Libertad de expresión y el fraude intelectual de la actual lucha anticorrupción

En una sociedad anestesiada por narrativas que permiten acumular poder político, la Ley se puede volver un instrumento anti-ciudadanía y aun así venderse como una salvación. El caso más evidente lo demostró recientemente el mico que increíblemente se coló por poco se cuela en el apoteósico proyecto anticorrupción (Proyecto de Ley Nr.369 de 2021-Cámara/ 341 de 2020 en el Senado), justamente por el abuso de la narrativa anticorrupción.

No sirvió ni la intervención de menos mal intervino a tiempo la prensa ni de otros actores de la sociedad civil, la única verdadera fuente de veeduría sobre aquello que hace un Estado plagado de politización, inclusive en las esferas que deberían ser técnicas e independientes. Resumamos el mico y entremos en materia.

El artículo 221A prácticamente permite permitía encarcelar y multar a quien pretenda pretendiera “calumniar” a (ex) funcionarios públicos. En teoría, tiene sentido. Calumniar es una bajeza y no se puede permitir, pero en el país del sagrado corazón, las definiciones las impone el poder político, no el sentido común. Y eso mismo pasa con la lucha anticorrupción, una amalgama de buenas intenciones que esconden el verdadero funcionamiento enfermizo del Estado colombiano.

Cuando uno ve la exposición de motivos del proyecto, sobresale el agolpamiento de logos y colores de algunos de los múltiples entes de control que tiene el país. Todos quieren figurar, ¿lo hacen algunos de sus estrategas para clamar victorias teóricas y luego capitalizarlas electoralmente en un futuro?

¿Quién no quiere figurar en la lucha anticorrupción? Es una idea noble, y todos sabemos que la corrupción es un cáncer, pero no por ello se puede decir que toda acción legalista, y menos sus micos invitados, ayudarán a arrancarla de raíz. Pensemos en ese artículo 221A de nuevo: en el marco de la lucha anticorrupción le quieren dar querían dar cárcel y multas a quienes supuestamente calumnian. Esa idea, sí señores, esa misma idea se aprobó encontraba en un proyecto anticorrupción, cuando pareciera ser más de un proyecto autocrático. Por eso creo, tristemente, que la lucha anticorrupción actual, es decir, bajo la arquitectura de incentivos actual, es un fraude intelectual. En otras palabras, es una ilusión que vende buenas intenciones con probables efectos negativos, estructuralmente inconvenientes.

No neguemos que, en el proyecto de Ley, nutrido por grandes nombres del Jet Set político, hay algunas cosas buenas: proteger a los denunciantes (ojo en todo caso con los incentivos perversos y las denunciatones), volver más expedita la extinción de dominio, reconocer la importancia de los datos (¡al fin!), buscar simplificar la inhabilidad de aportantes, etc.

Pero miremos con más detalle. Dicen que quieren diferenciar “los términos de prescripción de la acción disciplinaria teniendo en cuenta el tipo de falta”. Suena bien jurídico, pero el tema es sencillo. Si se determina que la acción del servidor público es gravísima (la peor), podrían seguir investigando. Maravilloso. Lo que no cuentan es que los entes de control son algo así como juez y parte. En la misma torre de marfil investigan, acusan y sancionan. Agreguemos un “posible” ingrediente político y ya entendemos por donde va la cosa. ¿Esperaríamos entonces que les darán más presupuesto?

Tomemos el ejemplo de la Procuraduría. Este gran ente de control que nació hace doscientos años y se engorda cada vez más, recibiría en el Presupuesto General de la Nación unos 200 mil millones de pesos. Mejor aún, en la exposición de motivos del proyecto anticorrupción, publicado por la Secretaría de Transparencia (otra entidad que representa un costo de oportunidad social), dice literalmente que “es necesaria [para la Procuraduría] una fuente de ingresos financieros adicional a los otorgados por el presupuesto general de la nación” (EdM, p.16). Parece que, para la ambición de la Procuraduría, ningún presupuesto alcanza.

Otra cosa que no cuentan con tanto detalle es el rol de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), que ahora coordinaría la elección de los personeros. Lo interesante aquí es preguntarnos, antes que nada, por la efectividad de las grandes personerías (e.g. Medellín, Bogotá, Cali), otras torres de marfil bastante distintas de los pequeños personeros de los municipios de sexta categoría que tienen que lidiar con miles de cosas, inclusive esas que les delegan desde Bogotá. Pero ese debate es para otro momento. Ahora sucede que, en vez de involucrar otras universidades en la elección del personero, todo lo tendría que hacer la ESAP. Entonces quieren darle más poder a otra entidad pública, así sea una institución de educación superior (¿es políticamente influenciable?). ¿Están sugiriendo implícitamente que las otras universidades no son idóneas y aún más implícitamente que en el futuro habrá que darle más recursos a la ESAP que vendrán siendo vistos como ‘dinero para la educación’? No lo sabemos.

La lucha anticorrupción, tal y como está pensada actualmente, es en parte un fraude intelectual legalista dada la estructura actual de los entes de control. Hasta que no se reformen y se adelgacen, poniendo el énfasis absoluto en las ciencias de datos y en las veedurías ciudadanas independientes, podemos olvidarnos de una lucha anticorrupción seria (miren que, mientras tanto, Colombia Compra Eficiente sí sacó una herramienta para hacerle seguimiento a la contratación). Otra cosa muy distinta es que se la pasen anunciando grandes victorias, porque de eso vive la narrativa anticorrupción. Cada vez que descubren casos reales, nos dirán, “si ven, la corrupción está ahí, hay que combatirla”.

Pero, por supuesto que sí, pero de eso no se trata la crítica que hacemos algunos, pues precisamente, para combatirla de manera más efectiva, se requiere más sinceridad con el país, y esto implica reformar los entes de control, no crear micos para reprimir la libertad de prensa, y menos cantar victoria por engordar el legalismo colombiano, que hoy nos tiene en las grandes ligas, pues nos jactamos de ser la capital mundial de las leyes.