Los “buenos” funcionarios de Duque

Al gobierno de Iván Duque no solo se le va a recordar por entregar un país vuelto añicos o trizas. También, por su incompetencia y la imposibilidad de remover cuestionados funcionarios, una mezcla entre ineptitud, cuestionamientos por presuntos temas de corrupción e ignorancia en temas centrales de su gestión. Uno de los casos más dramáticos, cuestionables y vulgares se da en la UNGRD o Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres.Además de las irregularidades descubiertas por la W Radio e investigadas actualmente por la Contraloría, que hablan de posibles sobrecostos en los kits de alimentación y transporte de los mismos[1], y de posibles comisiones del 40 por ciento para la selección como proveedores por parte de la UNGRD[2], la Fundación Paz y Reconciliación encontró delicados cuestionamientos sobre los contratistas que se hicieron a estos multimillonarios contratos.La investigación de Pares encontró que, algunos de estos contratistas, están involucrados en procesos de cartelización o acuerdo entre competidores para defraudar el Estado. Otros, están metidos en escándalos de corrupción como en el tema del PAE o Plan de Alimentación Escolar y otros, en temas de ilegalidad delicados como la entrada de celulares a cárceles para presuntamente dárselos a presos. También, varios de ellos están cuestionados por contratos intervenidos con entes territoriales por sobrecostos en kits de alimentación con ocasión de la covid-19 e, incluso, una empresa creada apenas este año, que a todas luces no contaría con la experiencia para realizar esta multimillonaria contratación. A continuación, voy a mostrar dos ejemplos.Uno de los contratistas cuestionados es Proalimentos Liber SAS,cuyo representante legal es Jairo Humberto Becerra Rojas. Suscribió contratos por más de 2.000 millones de pesos para la entrega de kits de alimentos. En este caso hay varios cuestionamientos, pero, mencionaré un par de ellos.Por un lado, según el pliego de cargos de la SIC consignado en la resolución 46587 de 2018, esta empresa habría hecho parte de un cartel de contratación para quedarse con distintas licitaciones por hasta 1,5 billones de pesos por más de una década (2007-2017) dentro del Programa de Refrigerios Escolares en Bogotá. Adicionalmente, estas empresas cartelistas habrían creado la Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos -Asoproval, a fin de incidir en las licitaciones, como lo demuestran las conversaciones que hacen parte de las pruebas recaudadas por la SIC (imagen 1). Entre las conversaciones expuestas en el pliego de cargos se encontraron algunas entre Beatriz Becerra, representante legal suplente de Proalimentos Liber, y Mónica Barrera, directora de Asoproval, para coordinar los términos de las adiciones a los contratos realizados por la Secretaría de Educación de Bogotá para la provisión del PAE, motivo de la resolución de la SIC (Imagen 3).Imagen 1. Extractos de los chats entre los miembros del cartel y entre estos y la Asociación Colombiana de Proveedores de Alimentos obtenidos por la SIC.Imagen 2. Extracto del chat entre Beatriz Becerra Rojas y Mónica Arlene del Pilar Barrera Romero el 1 de noviembre de 2016 obtenido por SIC.El segundo cuestionamiento es que, ese mismo año, fue condenado uno de los presuntos miembros del cartel empresarial, Germán Trujillo Manrique, esposo de la exgobernadora del Huila por Cambio Radical, Cielo González, al comprobarse irregularidades en un contrato suscrito con la Gobernación de Santander, cuando fungía Didier Tavera[1].De otro lado, en marzo 2020, según El Tiempo, a empleados de esta empresa encargada de la alimentación de los presos de cárceles en Boyacá y Bogotá, se les incautaron, entre la comida que debían proveer a Cómbita: 52 celulares, 68 cargadores, 52 manos libres, 54 cables USB y 5 baterías para aparatos móviles. Días antes se les había incautado 20 celulares que intentaban ingresar a la cárcel El Buen Pastor[1]. En diciembre de 2019, los presos de Cómbita denunciaron a la empresa y se negaron a comer los alimentos, pues, según los reclusos, estos no coincidían con las raciones y menús prometidos por el contratista y aseguraban que, en muchas ocasiones, llegaban en descomposición[2].Otro de los casos cuestionados es el de Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS (Ibeaser). Esta empresa, representada por Juan Carlos Almansa Latorre, se hizo a un contrato por 819 millones con la UNGRD para la provisión de kits alimenticios en el marco de la emergencia por covid-19.Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS (Ibeaser) es otra de las empresas envueltas en el cartel de contratación del PAE en Bogotá a la que la SIC le imputó cargos en 2018, junto a Proalimentos Liber SAS y otras, en el que, como se mencionó, se habrían puesto de acuerdo para direccionar contratación del PAE a través de prácticas anticompetitivas[1][2] por más de una década.También hizo parte del cartel de las raciones militares, al que la SIC le formuló cargos en el año 2018 y sancionado hace pocos días (agosto 3 de 2020), con una multa de más de 2.200 millones de pesos para $2.287.998.999 para la empresa Iberoamericana de Alimentos y Servicios SAS (Ibeaser) y de más de 1.700 millones a Juan Carlos Almanza Latorre, multa esta que constituye la más alta impuesta a una persona natural por parte de la SIC por actuaciones como representante legal.Imagen 6. Pliego de cargos de la SIC contra el cartel de contratación del PAE en Bogotá, donde constan las empresas involucradas.Como estos, hay muchos ejemplos más. Lo que llama la atención es que como lo dice Juan Pablo Calvás en el gobierno que tildan de “ratas de alcantarilla” a aquellos que juegan y se roban los recursos de las ayudas humanitarias, aún se mantengan este tipo de funcionarios. No hay que olvidar el lema del presidente Duque: “El que la hace la paga”. La UNGRD está a cargo de Eduardo José González y esta oficina depende directamente de la presidencia. La Contraloría y Procuraduría, aunque tienen la información, no han hecho nada, brillan por su ausencia.Al margen: Esta es la primera de varias columnas que escribiré sobre los funcionarios de Duque. En el Gobierno de “el que la hace la paga”.[1] Recuperado de: https://www.dinero.com/empresas/articulo/superindustria-formulo-cargos-por-cartel-de-precios-en-pae/259941[2] Para ver copias de los correos y conversaciones interceptadas por la SIC véase: https://www.semana.com/nacion/articulo/el-yate-los-amigos-y-el-cartel-detras-de-la-comida-de-los-ninos-de-bogota/574344[1] Recuperado de: https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/zar-de-las-raciones-en-lios-por-caletas-con-moviles-que-iban-para-carceles-470214[2] Recuperado de: https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/internos-de-combita-amenazan-con-no-comer-si-no-cambian-empresa-que-suministra-alimentos/20191219/nota/3993645.aspx[1] https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/zar-de-comida-escolar-german-trujillo-condenado-a-tres-anos-compro-casa-con-plata-de-ninos-348338[1] https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/estos-son-los-contratos-irregulares-que-la-ungrd-ha-otorgado-durante-la-emergencia/20200424/nota/4033315.aspx[2] https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/por-que-gestion-del-riesgo-no-publica-precios-de-los-mercados/20200417/nota/4031471.aspx