sociedad que vean normal el que un criminal pague cárcel por sus crímenes.

Para estos románticos es mejor un mundo en el que el deseo de venganza que (según ellos) representa la cárcel no se materialice: mejor que el delincuente repare a su víctima, asuma con contrición sus delitos, se arrepienta y se inserte a la sociedad en un trabajo distinto al de robar celulares, hacer llamadas extorsivas o venderles drogas a niños. Es algo en lo que difícilmente no podríamos estar de acuerdo, pero desgraciadamente es una utopía.

¿Dónde está el proceso de resocialización si el mensaje que se envía es que la impunidad va a estar por encima de la función de la justicia misma? Quienes creen que la cárcel es una forma de venganza de la víctima, y no una medida preventiva de seguridad para la existencia misma de cualquier sociedad, omiten una verdad eterna, y es que la cárcel siempre será necesaria. Por eso, la Ley de humanización de cárceles no se puede aplicar para abusadores sexuales, feminicidas o responsables de delitos de lesa humanidad.

Y es que la justicia también tiene una función de lucha contra la criminalidad que esta reforma está obviando. La cárcel misma como símbolo disuade a los ciudadanos de extralimitarse y violar la ley, algo que difícilmente podrá hacer una visión buenista de la resocialización sin escarmiento.

De momento, el debate está sobre la mesa: hay quienes han mentido diciendo que este proyecto de excarcelación no es un proyecto de excarcelación, y quienes también han ocultado a Colombia la cantidad de presos que quedarían en las calles este año. Si están tan convencidos de sus tesis, deberían hablarle al país con toda claridad. No lo hacen, pues saben que causaría una alarma plenamente justificada: por ejemplo, en Bogotá la liberación de 6.342 presos derivaría en un infierno para la seguridad.