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Mancuso: arma de Petro y Pacto Histórico contra Uribe

Resulta sospechoso el circo que han montado en torno a su llegada al país y la trama que hay detrás.

Salud Hernández-Mora
2 de marzo de 2024

No les importa la verdad. Les vale cinco. Solo necesitan a Salvatore Mancuso para tres fines. El primero y principal: señalar a Álvaro Uribe y todo lo que huela a uribismo de paramilitarismo. El segundo, pregonar que los empresarios, durante el Gobierno del expresidente paisa, fueron sus cómplices en las matanzas de campesinos junto a los generales. Por último, encubrir la infamia de incorporar al reincidente matón Iván Márquez a las negociaciones de la paz total, con bandas delincuenciales de todo pelaje, así como promover la ignominiosa ley de punto final.

Esos objetivos, como los mandamientos, se encierran en dos: señalar que la derecha es la culpable de todos los males colombianos; y es la responsable de que las guerrillas –abnegadas, pacifistas y legítimas revolucionarias– se vieran obligadas a traspasar los límites del DIH.

Porque si este Gobierno y su círculo más radical estuviesen interesados en la verdad de las AUC, habrían acudido hace años a las cárceles colombianas donde están Jorge 40 y Macaco, entre otros jefes, y leído las montañas de procesos que reposan en los archivos de Justicia y Paz.

Lo expresó con nitidez el congresista Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, en su cuenta de X, reflejo de lo que piensa su movimiento y el Gobierno: “Si Mancuso coopera, se caen Francisco Santos, Álvaro Uribe, el hermano de Uribe y hasta la candidatura de Vicky Dávila. ¿Comprenden por qué lo quieren lejos y mudo? El miedo que le tienen es evidente”.

Al margen de las sandeces que escribe ese tipo, ¿alguien que no sea un activista de extrema izquierda puede creer que 18 años después, y tras incontables audiencias en las que Mancuso aceptó masacres y todo tipo de atrocidades, vuelve a Colombia con la intención de contar algo nuevo que no haya declarado ya?

Los detalles que buscan las víctimas solo los conocen los mandos medios y la tropa, igual que ocurre con el secretariado de las Farc. Por esa razón, muchos excomandantes de rango menor de las AUC continúan asistiendo a audiencias de Justicia y Paz para aportar sus testimonios.

Mancuso, por tanto, sabe perfectamente que la única razón para que le permitan interpretar el papel de gestor de paz radica en su capacidad para cumplir a rajatabla las órdenes que mencioné al principio. Y no albergo asomo de duda de que honrará los deseos del emperador y su corte, enferma de odio y resentimiento, ni bobo que fuera. Si llegara a salirse del libreto, se va preso.

Como cubro el conflicto armado en el terreno desde enero de 1999, incluidos los procesos de paz del Caguán y Ralito, puedo asegurar que, pese a los silencios atronadores respecto a sus nexos con jueces y magistrados de altas cortes y su compadreo con la Gata (silencio que no romperá), Mancuso fue, de lejos, el integrante de la cúpula de las AUC que más crímenes confesó y quien estuvo más abierto a participar en audiencias públicas virtuales desde las cárceles de Estados Unidos.

Por eso resulta sospechoso el circo que han montado en torno a su llegada al país y la trama que hay detrás, en la que cabría incluir la participación de la JEP. Ese tribunal, creado para arropar a las Farc (van por su segunda legislatura en Senado y Congreso, desde donde pontifican a diario y nada que emiten la primera sentencia), no tuvo recato alguno ni respeto hacia los colombianos para inventar una rocambolesca figura, que jamás existió, como excusa para incluir a Mancuso en su jurisdicción: “Bisagra entre paramilitares y la fuerza pública”.

Otra prueba irrefutable de que poco les preocupa juzgar en derecho, sin sesgos ideológicos, ni descubrir nuevos datos sobre lo que realmente pasó en las últimas décadas de violencia en el país, cuando el interés superior estriba en responder a intereses políticos de vieja data.

De haber adivinado que terminarían contando con semejante vocero, Piedad Córdoba se habría ahorrado los viajes a USA que realizó con Iván Cepeda y que ella financió para que Mancuso y otros comandantes hundieran a Uribe. Lo mismo que intentó el entonces magistrado auxiliar Iván Velásquez. Los gringos no les impidieron interrogarlos.

Tampoco comprendo la rasgada de vestiduras y el revuelo por la decisión de dejar a Mancuso en libertad, si al menos estuvo 16 años preso y se desmovilizó en la cúspide de su poder. Entretanto, las Farc siguen en el Legislativo y acaban de nombrar a otros criminales –Walter Mendoza y el Zarco Aldinever– negociadores de la banda de Márquez. También recorrerán el país, protegidos por esquemas de seguridad que pagan sus víctimas y demás contribuyentes.

Suena descorazonador, pero a cada tanto aparecen nuevos argumentos para constatar que, en Colombia, matar paga. Y esa manera tan condescendiente de tratar a la criminalidad lanza un nefasto mensaje a los jóvenes sin recursos que luchan por salir adelante de manera honesta: para ustedes, nada; para los criminales, todo.