Verdades y mentiras en el gobierno del cambio

El 21 de abril de 2024, en todo el país, se desarrollaron marchas en las que se elevaron miles de voces en contra de algunas propuestas del actual gobierno. Esa manifestación social, esa expresión democrática, fue objeto de muchos análisis posteriores, tanto por parte de analistas expertos, de medios de comunicación, así como por algunos centros de pensamiento, motivados particularmente por el hecho de que tal expresión se había originado en una parte del pueblo que tradicionalmente ha estado alejada de las calles como escenario de expresión.

A quienes son afectos a las políticas y pensamiento del mandatario de los colombianos, les choca bastante que lo que el país atestiguó el pasado 21 de abril se compare con las movilizaciones del 8 de febrero del año 2008, cuando millones de colombianos salieron a manifestar un rechazo absoluto contra el demencial accionar de la organización terrorista de las FARC, pues sienten que es un ataque directo a la legitimidad del mandatario, desconociendo que, en realidad, es la materialización del descontento por la forma como viene conduciendo a la nación, gestión que lo tiene con más del 60 % de desaprobación.

Trato de entender a los “petristas” (en serio trato de hacerlo) para interpretar esa fe ciega que los embarga, entender ese convencimiento que los lleva a defender al presidente de la manera que lo hacen, lo que para mí es admirable y digno de reconocer. Pero al momento de argumentar, precisamente sobre afectos, existe una línea argumentativa constante al salir a defender la política del cambio y es la del abandono histórico, la de los doscientos años de sometimiento, la indiferencia ancestral hacia los territorios que componen lo que han llamado la “Colombia profunda” y, especialmente, la corrupción de los gobiernos anteriores.

Ante lo anterior, poco se puede debatir, pues es una verdad de Perogrullo, pero lo que sí se puede controvertir es que esa historia sea la base para construir una narrativa de no país, del todo está mal, de que tenemos la peor salud, de la peor educación, la del peor sistema pensional y que todo lo pasado ha sido solo corrupción, además de que han gobernado siempre los mismos.

Ojalá que quienes votaron por la esperanza del cambio también traten de entender a quienes no miran con la misma devoción al presidente de los colombianos y mantienen cierta prevención al momento de recibir los anuncios de cada reforma que pretende hacer. Yo me incluyo en esta franja de la sociedad y lo hago por los antecedentes del mandatario, no propiamente de los relacionados con su actividad delincuencial cuando era parte del movimiento M-19, sino por los relacionados con sus décadas en la vida pública, especialmente en los años como senador y como alcalde de la Bogotá Humana, los cuales me generan muchas preocupaciones.

Es verdad que en el panorama político de la nación, la información ha desempeñado un papel determinante en la forma como los colombianos estamos reaccionando frente a los anuncios del alto gobierno y, especialmente, sobre lo que dentro del seno del Congreso se viene discutiendo y aprobando. Pero hay que decir que es mentira que exista una oposición generalizada frente a la intención del cambio propuesto, pues desde la misma posesión, el 07 de agosto de 2022, se han adoptado medidas sin mayores objeciones. La terminación del servicio militar obligatorio, la distribución del presupuesto, el cese al fuego apresurado, la reforma tributaria (muy similar a la que intentó presentar el gobierno anterior y por la cual se incendió el país). También la gasolina incrementó su valor en el doble, sin que se hubiese quemado un solo bus o se realizara manifestación alguna rechazando el incremento, lo que es paradójico, cuando los mismos funcionarios de este gobierno decían, antes de serlo, que Colombia tenía la gasolina más cara de América, cuando el precio estaba en el orden de los ocho mil pesos y no en los dieciséis mil de hoy.

Es mentira que las marchas sean parte de un entramado político que busca dar un “golpe blando” a este gobierno para sacarlo del poder, pues la verdad es que quienes no están en las toldas del Pacto Histórico no han pensado en acudir a mecanismos diferentes a los previstos en la Constitución y la ley, para que se apliquen frente a los desafueros cometidos o que se pudieran cometer en el periodo para el cual fue elegido. Personalmente, considero que Gustavo Petro debe terminar su mandato constitucional, pues es sano para la democracia, y que la sociedad de afectos y desafectos después juzgue la realidad de país que va a heredar a los colombianos.

Es verdad que este gobierno ofrece las garantías para que el pueblo salga a marchar, pero es mentira el afirmar que en el pasado los otros gobiernos no lo hayan hecho y que solo se reprimió la protesta. Se les debe recordar entonces que la destrucción del mobiliario urbano, la quema de estaciones y de medios de transporte, así como la agresión física a funcionarios policiales, no son parte de una protesta pacífica y por ello la autoridad se ve en la necesidad de restablecer el orden con los medios con que cuenta y eso lo ha hecho este gobierno igual que los anteriores.

Constituye una mentira enorme insinuar que quienes están en la “oposición” son enemigos del cambio y quieren evitar a toda costa se hagan las reformas necesarias para garantizar la futura sostenibilidad económica y social de la nación, pues la verdad es que son los funcionarios del Gobierno quienes siembran dudas sobre el alcance real de dichos cambios. Es mentira que quienes marchan contra Petro no quieran que llegue la salud a las zonas apartadas de la patria, pero es verdad que preocupa, y mucho, que lo que está funcionando relativamente bien en esta materia sea destruido.

No es cierto que quienes salieron a marchar se opongan a que los ancianos tengan una pensión digna, pero es verdad que existe temor a que se disfracen los subsidios como bonos pensionales, que el fondo de pensiones de los colombianos termine siendo una enorme bolsa para ello, que se castigue con impuestos a los pensionados por cotizar y ahorrar un poco más. Es mentira que quienes marcharon el 21 de abril se opongan a la paz, pues la verdad es que lo que los incomoda es que la impunidad sea disfrazada de acuerdos y la inactividad del Estado, esperando la buena voluntad de los delincuentes de todo tipo, permita que las organizaciones se multipliquen y fortalezcan en los territorios, desplazando a las autoridades civiles y a las de la fuerza pública.

Es mentira que quienes marcharon desprecien a los pobres, campesinos e indígenas, pues es verdad que la inmensa mayoría de los colombianos que salieron ese día llevan en su sangre algo de afro, de campesino (estoy en este grupo) o de indígena; hay que decir que muchos de los que marcharon lograron superar sus niveles de pobreza; hoy son profesionales, empresarios o ciudadanos prósperos y no se les debe castigar o señalar por haber trabajado y salido adelante. Es una verdad de a puño que quienes están hoy en los estratos 3, 4 y 5, en gran mayoría, vienen escalando desde los niveles 1 y 2, y eso no los convierte en “ricos blancos” enemigos del cambio, pues ellos han sido precisamente gestores del mismo, y en este grupo se cuentan miles de colombianos afros, indígenas y campesinos, sin dejar por fuera a feministas y miembros de la comunidad LGBTIQ+.

Es verdad que el país necesita que se hagan muchos cambios en lo social, en lo económico y en lo político, pero es mentira que, para impactar positivamente a la nación y, especialmente, a los más necesitados, se tengan que impulsar reformas constitucionales como sacando pan de un horno. La verdad nos muestra que existen mecanismos constitucionales y legales que permiten que la salud, así como el bienestar, llegue a las zonas apartadas, a los más necesitados. Solo se necesita revisar y hacer los ajustes que corresponda en cada caso.

Es mentira que gobiernos anteriores no le dieron importancia a la población vulnerable y desprotegida de la patria, pues es una verdad innegable que el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), con los muchos programas complementarios, como Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción (o en Paz), Devolución del IVA, Mejoramiento de Vivienda, Familias en su Tierra, Empléate sin Fronteras, entre muchos otros, han venido funcionando bien y solo necesitan ajustes en sus presupuestos, en los controles, así como mejorar los indicadores de gestión.

Es mentira que la amenaza de una constituyente sea un invento de medios y de la oposición, pues la verdad nos muestra a un mandatario que, en cada escenario, clama por ella como forma de darle continuidad al “progresismo”, acudiendo a la fórmula del “poder popular”, como en efecto lo hizo esta semana, en la última intervención en el departamento del Cesar.

Mientras en el país, todos los colombianos se mueven entre verdades y mentiras, la zozobra campea en todo el territorio nacional, en una paradójica sinfonía con la esperanza fija en que este gobierno haga las cosas bien para todos. La incertidumbre se hace fuerte en la medida en que quienes promueven las reformas para el cambio son personas sin formación ni experiencia alguna. La gran verdad es que somos más de cincuenta millones de hombres y mujeres de todas las edades, culturas, pensamientos, tendencias, orígenes, capacidades, sueños y realidades que esperamos un país mejor para nosotros y para las generaciones futuras. Por ello, es mentira que se desea que a este gobierno le vaya mal, pues la verdad nos señala que sí eso pasa, nos va mal a todos. La mentira es peligrosa, pero lo es más cuando viene impulsada desde el Gobierno.