El 8 de septiembre, el presidente Abelardo De la Espriella le devolvió a Colombia el porte de armas, firmando el Decreto 1368 y, como era de esperarse, una gran parte del país salió a gritar que esto nos iba a convertir en un tiroteo sistemático. Respiren y no inventen tanto.
El decreto no es que le regale un arma a todo el mundo, ni deja que cualquiera salga armado a la calle, como lo quiere hacer ver cierto sector político del país, pues acceder a estas es costoso y los bandidos siempre van a preferir comprar un arma ilegal. Lo que realmente hace es reactivar los permisos que ya estaban vigentes antes de que los suspendieran y permitir que se expidan nuevos para ciudadanos que quieren defenderse de los criminales que sí andan armados ilegalmente.
Y antes de que se sigan rasgando las vestiduras, ojo con esto: en Colombia, un arma legal está lejos de ser una fiesta de disparos sin control. Cada bala que sale de Indumil está marcada, con el lote, el año y quién la produjo, agrupada de a 25.000 unidades para poder rastrearla hasta el último detalle. Y desde 2022, sacar o renovar un permiso de porte exige registrar la huella balística del arma, esa marca única que deja cada disparo en el casquillo, como si fuera una huella digital o un ADN de la bala.
Con eso, si un arma legal aparece en un delito, se puede rastrear de dónde salió, por medio del sistema Ibis, donde los peritos saben exactamente de quién es el arma y qué arma se usó. El mercado legal es, de lejos, el más controlado y vigilado del país; muy diferente al ilegal, que es el que de verdad está matando gente y que nunca pasa ni va a pasar por ningún filtro. Y ahí está el dato que debería darle vergüenza a cualquiera que hoy salga a criticar el decreto: según la Policía Nacional, las armas ilegales estuvieron relacionadas con el 76 % de los homicidios cometidos con arma de fuego en el país. No es el arma con permiso la que está matando gente. Es la que nunca pasó por ningún registro.
El presidente sustentó la medida con una cifra que debería darnos pena: en lo que va de 2026, se incautaron 15.700 armas ilegales, 14.100 ivolucradas directamente en delitos. Mientras el ciudadano de bien esperaba años a que le renovaran un permiso, el criminal nunca soltó su arma ilegal.
Pongamos las cosas claras y hagamos la pregunta clave. Si restringir el porte durante diez años nos daba seguridad, ¿por qué Colombia cerró 2025 con 25,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, y Estados Unidos, con más armas legales en manos de la gente que cualquier otro país, cerró en 5,76? Casi cinco veces menos que nosotros, con la restricción puesta. Si la cuenta fuera tan sencilla como: menos armas legales, menos muertos, Colombia sería de los países más tranquilos y seguros del mundo.
Y todos sabemos que no lo somos, ni estamos cerca de serlo.
La restricción no falló por mala suerte. Falló porque el que mataba en Colombia nunca fue el ciudadano de bien. Fue el criminal, el narcotraficante, la estructura armada que nunca le paró bolas a ningún salvoconducto, porque ellos siempre han tenido las suyas por fuera de la ley.
A esa gente siempre le ha dado igual que el porte legal esté prohibido.
El único que sí lo sufre es el ciudadano que cumple la ley, que durante diez años tuvo que escoger entre defenderse sin nada en la mano o quedarse rezando que no lo mataran, esperando a que la Policía llegara a tiempo.
¿Esto va a bajar los homicidios mañana? No lo sé, muy probablemente sí, porque el porte de armas, más allá de ser algo para dispararle a alguien, es una herramienta de disuasión que se traduce en seguridad, como pasa en Estados Unidos.
Desarmar al que cumple la ley jamás desarmó al que no la cumple. Lo único que logró fue dejarlo solo porque la cifra real que tenemos es que en Colombia existen 3.000.000 de armas ilegales y apenas 600.000 con salvoconducto, y la conclusión es clara:
El bandido siempre va a estar armado y no podemos dejar al ciudadano de bien en manos de un delincuente que crea que una vida vale lo que cuesta un celular, o peor, un pasaje de Transmilenio.