Debo confesar que esta proposición me ha resultado bastante útil desde que la escuché por primera vez. Antes me pasaba lo que a muchas personas en nuestro país: creer que detrás de cada decisión grotescamente absurda hay una finalidad corrupta o que detrás de todo acto carente del más mínimo sentido existe una conspiración para mancillar intereses. Cuando, en realidad, es más sencillo considerar que detrás de una estupidez suele haber un simple y común incompetente.
Y esta introducción la hago porque considero que eso es justamente lo que ocurre con la JEP. Entre las críticas que se hacen a esa jurisdicción, es normal toparse con argumentos que emparentan a sus magistrados con causas de izquierda o simpatías hacia la guerrilla. Puede que en casos muy puntuales eso sea cierto. Pero repito: muy puntuales. No hay motivos de peso para considerar que los jueces que ahí operan no intenten hacer su trabajo de manera decente y prolija. El problema es que una cosa es querer y otra, poder.
Y aquí es necesario acudir al principio de todo: la escogencia de los jueces que hoy componen esa corporación. ¿Quién los eligió? Un comité de cinco personajes de las más variadas estirpes. Tres extranjeros —un español, un argentino y un peruano— que no tendrían por qué conocer cómo funciona el ejercicio del derecho en Colombia. A ellos se sumaron el doctor José Francisco Acuña Vizcaya, sobre quien no tengo reparo, y la señora Claudia Vaca, presidenta del comité, que ni siquiera es abogada, sino química farmacéutica. Como quien dice, la escogencia salió del vademécum.
¿Con esos nombres qué podía salir mal? Pues todo. Y el desenlace fue inevitable: una jurisdicción burocratizada, con un presupuesto enorme y resultados más bien discretos.
Y quizás la mejor muestra de esa incompetencia congénita esté en la verdad que la JEP ha sido capaz de entregarle al país. Uno de los propósitos de semejante aparato de justicia transicional era aprovechar el sometimiento de quienes participaron en el conflicto para entender no solo qué hicieron, sino cómo funcionaron las estructuras que hicieron posible la barbarie. Sin embargo, buena parte de las verdades que hoy tenemos de las FARC son una pila de perogrulladas hasta cierto punto frívolas, aunque escandalosas.
Que las FARC asesinaron, secuestraron, extorsionaron, reclutaron menores y cometieron atrocidades durante décadas no constituye ningún descubrimiento histórico. Que deben decir dónde están los desaparecidos tampoco requiere una sofisticada investigación de justicia transicional. Son verdades indispensables para las víctimas, pero conocidas por el país mucho antes de que existiera la JEP. Las preguntas difíciles son otras.
¿Cuánto dinero movieron realmente las FARC, quién lo administraba y dónde terminó? ¿Quiénes las armaban y qué redes legales e ilegales hicieron posible su operación durante décadas?
¿Tuvieron aliados en la política colombiana? ¿Financiaron campañas electorales o contaron con funcionarios que colaboraran con la organización?
Y salgamos de Colombia. ¿Cuál fue realmente la relación de las Farc con Cuba y con los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa? ¿Qué apoyos políticos, económicos o militares recibieron desde esos países y desde Europa?
Sigamos. ¿Cómo funcionaba su maquinaria de reclutamiento? ¿Qué organizaciones les servían de puente y hasta dónde penetraron universidades y colegios?
Esas son las preguntas —por demás, bastante obvias— de una justicia que no solo pretende enumerar atrocidades, sino explicar cómo fue posible que una organización armada funcionara durante más de medio siglo. Las que nos harían entender cómo fue que las FARC azotaron durante 50 años a Colombia, haciendo quedar en vergüenza a un Estado que muchas veces pareció inerme.
La verdad que necesita Colombia no consiste únicamente en que un antiguo comandante reconozca que secuestrar estuvo mal. Necesitamos saber cómo funcionó el aparato político-militar que secuestraba, además de quién lo financiaba, armaba y protegía. A ver si, con base en esas verdades, abonamos correctamente el camino de la reparación y aseguramos la no repetición de tan macabros actos.
Quizás algún día hagan esas preguntas, aunque no estoy seguro. Y aquí conviene volver a Hanlon: no hace falta imaginar una conspiración de los magistrados de la JEP para explicar que, después de tantos años, sigamos sin conocer buena parte de las entrañas de las Farc. Ni siquiera hace falta atribuirles mala intención. La explicación parece más sencilla: algunas de estas preguntas, por elementales que parezcan, simplemente no se les han ocurrido. No es un tropical “tapen, tapen”. Es una fuga de tortuga.
Fuga explicable por aquello de que lo que natura no da, una química farmacéutica no lo presta.